Para Human Rights Watch (HRW), los esfuerzos de México para abordar la gran cantidad de casos de desaparición forzada y personas llevadas ilegalmente contra su voluntad, ocurridos en todo el país durante los últimos años, han estado plagados de demoras inexplicables y anuncios públicos contradictorios.
“Las desapariciones representan una crisis de derechos humanos de enormes proporciones para México”, indicó hace unos días José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de esta organizacion. “Sin embargo”, aseguró, “el gobierno de Peña Nieto está muy lejos de cumplir con su compromiso de esclarecer qué le sucedió a las miles de personas cuyo paradero se desconoce, y ahora incluso recorta el presupuesto de la unidad especial de la PGR que este mismo gobierno creó para ocuparse de estos casos”.
En febero del año pasado, HRW publicó el informe Los desaparecidos de México: el persistiente costo de la crisis ignorada, tras lo cual, el secretario de Gobernación, Osorio Chong, reconoció la existencia de una lista, confeccionada por el gobierno anterior, de más de 26.000 personas que habían sido denunciadas como desaparecidas o extraviadas, y prometió examinar estos casos y determinar con mayor precisión la magnitud del problema.
En mayo de este año, el mismo secretario señaló que la cantidad de personas desaparecidas o extraviadas había descendido a 8000. En junio, el entonces subprocurador de derechos humanos de la Procuraduría General de la República indicó que la cifra de 8000 incluía únicamente a personas extraviadas durante el gobierno de Peña Nieto. Más tarde, ese mismo mes, Osorio Chong anunció en una conferencia de prensa que todavía se desconocía el paradero de 16.000 personas. En agosto, el gobierno informó que la cantidad real de “personas no localizadas” era de más de 22.000, incluidas personas cuyo paradero desconocido había sido denunciado durante las presidencias de Calderón y de Peña Nieto.
El gobierno indica que la cantidad de personas que se reportaron como extraviadas durante la presidencia de Calderón y cuyo paradero aún se desconoce se ha reducido en 17.000 (de 29.000 a 12.000), mientras que el número de extraviados desde que Peña Nieto asumió la presidencia se redujo en 13.000 (de 23.000 a 10.000). Sin embargo, el gobierno no ha proporcionado una lista de personas cuyo paradero aún se desconozca ni de aquellas que han sido localizadas. En lugar de ello, simplemente ha generado una base de datos en línea que permite determinar la situación de personas específicas, pero que prácticamente no aporta información relevante sobre cada uno de los casos.
Iniciativas insuficientes
El gobierno, en particular la Procuraduría General de la República, ha impulsado diversas iniciativas, en principio prometedoras, para responder al problema de las desapariciones, que incluyeron la creación de una unidad especial de la PGR para investigar desapariciones y buscar a personas con paradero desconocido. También creó un sistema denominado “Alerta Amber” para buscar a mujeres, niños, niñas y adolescentes extraviados.
No obstante, estas iniciativas se han traducido en resultados limitados. Las autoridades han encontrado solamente a 214 mujeres, niños, niñas y adolescentes a través del sistema “Alerta Amber” desde 2011, y a 86 personas a través del trabajo de la unidad especial.
Ninguna persona ha sido condenada por desapariciones forzadas ocurridas después de 2006, según información oficial. Entre 2006 y 2013, las autoridades iniciaron 99 averiguaciones previas por presuntos delitos de desaparición forzada a nivel federal, y 192 en el ámbito de los estados. Durante ese período, solamente seis personas fueron condenadas por la desaparición forzada de siete víctimas, y todos estos casos habían ocurrido antes de 2006.
Funcionarios de la unidad especial dijeron a Human Rights Watch que, a pesar de que el procurador general de la República había asignado carácter prioritario a esta iniciativa, no contaban con recursos suficientes para gestionar el gran volumen de casos de la unidad. Sin embargo, según se informó en la prensa, en septiembre el gobierno anunció que recortaría en más del 60 por ciento el presupuesto de la unidad especial.
“Sin apoyo adecuado será imposible que los agentes del Ministerio Público, a quienes se les ha asignado esta enorme tarea, puedan encontrar a las personas cuyo paradero se desconoce y llevar a los responsables ante la justicia”, observó Vivanco.
En febrero de 2013, la Procuraduría General de la República firmó un acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para generar una base de datos exhaustiva con información estandarizada sobre restos no identificados y casos de personas cuyo paradero sea desconocido, que podría ser crucial para esclarecer el destino de muchas de las personas desaparecidas. No obstante, hasta agosto de 2014, solamente seis jurisdicciones habían firmado un acuerdo adicional para que la CICR les donara el software necesario, y el sistema no estaba funcionando en ninguna de ellas.
Lo que el Ejecutivo tiene pendiente
El gobierno tampoco ha incluido medidas para dar respuesta al problema de las desapariciones en el Programa Nacional para Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, adoptado en abril. Según HRW, el equipo de Peña Nieto debería difundir la lista de personas que, según afirma, fueron reportadas como extraviadas y han sido encontradas. También debería priorizar la investigación penal de presuntos casos de desaparición forzada y acelerar la implementación en todo el país de la base de datos donada por la CICR.
Human Rights Watch mencionó otras medidas que el gobierno debería adoptar, como asegurarse de que la definición de desaparición forzada sea consistente en las diferentes jurisdicciones y acorde con el derecho internacional, definir una estrategia clara de prevención del delito para que no ocurran desapariciones, y asegurar una colaboración genuina entre autoridades federales y de los estados, así como entre dependencias federales con un ámbito de actuación similar.
Los episodios ocurridos en Ayotzinapa, Guerrero, donde aún permanecen en paradero desconocido 43 estudiantes desde el 26 de septiembre, quizás propicien algún avance en el sistema. De momento se han encontrado seis fosas con personas aún sin identificar como consecuencia de las primeras detenciones, y otras cuatro este mismo jueves, en las que podría haber 15 jóvenes más.
Los responsables de las ejecuciones, que no los que las llevaron a cabo, siguen en paradero desconocido: el alcalde de Iguala, José Luis Abarca; su esposa, María de los Ángeles Pineda, y el secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores.
Según informa el periódico Milenio en su edición digital del jueves por la noche, Abarca solicitó medidas de protección contra cualquier orden de localización, búsqueda, presentación, e incluso detención y su ejecución, por parte de la Procuraduría General de la República. La demanda la presentó al día siguiente de ocurrir los hechos (o, más bien de dar la orden de que se “ocuparan” de los estudiantes), en un juzgado del Distrito Federal, donde se le concedió la medida cautelar y se le impuso una caución de 35.000 pesos (2.050 euros).
Parece bastante evidente que se trasladó a la capital con la clara intención de evitar ser detenido antes de encontrarse a miles de kilómetros de Iguala y, seguramente, de México. Sabía que se iba a girar una orden de búsqueda y captura que habría impedido su salida del país.
Aunque la protección que solicitó queda sin efecto en caso de delitos que sean considerados graves, como es el presente, es posible que sea bastante difícil localizarle, aún con ayuda internacional. El procurador Jesús Murillo Karam ha confirmado que ya se ha cursado la orden oficial. Después de tantos días, ha tenido tiempo más que suficiente de poner tierra de por medio y borrar sus huellas. El aeropuerto lo tenía a mano.
