FACUA-Consumidores en Acción ha hecho pública una petición al Gobierno de España para que «deje de maquillar la cruda realidad y frene la creciente sangría de desahucios».
La asociación reclama al Ejecutivo que emprenda medidas que protejan los intereses de los ciudadanos en lugar de torpedearlas, como ha hecho con la normativa antidesahucios andaluza, y de seguir favoreciendo la especulación inmobiliaria y el resto de abusos financieros.
Facua sostiene que los datos que acaba de hacer públicos el Banco de España, un aumento del 11% en el número de desahucios en 2013, ponen de manifiesto la desgarradora situación que atraviesan decenas de miles de familias cada año y ante la que el Ejecutivo no demuestra la más mínima sensibilidad.
El año pasado, los bancos se quedaron con 49.694 viviendas por impago de la hipoteca. Un 78,4 % del total de los pisos en los que se produjeron los desahucios eran la residencia habitual de las personas afectadas.
Por otro lado, las entregas judiciales de viviendas aumentaron en 2013 en un 18% respecto de 2012, esto es, todas las que no fueron voluntarias y requirieron de la intervención de los juzgados. Del total de las viviendas desahuciadas en 2013, un 56,7 % fueron entregas judiciales, un total de 28.173.
Las daciones en pago (16.173 de las 21.521 de las viviendas entregadas de manera voluntaria) sólo crecieron en un 1,3 % en relación al año anterior.
Ausencia de sanciones a la banca
FACUA no sólo critica la pasividad del Gobierno, sino también la ausencia de medidas sancionadoras contra la banca por parte de las comunidades autónomas, que están eludiendo sus competencias frente a la inclusión de cláusulas abusivas que han llevado a muchas familias a vivir esta situación, tales como la cláusula suelo o la aplicación de intereses de demora desmesurados.
Por otro lado, FACUA lamenta la falta de normas que frenen los desahucios y la ausencia de cooperación con las comunidades autónomas que sí las han puesto en marcha, como en Andalucía. En esta comunidad la ley antidesahucios o de la Función Social de la Vivienda ha sido boicoteada por parte del Gobierno central con la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional que impide su aplicación completa en esta legislatura. En su recurso, el Ejecutivo argumentó que dicha ley «pone en verdadero peligro la reestructuración del sistema financiero y la consecución de la estabilidad de las entidades de crédito».
La organización critica asimismo que el llamado banco malo (la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) siga contribuyendo a la especulación y el mantenimiento de una burbuja de precios en la vivienda. La entidad no ha sacado al mercado las bolsas de viviendas de las entidades financieras intervenidas a precios justos, que faciliten el realojamiento de las personas en situación de desprotección.
La asociación también reclama una mayor protección de las familias en riesgo de desahucio o que hayan sido desahuciadas. Medidas como el Fondo social de Vivienda actual son claramente insuficientes, dado que en mayo solo se habían entregado 410 pisos de un total de 6000.
