La indignación generalizada en Brasil por la violación de una adolescente por más de 30 hombres, generó la protesta de miles de mujeres por las calles de las ciudades del país, al tiempo que las activistas señalan que las respuestas del poder político ante el caso son equivocadas, informa Mario Osava (IPS) desde Río de Janeiro.
La primera reacción del gobierno central ante la conmoción nacional, fue crear un Núcleo de Protección a la Mujer, para apoyar a los órganos de seguridad pública, que son en su mayoría de ámbito de cada Estado (regional). La orientación es netamente policial y orientada a intensificar la represión.
El gobernador del estado de Río de Janeiro, Francisco Dornelles, se declaró favorable a la ejecución de los violadores, aunque la pena de muerte no existe en el país y está prohibida por la Constitución.
El Senado aprobó de urgencia una propuesta para aumentar los años las condenas a prisión por agresión sexual, con uno o dos tercios adicionales cuando la violación sea practicada por dos o más personas. Su entrada en vigor depende de su ratificación por la Cámara de Diputados.
Ampliar las penas no es solución, se comprobó en India que instituyó en 2013 la pena capital para casos de violaciones colectivas o cuando la víctima muera, sostuvo Sonia Correa, una de las coordinadoras del internacional Observatorio de Sexualidad y Política.
La cuestión es cultural, «la misma sociedad alimenta la violencia contra las mujeres» desde siempre y buena parte de la población considera culpables a las propias víctimas de agresión sexual, señaló.
Las autoridades parten de la percepción de que hay un incremento de la violencia contra las mujeres, por la gran repercusión que tuvo el caso de la adolescente de 16 años, retenida en una casa a la merced del grupo por 36 horas, del 21 al 22 de mayo, en una favela (barrio pobre y hacinado) de Río de Janeiro.
La víctima dijo haber contado 33 agresores, algunos armados, cuando logró recuperar el sentido. Solo denunció el hecho a la policía después de que algunos de los involucrados difundieron imágenes de su violación por las redes sociales.
Entonces se sintió denigrada por un comisario que la trató como culpable de haber consentido la agresión, sin creer en sus afirmaciones.
La notoriedad y las evidencias del caso le permitieron ser atendida finalmente por una comisaria especializada en delitos contra la niñez y adolescencia, que admitió el video como prueba de la violación, lo que facilitó identificar a varios acusados del delito y detener a dos de ellos hasta ahora.
«La cultura de la violación tiene raíces profundas, no solo en Brasil, donde sus capas más lejanas están en la colonización y la esclavitud, con sus tradiciones androcéntricas de dominio del cuerpo del otro, no solo de las mujeres, sino también de los esclavos», explicó Correa, una arquitecta con posgrado en antropología.
El Código Penal brasileño, de 1940 y con paulatinas enmiendas, incluía la agresión sexual entre los delitos contra las costumbres, es decir se consideraba un atentado contra la sociedad y la familia, no contra la mujer y su cuerpo, recordó a IPS.
Solamente en 2009 se logró una reforma para corregir esa distorsión e incluir víctimas masculinas. Antes se consideraba un crimen exclusivamente contra el sexo femenino.
Las penas, que varían de seis a 30 años de cárcel y aumentan con agravantes como las lesiones físicas, muerte o la baja edad de la víctima, no frenaron el aumento de las agresiones sexuales en Brasil, un país con casi 205 millones de habitantes.
Oficialmente, alcanzaron 50.600 en 2011, equivalentes a 138 casos por día, uno cada 10 minutos, según datos del Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA), órgano gubernamental de estudios para la planificación.
Pero se estima que esas cifras representan solo 10 por ciento de las violaciones reales, que podrían superar el medio millón de casos anuales. La mayoría de las víctimas no denuncia por vergüenza, temor a policías machistas o desconocimiento sobre cómo hacerlo y sobre el propio delito.
Son niñas una gran parte de las víctimas de violencia sexual, ejercida mayoritariamente por familiares y amigos próximos, dentro del hogar, lo que representa otra gran barrera para la denuncia.
«Es una tragedia que afecta a una mayoría negra, de 51 por ciento» probablemente subestimada, según Jurema Werneck, médica y coordinadora de Criola, una organización no gubernamental de promoción de los derechos de las mujeres afrobrasileñas.
La gran cantidad de violaciones «tiene origen en el machismo, pero también en el racismo patriarcal», como una «acción de poder contra quienes se cree que son inferiores y desempoderadas, como las negras», destacó a IPS.
La cultura de la violación comprende «una contradicción en la población, que se moviliza en rechazo a un crimen hediondo, dispuesta incluso al linchamiento cuando se violan niñas o niños, pero muestra cierta tolerancia hacia la violencia sexual contra la mujer», observó Marisa Sanematsu, directora de contenidos del feminista Instituto Patricia Galvão.
La aparente condena general no se refleja en la escasa denuncia del delito «por temor al juicio de amigos, la familia, la policía, hasta el juez. La opinión social es que el hombre no logra controlar su deseo sexual y reacciona ante una mujer atractiva, maquillada y con ropas provocativas», señaló.
«Hay mujeres ‘violables’, que conocen los riesgos que corren, ellas deberían saber cómo protegerse, no exponerse, piensa buena parte de la población», que acepta la desigualdad de roles sociales, lamentó Sanematsu.
Educación de género es, evalúa, el mejor camino para prevenir y reducir todas las violencias contra mujeres. Pero la tendencia actual es prohibirla en las escuelas, como hizo el gobierno de São Paulo, el estado más poblado y rico de Brasil.
«Nada se logrará sin atacar las raíces de la cultura de la violencia trivializada», que no está asociada a la pobreza, sino que afecta todas las clases, sentenció.
Para cambiar la cultura de la violación «el tema central es una nueva construcción de la masculinidad», que hasta ahora se basa en la «depredación sexual», apuntó Correa.
Preocupa a las defensoras de los derechos de las mujeres el gran avance de fuerzas conservadoras en la sociedad brasileña, especialmente en el bicameral parlamento.
Allí, varios proyectos buscan restringir el aborto, los derechos conquistados por la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) y las familias no convencionales.
La ola conservadora se acentuó con el nuevo gobierno del vicepresidente Michel Temer, interino hasta que se concluya el proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff, abierto en el Senado el 12 de mayo y que culminará probablemente en agosto.
El antiguo Ministerio de Políticas para las Mujeres, ahora rebajado a una secretaria dependiente del Ministerio de Justicia, tiene como titular a una diputada de confesión evangélica, que ya se declaró opuesta al aborto en embarazos provocados por violación, uno de los supuestos que permite la restrictiva ley actual.
El gabinete de Temer es el primero en años que no incluye ninguna mujer, ni tampoco personas afrodescendientes.
Para Sonia Correa, «fuerzas religiosas dogmáticas están en una expansión que pretende controlar el país», que cuenta con una gran bancada legislativa y una red de comunicaciones, especialmente de televisión, para impulsar el conservadurismo.
- Editado por Estrella Gutiérrez
- Publicado inicialmente en IPS Noticias
