Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) consideran que la auditoría pública de las cuentas de la Casa del Rey anunciada por Felipe VI es un gesto de transparencia y debe garantizar la independencia de los auditores, por lo que estarán atentos para conocer la letra pequeña del convenio que la institución monárquica firme con la Intervención General del Estado (IGAE), que será el organismo que lleve a cabo esa auditoría.
A la espera de conocer los términos concretos del acuerdo, que debería, entre otras cosas, regular qué tipo de auditoría será (de cuentas, de legalidad, eficacia y eficiencia, etc.), si el alcance del examen será completo o limitado, y la forma en que se designen los equipos auditores, Gestha señala también, que el informe anual de cuentas debería seguir el modelo de la Casa Real Británica, en el que se aportan detalles de todo tipo de gastos, y valoran que el resultado de la auditoria sea publicado conjuntamente con este informe anual.
Además, para que las medidas anunciadas supongan un paso firme hacia una mayor transparencia y no se conviertan en una medida más “de cara a la galería”, los Técnicos consideran que sería necesario modificar el artículo 65 de la Constitución española, de forma que el sueldo del monarca y demás miembros de la Casa Real los fije el Parlamento.
Desvío de auditorías a empresas privadas
Sin embargo, los Técnicos avisan que, como paso previo a la auditoría anunciada, es necesario resolver la situación actual de la IGAE. De este modo, Gestha critica la Orden publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por la que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, declara la “insuficiencia de medios” de la IGAE, lo que, según el Ejecutivo, exige subcontratar con firmas privadas la auditoría de algunas actuaciones de control sobre subvenciones y ayudas públicas y controles de los fondos comunitarios para los años 2014 y 2015.
Gestha considera esta externalización un “dispendio” de recursos públicos, ya que se desaprovecha la experiencia y capacidad de cerca de millar de técnicos de auditoría que trabajan en la Intervención del Estado y que actualmente están relegados en algunas funciones auditoras, como son la planificación y dirección de los equipos de auditoría y la firma de informes con las responsabilidades que conlleva.
Los Técnicos denuncian además que esta externalización de servicios no es algo nuevo, sino una práctica desde hace más de una década y que va a generar solo entre 2013 y 2017 unos gastos innecesarios para el erario público de 3,6 millones de euros. Según el portavoz de Gestha, Manuel Redal, “muchos técnicos auditores con experiencia y veteranía en el ejercicio de su profesión han visto como se les han reducido las funciones y competencias en favor de las grandes firmas de la auditoría privada”.
En su opinión, resulta contradictorio que, por un lado, la Ley de Auditoría de Cuentas 19/1988 reconozca a los Técnicos de Auditoría el trabajo y la formación necesaria para ser auditores privados –que les habilita a estar inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas- y, en cambio, se pongan cortapisas para el ejercicio de su profesión dentro de la propia Administración Pública, que es precisamente donde tienen mayor experiencia.
Para mejorar la transparencia de las Administraciones Públicas, los Técnicos del Ministerio de Hacienda reclaman, entre otras medidas, un aumento de la plantilla y de los medios de la IGAE que imprima un mayor control a la eficiencia del gasto y a la actividad de los gestores públicos.
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) forman el colectivo más representativo dentro del Ministerio y la Agencia Tributaria, al agrupar a 8000 profesionales. En la actualidad, hacen estudios macroeconómicos con el objetivo de conocer la realidad fiscal de España y conseguir una administración tributaria más eficiente y capaz de reducir el elevado volumen de economía sumergida, que alcanza el 24,6 % del PIB, informa Ion Comunicación.
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