El gobierno de España prevé destinar un total de 4.1 millones de euros para organizaciones estatales dedicadas a la discapacidad según se recoge en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016. El proyecto de cuentas estatales incluye una partida para programas de peronsa con discapacidad en la que figuran 18 organizaciones nacionales que se repartirán los 4.1 millones reservados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Este proyecto reserva 1520.4 millones de euros para prestaciones familiares de pago periódico por cada hijo menor de 18 años o mayor de esa edad siempre que tenga una discapacidad igual o superior a 65 % y que viva a cargo del beneficiario, de prestación única por nacimiento o adopción de hijo, en supuestos de familias numerosas monoparentales y en los casos de madres con discapacidad y por parto o adopción múltiples.
El programa «Servicios Sociales de la Seguridad Social» a personas con discapacidad del IMSERSO cuenta para el próximo año una asignación presupuestaria de 55.68 millones de euros destinados al desarrollo de servicios directos y a la concesión de prestaciones económicas a las personas con discapacidad. De igual forma, la partida con beneficios fiscales para familias numerosas o con personas con discapacidad a cargo, incluye una partida de 1.142 millones de euros.
Las cuentas del Estado prevén 19.18 millones de euros en subsidios económicos para personas con discapacidad lo que supone un descenso del 14.8 % respecto a los 22.52 millones del año anterior porque según recoge el proyecto presupuestario, «es un colectivo de carácter cerrado, sin nuevas incorporaciones y por tanto con tendencia decreciente el gasto».
La justificación de esta caída radica en que sus perceptores van falleciendo y por ende, su derecho a recibirlo. El importe va disminuyendo año tras año porque no hay más incorporaciones a esta pensión que desde 1990 fue sustituida por las pensiones no contributivas. Esta ley, suprime expresamente el reconocimiento de nuevos derechos al subsidio de garantía de ingresos mínimos y al de ayuda por tercera persona, regulados por la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que va descendiendo paulatinamente el número de solicitantes dde estas prestaciones aunque se mantiene el reconocimiento del subsidio por movilidad y compensación por gastos de transporte.
