La posible interrupción legal del embarazo generó una reprimenda de la Internacional Socialista por la actitud «retrógrada» de legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que votaron en contra de una iniciativa que convertiría al estado mexicano de Guerrero en la segunda entidad en liberar el aborto en el país, informa Gloria Analco (SEMlac).
La movilización de mujeres de partido y organizadas en grupos feministas fue la reacción que sucedió al dictamen del Congreso local, que desechó la propuesta del gobernador Ángel Aguirre Rivero para despenalizar el aborto en el sureño estado de Guerrero, el pasado 10 de junio, hecho que podría quedar sin efecto en los próximos días si el PRD nacional logra que sus legisladores en esa entidad reflexionen y cambien su voto.
Una movilización interna en esa fuerza política ha considerado que los parlamentarios que están contra la interrupción legal del embarazo se pusieron «a favor de dogmas y creencias religiosas», por lo que habría que considerar la suspensión de sus derechos políticos.
La iniciativa de la exdiputada independiente Enoé Uranga generó la queja ante la Internacional Socialista y la protesta nacional porque se violan, dijo a SEMlac, los principios básicos de la igualdad, los derechos sexuales y reproductivos de las mexicanas.
El PRD respaldó totalmente la iniciativa del gobernador perredista de Guerrero para reformar el Código Penal y establecer la interrupción legal del embarazo en esa entidad, al considerar que allí existe un problema de salud porque los embarazos se interrumpen en condiciones antihigiénicas, lo que afecta principalmente a las mujeres pobres e indígenas.
La dirigente femenil del PRD, Mónica Soto, afirmó que, a partir de la propuesta del gobernador, se activó la negativa de la jerarquía católica, grupos organizados de los sectores más conservadores y representantes de cuerpos colegiados que se opusieron a la aprobación del aborto en Guerrero, consiguiendo doblegar a algunos legisladores perredistas.
Considerando que el Congreso de Guerrero cierra su período de sesiones el próximo 30 de julio, el Consejo Nacional del PRD, en un pleno extraordinario, emitió un resolutivo con carácter obligatorio para que sus diputados y diputadas en esa entidad respalden, sin condiciones, la iniciativa de ley «Por una Maternidad Libre y Segura», sobre la base de que «son las mujeres las que deben tomar la decisión de continuar o interrumpir su embarazo» y conforme a los valores y principios que respalda ese partido político.
Falta que el pleno del Congreso decida si valida el trabajo hecho en comisiones o lo rechaza, lo que implicaría volver a trabajar sobre el tema. Si, por el contrario, avala el dictamen, sería la primera iniciativa de ley enviada por el gobernador Aguirre Rivero en ser rechazada.
El PRD es la primera fuerza del Congreso de Guerrero con 20 diputados de 46, seguida por el PRI con 13, por lo que se consideró que, sin dificultades, pasaría la iniciativa del gobernador.
Sin embargo, la iniciativa de ley no prosperó en comisiones cuando fue turnada a las de Salud, Justicia y Equidad de Género en el Congreso local, siguiendo el procedimiento, donde el PRI, el Partido Acción Nacional y la actuación de algunos legisladores del PRD sumaron suficientes votos para desechar la iniciativa encaminada a despenalizar el aborto.
Previamente, la iniciativa había provocado duros enfrentamientos entre grupos que la apoyaban y aquellos que afirmaban defender el derecho a la vida, pero se sintió la fuerza de los grupos conservadores organizados que, en las distintas discusiones antes de la votación, no se prestaron a un intercambio abierto de ideas, sino que emplearon la violencia verbal y hasta física para rechazar cualquier argumento a favor de la despenalización del aborto.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia, Olga Sánchez Cordero, informó a SEMlac que se reunió con los legisladores para presentarles argumentos jurídicos que avalarían la interrupción legal del embarazo, pero a cualquier palabra suya la respuesta fue interrumpirla y no dejarle hablar, además de empujones que no llegaron a más, gracias a la intervención de elementos de la seguridad del hotel donde tenía lugar la reunión.
En cambio, quienes se expresaban en contra de la despenalización del aborto tenían abierto el micrófono, como fue el caso de María de la Luz Reyes Ríos, presidenta del Colegio de Abogados del Estado de Guerrero A.C.
De la Luz dijo, respecto a la ministra Sánchez Cordero, que «su postura ha sido a favor de la despenalización del aborto, entonces que no nos venga con el cuento de que viene a dar argumentos jurídicos porque, en el caso del Distrito Federal, ella no presentó ningún argumento de fondo».
Por nueve votos a favor, cuatro en contra y una abstención, los legisladores de las Comisiones Unidas de Salud, Justicia y Equidad de Género del Congreso de Guerrero decidieron desechar la iniciativa del gobernador Aguirre Guerrero.
Ello fue posible gracias a que la propia presidenta de una de las comisiones, la de Equidad y Género, Ana Lilia Jiménez Rumbo, del PRD, votó a favor del dictamen que rechazaba la despenalización del aborto, y otro diputado perredista, Roger Arellano Sotelo, se abstuvo de votar dejando solos a sus compañeros.
Siete de los 15 diputados integrantes de las comisiones aprobaron el dictamen en contra de la propuesta de despenalizar el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación, pero fueron nueve los votos a favor de este porque las diputadas Verónica Muñoz, del PRI, y Karen Castrejón, del Partido Verde Ecologista de México, votaron en dos comisiones cada una.
El día crucial de la votación en comisiones, los diputados reunidos en la sala José Francisco Ruiz Massieu establecieron en el dictamen, con la ayuda de algunos perredistas, únicamente los argumentos en contra de la interrupción legal del embarazo.
Tal es el caso de afirmar que en la Constitución se establece como obligación, desde 2011, que todas las autoridades deben promover, proteger y garantizar los derechos humanos, de acuerdo con los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano, lo cual favorece y brinda mayor protección a las personas, pero al parecer lo interpretaron como la protección de la vida desde «la concepción».
El diputado perredista Nicanor Adame Serrano, en cambio, afirmó que el dictamen estaba lleno de inconsistencias jurídicas y científicas, al ejemplificar que en las consideraciones médicas no se incluía la definición de embarazo que tiene la Organización de la Salud.
Criticó que se utilice el término «concepción», por ser de corte religioso, al tiempo que recriminó que se incluyeran solo las posturas de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estaban en contra del aborto, y no la de quienes estuvieron a favor, que fueron la mayoría.
Además de la Resolución del Consejo Nacional del PRD, que en una carta abierta exige congruencia a sus legisladores en Guerrero, varias Comisiones de la Cámara de Diputados Nacional, por medio de su diputada federal Elena Tapia Fonllem, enviaron un texto para su publicación en diarios nacionales.
El documento lleva la firma de numerosos legisladores que exhortan al Congreso de Guerrero a votar a favor de la despenalización del aborto y reprueban la actitud y declaraciones de los altos jerarcas de la Iglesia católica de esa entidad.
A la vez, representantes de organizaciones feministas anticiparon que promoverán el voto de castigo en contra de la diputada local del PRD, Ana Lilia Jiménez Rumbo, y de todas las que promuevan el rechazo a la despenalización del aborto.
