La Corte de Apelaciones de Nueva York rechazó este lunes (5 de octubre de 2015) que se utilicen fondos depositados por Argentina en el Bank of New York Mellon (BoNY) para satisfacer el reclamo de los fondos buitre, informa Andes.
En este nuevo fallo favorable al país suramericano, ese órgano consideró improcedente el dictamen del juez Thomas Griesa de obligar al BoNY a utilizar los 539 millones de dólares que depositó Argentina en 2014 para pagar a inversores en bonos reestructurados de su deuda pública.
Griesa primero embargó ese dinero que pertenece a acreedores y luego a instancia de los grupos financistas que litigan contra Argentina ordenó que se utilizaran para pagar a estos.
De esta manera, la Corte del Segundo Circuito mantuvo su decisión de octubre de 2014, cuando sentenció que esos bonistas no tienen derecho a apropiarse de esos fondos.
Esos grupos especuladores, como NML Capital y Aurelius, no prestaron dinero a Argentina, sino que compraron bonos de su deuda a terceros a precios viles en medio de la crisis financiera que estalló en Wall Street en 2008, y ahora exigen se les pague sumas excesivas.
Los litigantes representan tan solo el uno por ciento del siete por ciento de los tenedores de bonos de deuda que no se sumaron a los acuerdos de canje de 2005 y 2010.
La gran mayoría, el 93 por ciento, pactó con Argentina la reestructuración del pago de la deuda, arreglo que el país suramericano ha venido cumpliendo.
El veredicto de este lunes vuelve a desautorizar la decisión del magistrado Griesa, quien atendió el reclamo de los buitres de apropiarse de los fondos depositados en el BoNY, y congeló el pago del vencimiento de la deuda, señala el servicio MinutoUno.
Esta es la tercera vez -agrega- que esa instancia judicial estadounidense rechaza una decisión de Griesa.
El 10 de agosto último, los jueces que la componen acotaron el alcance de la acción judicial colectiva que iniciaron los tenedores de bonos conocidos como «Me too» (A mí también) que plantearon que se les pagara al igual que a los fondos buitre.
En ese caso, el tribunal de apelación rechazó el criterio «agregado» que esgrimió Griesa en su definición de la acción colectiva (de clase), sin tener en cuenta si esos bonos habían sido vendidos en el mercado secundario, luego de los canjes de deuda del 2005 y 2010.
En agosto del año pasado, Griesa ordenó al BoNY retener el pago de deuda de 539 millones de dólares que realizó el Estado argentino y lo declaró ilegal, lo cual abrió la puerta a una posterior discusión sobre si el país había ingresado o no en una nueva cesación de pagos (default).
Desde entonces, el dinero quedó congelado, lo cual no sucedió con pagos posteriores que Argentina realizó en tres ocasiones, aunque sin emplear la entidad financiera neoyorquina.
