La CIDH insta a adoptar medidas eficaces de prevención, protección e investigación frente a la violencia contra periodistas
En el vigésimo aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reconoce el valioso trabajo de las mujeres y los hombres que ejercen el periodismo en nuestra región, y llama a los Estados a adoptar mecanismos eficaces de prevención y protección frente a circunstancias que puedan amenazar la vida, seguridad o integridad personal de las y los comunicadores.
La Relatoría Especial insta en una comunicación institucional a las autoridades a erradicar las causas que fomentan y perpetúan la violencia contra las y los periodistas y trabajadores de los medios y a tomar todas las medidas necesarias para acabar con la impunidad de estos crímenes.
El sistema interamericano de derechos humanos ha reconocido que la libertad de expresión es un instrumento esencial para el funcionamiento de los sistemas democráticos, la denuncia contra la arbitrariedad y la lucha por los derechos de las personas. En particular, el sistema interamericano ha explicado que la prensa es una herramienta clave para la formación de una opinión pública informada y consciente de sus derechos, el control ciudadano sobre la gestión pública y la exigencia de responsabilidad de los funcionarios estatales. Sin una prensa plural, vigorosa, libre e independiente los abusos de poder quedan silenciados y se fomenta el arraigo de sistemas autoritarios. No en vano la primera medida adoptada por los regímenes autoritarios en todas las latitudes ha sido históricamente la de impedir el ejercicio de una prensa crítica e independiente y prohibir todo acto de disidencia.
Las Américas han tenido un avance significativo en el goce efectivo del derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, esta Relatoría Especial ha llamado la atención sobre el sensible aumento, en los últimos años, de la violencia contra las y los periodistas, asociada al ejercicio de su profesión y el preocupante estado de impunidad de dichos crímenes. Las condiciones anteriores hacen que en la actualidad, algunas zonas de nuestra región sean catalogadas como de extremo riesgo para el ejercicio del periodismo.
En términos del Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
Tal y como lo establece el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad, con el cual la Relatoría Especial se encuentra plenamente comprometida: “los esfuerzos encaminados a poner fin a la impunidad en la esfera de los crímenes de los que son víctimas los periodistas deben correr parejos a la defensa y la protección de los defensores de los derechos humanos en general. La promoción de la seguridad de los periodistas y la lucha contra la impunidad no deben limitarse a adoptar medidas después de que hayan ocurrido los hechos. Por el contrario, se necesitan mecanismos de prevención y medidas para resolver algunas de las causas profundas de la violencia contra los periodistas y de la impunidad”.
Por esta razón, con motivo del vigésimo aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa, esta Relatoría Especial para la Libertad de Expresión recomienda a los Estados:
- Adoptar mecanismos de prevención adecuados para evitar la violencia contra las y los comunicadores, incluyendo la condena pública de todo acto de agresión en su contra;
- Adoptar medidas eficaces de protección para garantizar la seguridad de quienes se encuentran sometidos a un riesgo especial por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión;
- Realizar investigaciones serias, imparciales y efectivas sobre los hechos de violencia cometidos contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación social, juzgar y condenar a todos los responsables de estos hechos, y reparar adecuadamente a las víctimas y sus familiares;
- Derogar el delito de desacato y promover la modificación de las leyes sobre difamación criminal, a fin de eliminar la utilización de procesos penales para proteger el honor y la reputación cuando se difunde información sobre asuntos de interés público, sobre funcionarios públicos o sobre candidatos a ejercer cargos públicos; y
- Abstenerse de hacer declaraciones públicas o de utilizar los medios estatales para hacer campañas públicas que puedan incentivar la violencia contra las personas por razón de sus opiniones. En particular, evitar las declaraciones que puedan estigmatizar a periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
