Donald Trump ha condicionado su reconocimiento de las elecciones legislativas del 3 de noviembre a que las considere «honestas». La reserva no concede al presidente capacidad jurídica para validar o anular los resultados, pero introduce una duda política mientras su Administración disputa papeletas y procedimientos electorales en California, Washington y Alaska.
En Estados Unidos no existe una certificación nacional de las legislativas sometida a la aprobación de la Casa Blanca. Los estados administran la votación, cuentan las papeletas y certifican por separado cada elección a la Cámara de Representantes, el Senado y los cargos estatales.
La información original del Observatorio Trump publicada en Aquí Madrid documenta la declaración presidencial, los tres frentes abiertos y la encuesta nacional que mide hasta qué punto el voto al Congreso se ha convertido en un mensaje sobre Trump.
El presidente no certifica las elecciones al Congreso
Preguntado el martes si respetaría los resultados con independencia de qué partido controle el Congreso, el presidente respondió que lo hará si considera que las elecciones son honestas. No explicó qué condiciones deberían cumplir ni quién determinaría su limpieza.
Trump también reconoció que tendría que negociar con los demócratas si estos obtienen la mayoría y recordó que conservaría el poder de veto. Por tanto, no anunció de forma expresa que vaya a rechazar cualquier derrota republicana. Dejó, sin embargo, la aceptación política sometida a una valoración sin criterios definidos.
La cláusula electoral de la Constitución encarga a los estados la regulación del tiempo, el lugar y la forma de las elecciones al Congreso, aunque este puede modificar esas normas mediante una ley. El Ejecutivo puede investigar delitos federales y acudir a los tribunales, pero no sustituye por decisión propia a las autoridades estatales.
Tres actuaciones diferentes antes del 3 de noviembre
La Administración ha emprendido procedimientos distintos que comparten una característica: intentan modificar o condicionar el tratamiento de votos antes de que se conozcan los resultados completos.
En California, el Departamento de Justicia pretende separar las papeletas por correo asociadas a unos 20.000 registros que califica de «probablemente» no ciudadanos. El Noveno Circuito rechazó intervenir antes de que resolviera el juez federal David O. Carter.
Carter celebró una vista el martes y no dictó al concluir una orden que impidiera contar las papeletas. Según Associated Press, planteó designar a un experto independiente para examinar cómo se elaboró la lista. También preguntó por qué el Gobierno no procesa de manera individual los casos que considere delictivos.
La revisión inicial de doscientos nombres por el condado de Los Ángeles encontró inscripciones canceladas o inactivas, personas sin historial de voto y posibles ciudadanos nacidos en Estados Unidos. La muestra no determina la fiabilidad de todo el conjunto, pero tampoco permite presentar los 20.000 registros como votos ilegales probados.
Washington revisa otra lista y Alaska afronta una demanda preventiva
En Washington, las fiscalías federales han solicitado al secretario de Estado, Steve Hobbs, que aparte las papeletas de más de cuatrocientas personas a quienes identifican como no ciudadanas. El Departamento de Justicia sostiene que la lista acumula más de 1500 participaciones en elecciones anteriores.
Las cifras constituyen alegaciones del Gobierno pendientes de comprobación individual. Hobbs ha comunicado que revisa la solicitud y que solo responderá a actuaciones ajustadas al procedimiento legal. También ha señalado que uno de los registros citados se remonta a 1994.
El caso de Alaska no se apoya en una acusación de voto ilegal. El Gobierno quiere detener la certificación si el senador republicano Dan Sullivan pierde y si los votos recibidos por otro candidato llamado Daniel J. Sullivan Jr. pudieran haber alterado el desenlace. La papeleta diferencia a ambos aspirantes y el estado utiliza el voto por orden de preferencia.
La demanda intenta abrir una investigación sobre la intención de los electores después de votar. Su aplicación depende de un resultado que todavía no existe. Son diferencias esenciales: una lista de posibles personas no ciudadanas, una solicitud para comprobar papeletas y una hipótesis de confusión entre candidatos no constituyen la misma acusación.
Las impugnaciones exigen pruebas y procedimientos concretos
Las personas no ciudadanas no pueden votar en elecciones federales. Esa prohibición no convierte automáticamente cada coincidencia en una base de datos en prueba de inscripción irregular o voto ilegal. Estar inscrito, recibir una papeleta, devolverla y ser condenado por votar sin derecho son hechos diferentes.
Los tribunales pueden corregir irregularidades, ordenar recuentos o suspender actuaciones cuando se acrediten los requisitos legales. También pueden rechazar peticiones prematuras, sin fundamento suficiente o dirigidas contra una autoridad que conserva competencias constitucionales propias.
La disputa forma parte de una ofensiva federal más amplia sobre registros y datos electorales. En septiembre, Periodistas en Español examinó la resistencia de los estados a entregar información privada de sus electores. Desde entonces, el conflicto se ha desplazado desde el acceso a los censos hacia el tratamiento inmediato de papeletas.
El voto al Congreso se convierte en un mensaje sobre Trump
Una encuesta nacional de CNN elaborada por SSRS entre el 15 y el 18 de octubre concede a los demócratas el 49 por ciento y a los republicanos el 39 entre 1206 votantes registrados. Su margen de error es de 3,3 puntos.
Aproximadamente cuatro de cada diez participantes afirman que votarán al Congreso principalmente para expresar su oposición al presidente, frente a unos dos de cada diez que pretenden respaldarlo. El estudio mide intención y motivación declaradas; no proyecta escaños ni predice contiendas estatales.
La estrategia final republicana confía en que Trump movilice a sus seguidores. Al personalizar las legislativas, también facilita que los votantes descontentos conviertan cada papeleta en un referéndum sobre su Gobierno.
La confianza electoral no depende de la satisfacción presidencial con el resultado, sino de reglas previas, recuentos verificables, auditorías y decisiones judiciales sustentadas en pruebas. La reserva de Trump carece de efecto certificador, pero puede preparar políticamente a sus partidarios para considerar sospechosa una derrota antes de que se hayan contado los votos.
