Delegaciones de los estados miembros de las Naciones Unidas bajo el auspicio del Consejo de Derechos Humanos someterán a escrutinio el comportamiento de España en materia de derechos humanos en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), informa Amnistía Internacional.
El gobierno español responderá en Ginebra, este miércoles 21 de enero, por su actuación con respecto a una amplia gama de derechos humanos, civiles, políticos, económicos y sociales, incluido el deterioro de derechos que está causando el crecimiento de la pobreza y de la desigualdad generado por la imposición de las políticas de austeridad en el país.
Esta es la segunda comparecencia de España en el contexto del EPU. La primera fue en el año 2010. Se produce después de varios años de crisis económica y de implementación de medidas de austeridad que han impactado en los derechos sociales de las personas, en particular de aquellas más marginadas y en situación de exclusión social, señala AI.
La austeridad española ha sido particularmente negativa para el derecho humano a la salud. España exhibe una de las caídas más severas en el gasto en sanidad, que ya era bajo para el promedio de países europeos. La implementación del Real Decreto Ley 16/2012 (RDL 16), que buscaba una recuperación financiera de ese sector en el corto plazo por encima de las consideraciones de derechos humanos, ha quebrado el sistema público de cobertura universal en salud existente en España.
En diversos informes publicados las organizaciones signatarias han puesto en evidencia que después de dos años desde la aprobación de la reforma sanitaria, ésta ha puesto vidas humanas en riesgo. El RDL 16 le ha arrebatado aproximadamente a 873.000 personas migrantes en situación administrativa irregular la posibilidad de acceder a los servicios públicos de salud, a excepción de la atención de urgencia, embarazo, parto y posparto y a los menores, solicitantes de asilo y víctimas de trata (durante el periodo de reflexión). El acceso a los medicamentos para las personas excluidas del Sistema Nacional de Salud que sufren enfermedades graves o crónicas implica que éstas deben pagar el cien por cien del costo de los medicamentos. Adicionalmente, el incremento del copago farmacéutico, según recoge un documento de análisis elaborado por el Center for Economic and Social Rights (CESR), ha conducido aproximadamente al 15% de la población española – en particular las personas mayores- a abstenerse de obtener las medicinas que necesitan debido a su costo. De este modo, la reforma sanitaria española ha puesto en riesgo la vida de los sectores más vulnerables.
Asimismo, organizaciones como Médicos del Mundo siguen denunciando irregularidades en la aplicación del RDL, que consisten, entre otras cuestiones, en la facturación de la atención médica de urgencias, hecho que podría estar contribuyendo al efecto disuasorio en el acceso a los centros médicos.
Médicos del Mundo, Red ACOGE y CESR ponen en relieve que la salud de las mujeres también está en riesgo debido a los drásticos recortes en los presupuestos públicos dedicados a la igualdad y a la erradicación de la violencia de género (33% de reducción desde 2009). Según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea 1 de cada 5 mujeres de más de 15 años en España sufre abuso físico o sexual, mientras que los centros de acogida para mujeres víctimas de violencia de género siguen cerrándose en distintas comunidades autónomas. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Discriminación contra las Mujeres en la Ley y en la Práctica mostró su preocupación por el impacto que podría tener la reforma sanitaria en las mujeres migrantes en situación administrativa irregular debido a que la atención médica constituye una vía fundamental para la detección de las mujeres víctimas de violencia de género.
Nueva oportunidad para rendir cuentas. En el 2012, España fue severamente criticada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC) respecto a las medidas de austeridad que había empezado a aplicar y recomendó su revisión. En materia de salud, recomendó a España que, las reformas no limitasen el acceso a los servicios de salud de las personas, sin importar su situación administrativa. El carácter discriminatorio e injusto de ciertas políticas y medidas de austeridad ha sido claramente enfrentado por varias Relatorías y Expertos Independientes de Naciones Unidas, y por organismos europeos de derechos humanos como el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, y el Comité Europeo de Derechos Sociales. Sin embargo el gobierno de España ha ignorado estas recomendaciones y no ha cumplido con tomar medidas para remediar esta situación. En estos dos años de vigencia del RDL 16, el Gobierno no ha publicado ningún análisis del efecto disuasorio que esta reforma sanitaria haya podido tener en el colectivo de las personas migrantes en situación administrativa irregular ni de las consecuencias para la salud de esta población; tampoco ha analizado el posible efecto en la identificación de las mujeres víctimas de violencia de género y de trata.
En el examen de derechos humanos que se realizará en Ginebra mañana miércoles, España debe explicar qué está haciendo para cumplir con las recomendaciones y las directivas de los organismos de derechos humanos internacionales y europeos y reorientar sus políticas sociales y económicas a la luz de sus obligaciones de derechos humanos.
El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo internacional de evaluación único, en el que estados miembros de Naciones Unidas evalúan a sus pares en materia de derechos humanos cada cuatro años. Desde el inicio de la crisis económica en el país las organizaciones signatarias: Amnistía Internacional, el Center for Economic and Social Rights, Médicos del Mundo y Red Acoge han estado trabajando conjuntamente en el seguimiento de la situación de deterioro de los derechos económicos y sociales de la población y la rendición de cuentas del Estado Español ante las instancias de derechos humanos.
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