Una decisión del comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encargado de acreditar organizaciones no gubernamentales ante el foro mundial fue derogada por algunos estados miembro, que consideraron que limitaba a algunas oenegés consideradas criticas de los gobierno, informa Aruna Dutt (IPS) desde Naciones Unidas.
Una reunión ampliada del Consejo Económico y Social de la ONU (Ecosoc) votó el 25 de julio otorgar el estatus consultivo al Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, en inglés), una organización de Estados Unidos a la que el comité de Ecosoc se lo rechazó cuatro veces.
La única razón por la que se aceptó la solicitud del CPJ fue porque algunos estados miembro sensibles a la situación presionaron al Consejo Económico y Social para que votara a favor, anulando la negativa anterior del comité encargado de las oenegés, dijo a IPS su directora Courtney Radsch.
La libertad de prensa es un pilar esencial del sistema de derechos humanos de la ONU, garantizada en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y una parte de la norma consuetudinaria internacional por la que todo estado miembro del foro mundial está obligado a permitir el ejercicio de ese derecho.
«La ONU desempeña un papel fundamental en el diseño de normas y en la determinación de agendas, y es importante que la ONU coloque a la seguridad de los periodistas y a la libertad de prensa en el centro de su trabajo, desde los derechos humanos hasta el desarrollo sostenible y todo lo que queda en el medio», subrayó Radsch.
Pero en realidad, demasiados estados miembro del foro mundial socavan la libertad de prensa mediante leyes restrictivas, encarcelando periodistas, permitiendo que los maten o no investigando adecuadamente los ataques en su contra ni procesando a los responsables.
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, dijo al Ecosoc el 25 de julio que durante los cuatro años que se le negó la acreditación al CPJ, 863 periodistas fueron detenidos, 19 están desaparecidos y 304, asesinados, citando datos la propia organización.
«El comité encargado de las oengés parece menos interesado en asegurarse que la voz de la sociedad civil esté presente y contribuya a los asuntos que generan gran preocupación, y más bien en excluirlas por las verdades incómodas que expone sobre los estados miembro», arguyó Radsch a IPS.
«Recibir el estatus consultivo es un proceso muy politizado que apunta menos a garantizar que nuestra CPJ cumpla los criterios por su participación, como respaldar al mundo de la ONU y trabajar en asuntos relevantes, por no mencionar nuestro reconocimiento en la materia», subrayó.
Por su parte, el director de política e investigación de Civicus, Mandeep Tiwana, dijo a IPS que la prolongada y dura batalla del CPJ por lograr el estatus consultivo en el Ecosoc muestra que la ONU no se toma en serio la libertad de prensa, y que el comité excluye a las oenegés solo por ser críticas de los gobiernos.
«El simple hecho de que el comité encargado de las oenegés esté integrado por representantes de 19 estados miembro según su representación geográfica lo hace exclusivo», arguyó Tiwana.
«El modelo actual de gobernanza global está muy concentrado en los estados, priorizando la representación estatal por encima de una adecuada participación de la gente o de la sociedad civil», apuntó.
«Es un escándalo global que aun en la actualidad, tengamos estados que en pleno el siglo XXI tienen gobiernos que no son elegidos de forma democrática, pero dicen representar a sus poblaciones en el concierto mundial», puntualizó.
El comité encargado de las oenegés está integrado por varios países con instituciones democráticas frágiles y gobernantes que desde hace décadas ostentan el poder, explicó Tiwana, además de que no fueron elegidos mediante procesos electorales justos y libres, lo que le da exclusividad a la propia constitución del órgano.
Por ello, el trabajo del comité en los últimos años se ha visto obstaculizado por debates burocráticos y por posiciones políticas de esos estados que de forma deliberada han buscado socavar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil de arrojar luz sobre violaciones de derechos, indicó Tiwana.
«El gobierno de (Barack) Obama invirtió una significativa energía diplomática en defensa del valor intrínseco de una sociedad civil empoderada y capacitada dentro la ONU, así como en otros foros multilaterales, como la Comunidad de las Democracias», apuntó.
«El apoyo de Estados Unidos al esfuerzo legítimo del CPJ por lograr el estatus consultivo en Ecosoc es un logro significativo en el marco de una serie de esfuerzos como la creación de un relator especial de la ONU sobre la libertad de reunión o asociación, la aprobación de varias resoluciones innovadoras sobre los derechos de la sociedad civil en el Consejo de Derechos Humanos y la inclusión de metas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para respaldar las libertades fundamentales y las asociaciones de la sociedad civil», destacó.
«Es irónico que el comité encargado de las organizaciones no gubernamentales no cuente con la participación de las oenegés y esté integrado por varios gobiernos que las persiguen de forma activa», subrayó Tiwana.
- Traducido por Verónica Firme
- Publicado inicialmente en IPS Noticias
