FACUA-Consumidores en Acción avisa de las consecuencias negativas que puede generar la liberalización del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que estudia el Ministerio de Industria en España.
La asociación pide que se mantenga un servicio público cuyo objetivo principal debe ser garantizar la seguridad vial. Advierte además de que la medida es contraria al ordenamiento jurídico europeo y no representará una bajada de precios.
El Ministerio de Industria diseña una reforma legal para abrir las inspecciones de vehículos a concesionarios de automóviles y a otras empresas del sector. La asociación recuerda que la Directiva Europea 2006/123/CE sobre los servicios en el mercado interior ya indicaba que no resulta de aplicación a la actividad de ITV por tratarse de una prestación de interés general en el ámbito del transporte. También la Directiva 2009/40/CE refrendó esa configuración actual.
FACUA tampoco comparte este proceso de liberalizar una asistencia que afecta a la seguridad de las personas y que debe tener reguladas las características, el precio y la calidad. La decisión del Ministerio de Industria, según consta en el proyecto de Real Decreto que ya somete a discusión, supone privatizar un servicio público.
La organización cuestiona el conflicto de intereses que generaría esta medida. FACUA se pregunta quién garantizaría el control de calidad si un taller o un concesionario se convierte al mismo tiempo en punto de reparación o venta de vehículos y también en estación de ITV.
Fijar tarifas homogéneas para la ITV
FACUA recuerda que una solución para garantizar un equilibrio en las tarifas que pagan los consumidores ante las revisiones de sus vehículos, es que siga siendo un servicio público y con importes similares en todo el país.
En España conviven distintos modelos de gestión, puesto que son las comunidades autónomas las que regulan los sistemas de ITV, esto hace que existan diferencias de hasta el 144% en los precios según el estudio comparativo de la asociación en 2013, donde en motores diesel un usuario pagaba a finales del año pasado en Extremadura casi 26 euros por la revisión, mientras que un consumidor en la Comunidad Valenciana abonaba algo más de 63 euros. Este último coste muestra que la liberalización del servicio no garantiza precios más bajos; el gobierno valenciano cedió la gestión de las ITV a manos privadas hace más de dos décadas.
