Economistas Frente a la Crisis (EFC) ha hecho público un decálogo de medidas económicas que pueden ser comunes en los programas de los partidos de izquierda en España.
EFC informa de que estas propuestas han sido debatidas entre su equipo directivo y la dirección de Podemos (Pablo Iglesias); IU (Cayo Lara); PSOE (Pedro Sánchez) y con EQUO (Juan López de Uralde) en un proceso de contactos para construir los fundamentos de una política económica común de la izquierda capaz de dar respuestas a los problemas reales de los ciudadanos, afectados por las políticas neoliberales que han presidido la gestión de la crisis en estos últimos años.
Algunos elementos considerados senciales para una política común de la izquierda son:
1. La reindustrialización y el cambio de Modelo Productivo es un objetivo inaplazable y central.
Debe integrar políticas de sectores tradicionales y de la llamada “nueva industria”, sobre todo las llamadas industrias de red y los servicios destinados a empresas. Todos, también la construcción o la agricultura, permiten una mirada conectada a la eficiencia energética, la domótica o la biotecnología. Internacionalizar y escalar en la cadena de valor son objetivos que obligan a replantear toda una estrategia de I+D+i y de impulso a nuevas palancas financieras volcada a las PYMES y sectores estratégicos, que incluya mantener el control de instituciones financieras intervenidas, singularmente Bankia y el desarrollo de fondos de inversión soberanos.
2. Presencia del sector público en los sectores estratégicos, en particular en el bancario. Redimensionamiento del ICO, mantenimiento del control público de Bankia y BMN.
Existen segmentos de la actividad productiva en los que no basta con la regulación de los mercados, sino que es precisa una cierta presencia pública en la producción de determinados bienes y servicios. En el caso del sistema bancario la salida de la crisis ha conducido a una mayor concentración bancaria. Resulta preciso crear un Banco Público de Inversiones a partir del ICO y de otros instrumentos de financiación pública existentes para impulsar la inversión productiva. Puede ser conveniente mantener a Bankia o a BMN, ambos controlados por el FROB, dentro del sector público.
El banco malo, Sareb, puede tener un coste elevado para el contribuyente, por haberse financiado la compra de los activos “tóxicos” con deuda avalada por el Estado. Se impone una mayor transparencia y control del Sareb.
Es preciso acabar con los desahucios masivos de viviendas. El RDL1/2015 no es una “ley de segunda oportunidad”. Hay que acabar con la dureza del sistema español en materia de sobreendeudamiento, en línea con las sugerencias de numerosos organismos internacionales.
Las condiciones de los nuevos empleos forzarán a acudir al alquiler a numerosos hogares, por lo que la política de vivienda deberá atender a la creación de un parque público de viviendas sociales de alquiler. Establecer un sistema tasado de subsidio de los inquilinos.
3. Derogación de la reforma laboral para acabar con la precarización laboral sin merma de los derechos laborales de los contratos fijos
La clave de la dualidad del mercado de trabajo está en la utilización ilegal de la contratación temporal para tareas permanentes de las empresas. Fortalecer la inspección de trabajo para sancionar los malos usos empresariales. El contrato único, haría temporales e inestables todos los empleos. Limitar drásticamente los despidos injustificados incorporando la debida protección judicial. Dotar a los SPE con medios humanos, técnicos y recursos presupuestarios. Coordinar los SPE autonómicos para llevar a efecto un Plan de Apoyo al Empleo con objetivos concretos. Recuperar y fortalecer la negociación colectiva (NC) para equilibrar las relaciones laborales, potenciando los mayores niveles de centralización en la negociación -convenios sectoriales estatales-
4. Financiación pública de la negociación colectiva.
El artículo 37 de la Constitución Española garantiza a todos los ciudadanos el derecho a la negociación colectiva y la fuerza vinculante de los convenios: todos los trabajadores (más del 80% de los asalariados) están amparados por los convenios colectivos sean o no afiliados a los sindicatos que los firman. Como resultado, la afiliación sindical resulta desestimulada y penalizada. Los sindicatos dan cumplimiento a un derecho constitucional, pero con cargo a los recursos aportados por una minoría de trabajadores afiliados: el 15% de trabajadores soportan los medios para dar cobertura al 80% de los trabajadores. Para resolver esta situación el Estado debe garantizar el sostenimiento de la negociación colectiva mediante una financiación pública, transparente y sometida a estrictos controles del sector público.
5. Retrocesión de la reforma eléctrica desde la LSE de 1997 para dar paso a una regulación avanzada del Sector Eléctrico que, a través de instrumentos mercantiles apropiados, revele el coste real del mix de generación.
Cierre de las centrales nucleares al final de su licencia. Rescate de los aprovechamientos hidroeléctricos. Concreción de un programa de transición energética que descarbonice el sector eléctrico, que aporte energía renovable al transporte y que contribuya a un cambio del modelo productivo en relación con: reindustrialización, tejido empresarial, empleo de calidad, innovación y desarrollo tecnológico.
6. Retrocesión de los procesos de privatización de la sanidad. Restablecimiento de la sanidad universal.
7. Fin de los privilegios económicos de la Iglesia: impuestos; control de los centros de educación concertados; subvenciones. Denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede.
8. Incremento del tipo efectivo del Impuesto de Sociedades de las grandes empresas; incremento de imposición sobre las rentas del capital y sobre el patrimonio; supresión de beneficios fiscales: el apoyo a determinadas actividades o sectores de la economía debe realizarse por vía de gasto y no de reducción de ingresos; establecimiento de una verdadera fiscalidad verde.
9. Protección de las familias que carecen de rentas para procurarles una vida digna mientras acceden al empleo o a una situación de jubilación.
Un sistema nacional que garantice rentas mínimas para los más necesitados es perfectamente abordable en términos presupuestarios. Protección del desempleo: establecer un sistema que combine una protección durante el desempleo y unas políticas activas robustas, eficaces y eficientes. Desarrollar un sistema de formación dual con recursos suficientes y con la implicación de empresas y trabajadores. Contratos con compromiso de empleo. Pensiones contributivas y protección para los desempleados mayores de 53 años hasta la edad de jubilación. Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y del sistema público (de reparto) de pensiones. Rechazo al sistema de cuentas nocionales.
10. Garantizar la independencia de los órganos reguladores y recuperar su especialización. La actual CNMC es una fusión ineficiente de órganos reguladores especializados.
11. Articular un nuevo modelo de gobierno empresarial que se interrelacione con los agentes económicos y sociales desde una perspectiva de mutua colaboración, facilitando la transparencia en la gestión, el uso de buenas prácticas, y los necesarios mecanismos de rendición de cuentas y de vigilancia frente a conductas sociales, ambientales o éticas inaceptables.
El incremento de la desigualdad económica y social es también una muestra del desequilibrio en nuestra estructura económica y social, en la que subsiste una concentración de poder económico que dificulta la apropiación, por parte de la sociedad, de un proyecto económico y social plenamente compartido. Es preciso un nuevo modelo de gobierno empresarial que permita redistribuir el poder y establecer los adecuados mecanismos de desempeño de la responsabilidad corporativa y de control de posibles actuaciones discrecionales de los directivos, en ocasiones contrarias al interés general de la empresa y encaminadas más hacia el beneficio propio.
12. Ley contra la corrupción. Es cierto que al respecto sobran normas y faltan actitudes. La corrección de los excesos y de las carencias debe corregirse con la refundición de las normas existentes, expurgando las confusas y reiterativas, en una Ley (nítida) contra la corrupción. Las actitudes mejoraran con la transparencia y el control que por sí sola suministra la transparencia. Se trata de un paso normativo que contribuirá a restablecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
13. Papel activo en las instituciones de la UE contra las políticas de austeridad. Nuevo planteamiento de la consolidación fiscal: reducciones del déficit condicionadas al crecimiento económico. Puesta en cuestión de la Unión Fiscal y del pacto de estabilidad. Cambio del estatuto del BCE. Armonización tributaria y fin taxativo de los paraísos fiscales dentro de la UE. Coordinación y alianzas en Europa con los partidos políticos progresistas para impulsar reformas de las instituciones europeas. Banco Central Europeo. Mutualización del Riesgo: Unión Bancaria. Supervisor Único. Frente a shocks asimétricos en una zona monetaria común con economías no homogéneas: seguro de desempleo europeo.
14. Macro Plan de inversiones; reequilibrio comercial en la zona euro, impulsando la demanda interna de los países superavitarios.
Es necesario desarrollar un ambicioso Plan de Inversiones como el impulsado por la CES “Un nuevo rumbo para Europa”. El Plan Juncker de inversiones es claramente insuficiente en su dotación presupuestaria pública, e irreal en las previsiones de incorporar financiación privada a los proyectos planteados. Asimismo, es necesario desarrollar una política salarial coordinada a escala europea que se centre en el crecimiento de los salarios, teniendo en cuenta los incrementos de productividad generados. No solo en los países que han sufrido una fuerte devaluación salarial, sino también en los países que han llevado a cabo en el pasado políticas de tipo mercantilista, como Alemania. Esto facilitaría la recuperación de la demanda interna del conjunto de la zona euro y la absorción de los actuales niveles de deuda.
15. Derogación o neutralización del artículo 135 de la Constitución Española.
