La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid ha revocado los acuerdos adoptados por esta institución en 1939 para expulsar a un total de 61 abogados acusados de pertenecer o simpatizar con la masonería.
El acuerdo para “cerrar heridas que jamás deberían haberse producido” llega tras una investigación histórica promovida desde la Gran Logia de España, informa esta institución.
La Masonería Española fue conocedora de la persecución que padecieron por su condición de masones algunos de los letrados del Madrid de la postguerra gracias al relato familiar conservado y transmitido por un asociado de la isla de Ibiza.
Los abogados rehabilitados son Luis Jiménez de Asúa, Francisco López de Goicoechea, Julia Álverez Resano, Marino López Lucas, José Rosado Gil, Aurelio Matilla, Emilio Baeza Medina, Miguel Maura, José Antonio Balbontín Gutiérrez, Juan Manuel Mediano, Manuel Blasco Garzón, Eduardo Ortega y Gasset, Jerónimo Bujeda Muñoz, Ángel Ossorio y Gallardo, Carlos Castillo García-Negrete, Manuel Ossorio Florit, Antonio Cases, Benito Pabón y Suárez de Urbina, Luis Fernández Clérigo, Enrique Peinador, Ángel Galarza, José M. Rodríguez de Rivera, Félix Galarza , Manuel Betés, Antonio Horna, José Polo de Bernabé, Manuel de Irujo, Luis Zubillaga, Victoria Kent, Graco Antonio Marsá, Pedro Rico, Julio Álvarez del Vayo, Rafael Guerra del Río, Manuel Azaña, Mariano Ruiz Funes, Augusto Barcia, Pedro Gallo, José Bergamín, Antonio Sacristán y Colás, Juan Botella, Felipe Sánchez Román, Demófilo de Buen, José Ignacio Aldama, Gerardo Lacalle, Juan Serradell, Lorenzo Barrio Morita, José Serrano Batanero, Guillermo Cabanellas Torres, Antonio Vidal y Moya, Rafael Barrón, Juan Simeón Vidarte, José Ballester Gozalbo, Tomás Gómez Piñón, Valeriano Casanueva, Álvaro de Albornoz, Ramón Muñoz y Núñez de Prado, Basilio Álvarez, José Prat, Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto Alcalá-Zamora y Torres y Luis Escobar Espin.
«Transcurridos más de tres cuartos de siglo del final de la Guerra Civil, periodo en el que numerosos colegiados sufrieron exilio, prisión o muerte, la Junta de Gobierno ha tomado un acuerdo con el que cerrar un último capítulo de nuestra historia interna, tras haber encargado un trabajo de investigación interna, en la creencia de que el Colegio debe ser un punto de encuentro y fraternidad entre sus miembros», expresa el Colegio en su nota, que recuerda el antecedente histórico de los acuerdos adoptados en 1936 y revocados en 1939 contra otros 25 colegiados por las razones contrarias.
El diputado Bibliotecario del Colegio, José Manuel Pradas, quien llevó a cabo la investigación en los Archivos históricos del Colegio, ha agradecido la intervención del gran maestro de la Gran Logia de España, Óscar de Alfonso, quien trasladó los datos de los que era conocedora la Masonería Española en una carta a la decana de los abogados madrileños: «Su carta nos hizo reflexionar sobre el particular y trajo consigo que la Junta de Gobierno, en su sesión ordinaria del mes de julio, adoptara el acuerdo de revocar dichas expulsiones, pues entendíamos las mismas como injustas», explica.
«Creemos que con ello el Colegio ha hecho la reparación que convenía y únicamente restaría agradecerle a usted que con motivo de su carta nos haya permitido cerrar un capítulo triste de nuestra historia», añade.
La cobardía atada a la demora de estas acciones de justicia hacen que ya no incidan en los afectados, pues al igual que mi padre José Juan Serna, abogado republicano de la Universidad de Barcelona, y quien fuese fiscal de la tercera región aérea de Barcelona cuando la guerra civil, estén ya todos muertos. La justicia ha tardado demasiado.
Me alegro mucho, aunque es una pena que hayan tardado tanto. Llevamos casi 38 años de democracia