La UE debe actuar en Hungría ante los perniciosos cambios al marco jurídico implementados por el gobierno, sostiene HRW.
Libertad de expresión en HungríaLos cambios sistémicos incorporados al marco jurídico de Hungría por el gobierno desde 2010 debilitan la posibilidad de controlar legalmente su potestad, se interponen a la libertad de los medios de comunicación y socavan garantías de derechos humanos, señala Human Rights Watch.
Ante la persistencia del gobierno húngaro en el incumplimiento de las recomendaciones formuladas por instituciones europeas, la Unión Europea (UE) debería adoptar medidas concretas en respuesta, entre otras cosas, iniciando el proceso para que se suspenda el derecho de voto de Hungría, manifiesta Human Rights Watch.
El informe de 29 páginas,“Wrong Direction on Rights: Assessing the Impact of Hungary’s New Constitution and Laws” (Rumbo equivocado en materia de derechos: evaluar el impacto de la nueva constitución y legislación de Hungría), examina la nueva constitución y otras normas promulgadas, y evalúa el impacto negativo que estas pueden tener para los derechos humanos y el estado de derecho. Muestra que el gobierno, en gran medida, ha ignorado las críticas de la UE y el Consejo de Europa y, a través de nuevas reformas constitucionales, ha intentado revertir pronunciamientos vinculantes de la Corte Constitucional de Hungría en los cuales se reivindican derechos fundamentales. El informe determina que las reformas se oponen a las obligaciones jurídicas asumidas por Hungría como miembro de la UE y el Consejo de Europa.
“Las reformas jurídicas introducidas por el gobierno de Hungría están minando el estado de derecho y las garantías de derechos humanos”, indicó Lydia Gall, investigadora para los Balcanes y Europa del Este de Human Rights Watch. “Sin embargo, resulta más alarmante que el gobierno no tome en cuenta las recomendaciones europeas ni tampoco respete a su propia Corte Constitucional”.
Desde que consiguió más de dos tercios de los escaños en el parlamento húngaro en las elecciones de 2010, el partido gobernante —el Fidesz— ha aprovechado esta mayoría para implementar cambios radicales en el marco jurídico del país que han debilitado las garantías de derechos humanos y el estado de derecho. A un ritmo acelerado, y sin efectuar las consultas públicas pertinentes, el gobierno ha adoptado y reformado una nueva constitución aprobando apresuradamente más de 600 nuevas leyes.
La reforma constitucional y otros cambios legislativos implementados restringió la independencia del poder judicial y la administración de justicia, obligado a casi 300 jueces a jubilarse en forma anticipada y acotado la potestad de la Corte Constitucional de examinar leyes y denuncias.
Los cambios también afectan la libertad de los medios de comunicación. Diversos medios independientes comentaron a Human Rights Watch que recurren a la autocensura debido a la falta de claridad en las reglamentaciones sobre contenidos. La autoridad de regulación de medios intentó en varias oportunidades negar el otorgamiento de una licencia de transmisión a una estación de radio independiente, hasta que finalmente obedeció las reiteradas sentencias judiciales que le ordenaban conceder la licencia.
La nueva constitución privó a cientos de grupos religiosos de su estatus como “iglesias” conforme al derecho interno. La constitución discrimina a lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero (LGBT) al excluirlas del concepto de “familia”, restringe los derechos de la mujer e impide que las personas con discapacidad mental puedan ejercer el derecho al voto.
En 2012 y principios de 2013, la Corte Constitucional emitió diversos pronunciamientos en los cuales invalidaba disposiciones y normas relativas a la jubilación anticipada de jueces, el proceso arbitrario de inscripción de iglesias que no contempla la posibilidad de apelación judicial y la criminalización del vagabundeo. En vez de aceptar estos pronunciamientos, el gobierno efectuó una serie de reformas jurídicas en marzo de 2013 que incorporaron estas disposiciones a la constitución y frenaron así la posibilidad de que la Corte Constitucional controle los cambios implementados en la Constitución. De este modo, impidió que la Corte pudiera invalidar nuevamente las medidas.
“En vez de respetar las resoluciones de la Corte Constitucional, el gobierno incorporó a la constitución las mismas leyes que habían sido declaradas inconstitucionales, impidiendo de esa forma que pudieran ser revisadas por la Corte”, indicó Gall. “Este es el más claro ejemplo de la indiferencia del gobierno de Hungría por el estado de derecho”.
Las acciones del gobierno húngaro han despertado fuertes críticas en el ámbito internacional, incluso por parte de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y diversos paneles de expertos independientes del Consejo de Europa, así como de los gobiernos de Alemania y Estados Unidos. El gobierno ha restado importancia a estas críticas, al sugerir que son incorrectas o responden a intereses políticos.
La Comisión Europea está evaluando la posibilidad de adoptar medidas legales contra Hungría, aplicando los denominados “procedimientos de infracción” en respuesta a las reformas constitucionales de marzo de 2013. El Tribunal de Justicia de la UE ya se ha pronunciado contra Hungría y ha invalidando la reforma que dispone la jubilación anticipada de los jueces. Está previsto que el Parlamento Europeo analice un informe donde se examinan las reformas jurídicas en su totalidad.
El Grupo Liberal en el Parlamento Europeo ha recomendado que la UE ponga en marcha un procedimiento contra Hungría conforme al artículo 7 del Tratado de la UE, que permite suspender el derecho de voto cuando las acciones de un país representen un riesgo de apartamiento de los valores comunes de la UE, o cuando un estado miembro haya transgredido gravemente tales valores. Ha llegado el momento de plantear claramente la posibilidad de aplicar las medidas del artículo 7, observa Human Rights Watch.
La Comisión de Venecia del Consejo de Europa también está examinando la reforma jurídica de marzo de 2013, y una comisión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha recomendado que Hungría sea sometida a la supervisión de este Consejo, un procedimiento que normalmente se reserva para nuevos miembros. Si se aprueba la medida, Hungría sería el primer país de la UE que se someta a esta supervisión. Es crucial que el Consejo de Europa mantenga una presión constante sobre el país, señala Human Rights Watch.
“El gobierno húngaro acusa a todos sus críticos de ser tendenciosos, señala que las críticas responden a intereses políticos o afirma que los detractores incurren en errores fácticos, pero la verdad es mucho más simple: existe una profunda preocupación en toda Europa por la situación actual del estado de derecho y los derechos humanos en Hungría”, comentó Gall. “Cuando incluso tus amigos se preocupan por ti, eso quiere decir que es momento de dejar de negar la realidad y comenzar a escuchar”.
