Durante el anuncio efectuado este martes en torno al plan nacional anticorrupción, en el que pomposamente el presidente de México Enrique Peña Nieto nombró al nuevo secretario de la Función Pública, algo quedó muy en claro: quien dirige nuestro país no tiene ni remota idea de qué es un conflicto de interés y, como dice el periódico inglés The Economist, “el presidente no entiende que no entiende” o, por otro lado, el grado de cinismo del mandatario es inconmensurable.
En su anuncio expresó: “reafirmando mi absoluto compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, he solicitado a la Secretaría de la Función Pública que investigue y resuelva si hubo o no conflicto de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias Federales a las empresas que celebraron compra-ventas de inmuebles con mi esposa, con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con un servidor”.
Lo que el presidente Peña Nieto pretende con tal instrucción es que quien desde el momento mismo en que fue nombrado secretario de Estado por él, y por lo tanto ya tiene un conflicto de interés, lo exculpe de sus conflictos de interés. ¡Vaya la lógica presidencial! Y vaya lío en que se metió el exconsejero del Instituto Federal Electoral Virgilio Andrade Martínez, a quien su imagen dentro del órgano electoral poco le servirá para hacer creíble lo increíble.
Pero hay más. Como el propio Enrique Peña Nieto dice, “el presidente no otorga contratos, no adjudica compras, ni obras, tampoco participa en ningún comité de adquisiciones, arrendamientos o servicios”. Eso es muy cierto. Por eso mismo nadie va a encontrar un documento firmado por él en los contratos de obra. La misma Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos está redactada de tal forma que quien no haya firmado, quede sin responsabilidad. Esta manera de darle vuelta a las cosas ha permitido la impunidad de cientos de gobernantes que se enriquecieron en sus cargos públicos.
Sin embargo, el presidente sí tiene el poder político que le da el cargo, para ordenar desde la presidencia de la República, como también lo hizo mientras fue Gobernador del Estado de México. Si hubiera alguien que se negara a cumplir sus órdenes, también estaría dispuesto a dejar el cargo. Esta forma de corrupción es anécdota cotidiana, sobre todo en los gobiernos de los estados, donde el control o vigilancia ciudadanos son prácticamente nulos y los medios de comunicación, que en ocasiones ejercen dicho rol, están sujetos a publicar lo que el mandatario desea porque, de lo contrario, quedan fuera de las pautas de publicidad gubernamental.
Y es precisamente de su paso por el Gobierno del Estado de México de donde proviene el conflicto de interés del presidente Enrique Peña Nieto, de su esposa Angélica Rivera y de su secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, quienes utilizan o “compraron” propiedades del grupo Higa, del empresario y amigo del actual mandatario mexicano, Armando Hinojosa Cantú.
Ahora, durante la gestión de Peña Nieto como presidente en poco más de dos años, la Constructora Higa y sus filiales han obtenidos contratos, muchos de ellos de forma directa, por más de 47.670 millones de pesos (2.812 millones de euros) por obras como el Acueducto Monterrey, las remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la construcción de un museo en la ciudad de Puebla y contratos menores para diferentes dependencias, como Pemex y sus subsidiarias, las secretarías de Comunicaciones y Transportes y Economía; las financieras Bancomext, Nafinsa y Banobras y otras.
Además, Higa habría ganado la primera licitación para la construcción del tren bala México-Querétaro junto con las chinas China Railway Construction Corporation y China South Locomotive & Rolling Stock Corporation, además de otro consorcio mexicano, con un costo para el erario de unos 500 millones de pesos (29,5 millones de euros).
La obra, que se canceló temporalmente por el escándalo de la Casa Blanca de Las Lomas de Chapultepec, parece haber quedado muerta ante la crisis financiera motivada por la caída de los precios del petróleo y la devaluación del peso.
Parece que el presidente sigue sin entender que, en las democracias, el intercambio de favores entre políticos con poder de decisión y grupos o personas, es inaceptable. Y todavía quería que los reporteros le aplaudieran tras finalizar el anuncio.
