Amnistía Internacional (AI) se ha dirigido al conseller de Interior de la Generalitat, Jordi Jané, para mostrarle su preocupación por los riesgos del uso de las pistolas eléctricas sobre la salud y la vida de las personas, tras la aprobación en Catalunya del uso de este armamento por parte de la policía.
En una carta, la organización pide la suspensión o la limitación del uso de las pistolas eléctricas mediante salvaguardias que garanticen el pleno respeto de los derechos humanos, al haberse documentado numerosos casos de personas que han muerto tras recibir una descarga de estos dispositivos, por lo que deben considerarse potencialmente letales.
La organización valora algunas de las conclusiones aprobadas por el Parlament, que pueden contribuir a evitar un mal uso de las pistolas eléctricas y reducir su potencial lesivo, como la formación especifica, continúa y según estándares de derechos humanos; la limitación del tiempo de descarga o garantizar un reconocimiento médico a todas las personas que reciban una descarga.
Prevención de la tortura
Sin embargo, AI señala que el Grupo de Trabajo del Parlament no ha tenido en cuenta algunas de las recomendaciones del Comité Europeo de Prevención de la Tortura y de las directrices derivadas de los «Principios Básicos de Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley».
“Consideramos que las actuales conclusiones sobre el uso de las pistolas eléctricas en Catalunya no establecen todas las garantías necesarias para asegurar el pleno respeto de los derechos humanos”, ha afirmado Adriana Ribas, coordinadora de Amnistía Internacional Catalunya.
Amnistía pide al Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya que, antes y durante la incorporación de las pistolas eléctricas como arma de uso policial, cumpla las siguientes salvaguardas:
- Hacer una evaluación independiente de su carácter lesivo. Creación de un organismo independiente de expertos científicos, jurídicos y de otros ámbitos que investigue posibles daños y sufrimiento que pueden causar las pistolas eléctricas. El resultado de la investigación debe ser público y utilizarse para elaborar las normas de uso.
- Equiparar las normas de uso a las de armas de fuego. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) recomienda equiparar los criterios de uso de las armas de electrochoque a los que rigen para armas de fuego. AI considera que el cuerpo normativo que debe regir el uso de pistolas eléctricas debe equipararse al de la «Instrucción 5/2008 sobre el uso de armas de fuego por parte de los funcionarios del cuerpo de la policía de la Generalitat – Mossos d’Esquadra» y cumplir con los mismos requisitos de presentación de informes y rendición de cuentas.
- No utilizar contra personas vulnerables. El carácter lesivo de las pistolas eléctricas puede aumentar cuando se utilizan con personas con enfermedades cardiorespiratorias, mentales, en estado de delirio exacerbado o bajo los efectos de alcohol y drogas. Los agentes policiales deben recibir formación sobre los riesgos de aplicar una descarga contra estas personas vulnerables y elaborar protocolos específicos de uso.
- Prohibir su uso bajo custodia o en manifestaciones. AI cree que las directrices de las pistolas eléctricas en Catalunya deben recoger la prohibición expresa de su uso contra personas bajo custodia que no representen amenaza de muerte. También preocupa que las conclusiones del Parlament contemplen la posibilidad de dotar con pistolas eléctricas a los mandos de operativo de la Brigada Móvil (BRIMO) o de las Áreas Regionales de Recursos Operativos (ARRO) y que tan sólo se desaconseje su uso en grandes manifestaciones o concentraciones.
- AI pide un uso restrictivo de estos dispositivos y por ello las normas deben prohibir expresamente su utilización en operativos policiales de mantenimiento del orden público, manifestaciones o concentraciones.
- Establecer un periodo de prueba. Una vez elaboradas las instrucciones y los programas de formación, el Govern de la Generalitat debe establecer un periodo de prueba de su uso. El dispositivo tiene que ser objeto de un estricto seguimiento y evaluación para determinar si satisface las necesidades operativas y los requisitos técnicos, y si la formación y las instrucciones son las adecuadas. Las evaluaciones deben realizarse de forma continua y sus resultados tienen que ser públicos.
- Crear un mecanismo independiente de investigación. El uso de las pistolas eléctricas tiene que estar sujeto a mecanismos exhaustivos y rigurosos de presentación de informes, supervisión y control. Para garantizar la rendición de cuentas, AI pide la creación de un mecanismo independiente con capacidad para investigar las denuncias por un posible uso inadecuado o abusivo de las pistolas eléctricas por parte de los agentes policiales.
