Facua, Consumidores en Acción ha creado una plataforma de afectados por el fraude de Volkswagen en España para facilitar el control de las revisiones que puedan hacer las marcas afectadas por la instalación de motores trucados sobre los vehículos aun en circulación.
Tras una investigación de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) a raíz de la denuncia de una ONG, el fabricante ha reconocido que trucó 11 millones de vehículos diésel vendidos en todo el mundo con un software que reducía las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) cuando detectaba que estaba siendo sometido a una prueba de homologación. Emisiones que en realidad son hasta cuarenta veces superiores a las permitidas en la legislación estadounidense.
Los usuarios pueden unirse a la plataforma a través de la web FACUA.org/volkswagen, que se está dando a conocer en las redes sociales con el hashtag #afectadosVolkswagen. La asociación ha recibido una avalancha de consultas en los últimos días tras estallar el escándalo del fabricante alemán a nivel mundial.
FACUA ha comenzado a asesorar sobre sus derechos a los propietarios de vehículos que podrían estar afectados por el fraude. El equipo jurídico de la asociación estudia las acciones que llevará a cabo frente a las graves irregularidades cometidas por la compañía, a la espera de conocer qué tipo de reparación pretende llevar a cabo para que los automóviles cumplan la legislación europea en materia de emisiones de gases tóxicos.
Los vehículos afectados no son sólo de la marca Volkswagen, sino también de sus filiales Audi, Skoda y Seat. Cientos de miles se han comercializado en España. Mientras se confirman cuáles son los modelos, están bajo sospecha todos los diésel con motores TDI 1.6 y 2.0.
Advertencias a los afectados
FACUA advierte a los conductores afectados que es posible que Volkswagen haga una llamada a revisión a fin de efectuar en sus talleres las modificaciones técnicas necesarias para reducir los niveles de contaminación de sus vehículos, de manera que cumplan los límites establecidos en la legislación europea.
Estas actuaciones no deberían suponer coste alguno para los usuarios ni implicar pérdida de calidad en las prestaciones de los automóviles. Si las reparaciones provocasen que los vehículos redujesen de forma sustancial su potencia o aumentasen considerablemente el consumo de gasóleo, los usuarios podrían negarse y exigir una indemnización al no cumplirse las características ofertadas cuando fueron adquiridos. Indemnización que puede ir desde el abono de una cantidad por los perjuicios causados, la devolución del importe del automóvil atendiendo a un criterio de proporcionalidad con su antigüedad o su sustitución por uno nuevo.
En estos momentos, no está claro qué va a hacer Volkswagen ni qué medidas van a exigirle las autoridades de los distintos países donde se ha producido el fraude, más allá de las posibles multas por la vulneración de la legislación en materia de emisiones contaminantes. FACUA recuerda que más allá del atentado contra el medio ambiente, la marca ha incurrido en un engaño a los consumidores y los gobiernos deben multarle por ello e instarle a asumir sus responsabilidades con los compradores de sus vehículos.
FACUA ha criticado que la primera reacción del Gobierno español no ha sido precisamente contundente: la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, se ha desentendido del asunto delegando las responsabilidades a Industria, cuyo ministro, José Manuel Soria, lejos de criticar a la empresa, ha mostrado que su principal preocupación ante este fraude es que mantenga las inversiones previstas en España.
FACUA reclama al Ministerio de Industria que abandone su opacidad y comience a dar información y participación a las organizaciones de consumidores en la comisión de investigación que ha constituido sobre el fraude de Volkswagen para garantizar la transparencia y la interlocución de los representantes de los conductores afectados. También exige la creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados.
Volkswagen es el segundo fabricante de vehículos a nivel mundial (por detrás de Toyota) y es propiedad al 20 % del Gobierno alemán.
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