Amnistía Internacional ha hecho público un informe con motivo de la sesión del Examen Periódico Universal (EPU) que afrontará España este 21 de enero en Ginebra acerca de las principales vulneraciones de derechos humanos a las que debe poner fin el Estado español.
“España debe cambiar el rumbo de muchas de sus políticas si quiere aprobar este tipo de evaluaciones sobre la situación de los derechos humanos”, ha afirmado Ignacio Jovtis, portavoz de Amnistía Internacional, quien estará presente en la sesión.
En su informe, Amnistía Internacional señala cinco recomendaciones principales sobre aquellos aspectos que considera prioritarios, con el fin de que los Estados participantes del EPU se hagan eco e insten a España a cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
- En primer lugar, Amnistía Internacional exige que en las fronteras de Ceuta y Melilla se respete el principio de no devolución y se garantice el derecho de asilo para aquellas personas que huyen de violaciones de derechos humanos.
- Respecto a las personas en situación administrativa irregular, la organización también solicita que se garantice el derecho a la salud sin ningún tipo de discriminación, algo que no se cumple desde la entrada en vigor de la reforma sanitaria en 2012.
- Asimismo, la organización pide que, en un contexto de crisis económica, las autoridades se abstengan de aprobar reformas legislativas que limiten de forma desproporcionada el ejercicio de la libertad de reunión pacífica y de expresión, tal y como ha sucedido tras las últimas normativas del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana. Además, Amnistía Internacional lamenta que la legislación española sigue sin eliminar el régimen de incomunicación que impide a las personas acusadas de ciertos delitos mantener contacto sus familiares abogados, médicos de su elección durante un plazo máximo de 13 días.
- El informe de Amnistía Internacional también reclama dentro de sus principales recomendaciones que la reforma del Código Penal recoja la tipificación de los delitos de tortura y desaparición forzada conforme al derecho internacional. En este sentido, también solicita al Estado español que luche contra la impunidad y asegure la reparación a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos, como las que sufrieron abusos durante la guerra civil y el franquismo.
- Por último, Amnistía Internacional reclama que España derogue las disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial quelimitan la posibilidad de que se pueda investigar y llevar a juicio a presuntos autores de crímenes de derecho internacional en aplicación del principio de jurisdicción universal.
Examen a los derechos
El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos mediante el cual se vigila el cumplimiento de los 192 Estados miembros de la ONU de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos.
De este modo, la delegación española afrontará mañana un diálogo de tres horas con otros países miembros de la ONU sobre los principales aspectos en derechos humanos en España. Tras la consulta, se elabora un informe en el que se incluyen las recomendaciones formuladas por los diferentes países en el EPU.
España se enfrentó en 2010 a este examen. Amnistía Internacional ya expresó su preocupación de que España no aceptara algunas de las recomendaciones que se le hicieron, y otras que sí asumió luego no han sido cumplidas realmente.
Amnistía Internacional confía en que los Estados que forman parte del EPU incluyan las recomendaciones que propone la organización, y que España no sólo las acepte sino que también las ponga en práctica lo antes posible.
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