La familia de Juan Santos Sierra, quien murió mientras participaba en un ensayo clínico de la sustancia «sifalimumab», para el lupus, desarrollado por el laboratorio AstraZeneca, se ha querellado por estafa y homicidio imprudente, informa Miguel Jara, director de Comunicación del bufete Almodóvar & Jara que lleva el caso.
Juan Santos Sierra con su familiaLas acciones por la vía penal incluyen a la compañía farmacéutica, la casa madre de Suecia como a la filial de España y su aseguradora, con sede en Gibraltar, más la Consejería de Salud y Política Sanitaria de Extremadura y al Hospital de Mérida en el que se hacían los experimentos y donde Santos Sierra murió.
La familia considera que Juan sufrió una estafa, ya que a la hora de reclutarle para el ensayo clínico, firmó un consentimiento informado, que daba la apariencia de que Juan y su familia iban a estar protegidos en caso de daños y/o fallecimiento, como así ocurrió finalmente.
Durante los cuatro días anteriores al fallecimiento del extremeño en el hospital en el que fue ingresado, no conocían en qué grupo de experimentación se encontraba, si en dicho ensayo había sido tratado con placebo o con el medicamento en investigación, las características de dicho fármaco, ni su dosis y sin seguir los protocolos de seguridad obligados en acontecimientos adversos durante el ensayo, a pesar de que algunos de los querellados tenían constancia del ingreso hospitalario.
Pese a ello el médico investigador que le atendió confirma dos días después de la muerte:
«NO PODEMOS ASEGURAR QUE NO TENGA RELACION CON EL ESTUDIO POR LO QUE SEÑALAMOS SU RELACION”
La dificultad de información desde entonces ha sido una constante en este caso hasta el punto que la firma farmacéutica abrió el ensayo más de un mes después del fallecimiento, hasta entonces “doble ciego”, sin que se activaran las alertas establecidas en el protocolo y normas éticas y legales que regulan los ensayos clínicos.
Por todo esto, en palabras del abogado de la familia, Francisco Almodóvar: Nos querellamos porque consideramos que se ha producido un engaño a Juan y a su familia, en términos coloquiales un fraude científico o en términos jurídicos, una estafa. De esta manera los datos de seguridad del ensayo mejoraban a la hora de comunicarlos a la comunidad científica. No hubo autopsia para comprobar si había habido algún error en las dosis o no, entre otras cosas”.
En cuanto a la acusación de homicidio imprudente, el laboratorio ha comunicado en la literatura científica al menos un caso de fallecimiento causado por la sustancia en investigación. Así pues, ante la falta de autopsia, que deberían instar los querellados, es muy probable que altas dosis de «sifalimumab» fueran la causa de la muerte de Juan.
Ninguno de los querellados se molestó en comunicar el deceso en días posteriores a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, algo obligatorio e inmediato.
La familia considera que estos hechos son indicios suficientes de delito y por este motivo han decidido ir por la vía penal, seguramente por vez primera en España por estos motivos.
En definitiva, si Juan Santos hubiera sido informado adecuadamente sobre los procedimientos de seguridad reales del ensayo y las barreras informativas que los agentes que intervienen en la prueba están poniendo a su familia y supiera que con él no se activó ningún protocolo preparado para casos de emergencia como el suyo, seguramente, no hubiera participado en el experimento.
Por lo tanto, hubo engaño, que obligó a practicar una actuación a Juan que fue en detrimento de su salud y vida y en perjuicio de su familia a la hora de investigar las verdaderas causas de su muerte.
