FACUA-Consumidores en Acción ha publicado un comunicado de «absoluto rechazo» a la reforma del Código Penal para los delitos de terrorismo en España aprobada en el Congreso de los Diputados, por suponer un atentado contra la libertad de expresión con la excusa de legislar contra el terrorismo.
La asociación considera del todo inaceptable la ambigüedad de la nueva definición de terrorismo recogida en la sección 2ª del capítulo VII que, entre otras cosas, considera como tal cualquier acción para «obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo», que puede llegar a incluir las acciones de resistencia ante los intentos de desahucios, entre otras cuestiones. De igual manera, resulta del todo inaceptable que esté especialmente castigada la difusión de estas acciones a través de redes sociales o Internet.
Tampoco está justificada, considera FACUA, la aprobación por la vía de urgencia de esta reforma, que supone en la práctica un atropello para los derechos de los ciudadanos, sin que se produzca debate ni consulta a los grupos de interés o representantes de los ciudadanos afectados por esta reforma.
FACUA denuncia la constante criminalización que el Gobierno de España actual lleva a cabo de las protestas ciudadanas y el intento de limitar los derechos legítimos de los ciudadanos de protesta y libertad de expresión, tal y como recoge la Constitución.
La asociación considera aberrante que se castiguen con penas de terrorismo la difusión de mensajes por Internet que puedan ser considerados «enaltecimiento o justificación pública» de los nuevos delitos o «la difusión de consignas» que puedan incitar a cometerlos, tal y como se recoge en los nuevos artículos 578 y 579.
La asociación rechaza que incluya la posibilidad de considerar terrorismo a los delitos informáticos tal y como se describen en el artículo 197 bis, esto es a cualquier persona que «por cualquier medio o procedimiento y vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, acceda sin autorización a datos o programas informáticos contenidos en un sistema informático».
Esta nueva definición también alcanza a quien investiga y escribe sobre dichos datos, lo que supone un atropello a la libertad de información. Con esta nueva tipificación, se pueden penar con cárcel filtraciones como la lista Falciani, que ha revelado un gran número de evasores fiscales que ocultan su dinero en Suiza, o los correos de Blesa, que han destapado el saqueo de los directivos de Caja Madrid.
FACUA exige la retirada de esta reforma y pide al Gobierno que no se esconda tras una legislación necesaria como es la relativa al terrorismo para seguir reduciendo los derechos y las libertades de los ciudadanos.
