La ratificación del acuerdo de paz marca el comienzo de un nuevo y esperanzador capítulo en la historia de Colombia, pero el trabajo duro empieza ahora, dijo hoy Amnistía Internacional.
El Congreso ratificó este 30 de noviembre de 2016 una versión revisada del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tras el rechazo del acuerdo original en el referéndum del 2 de octubre.
La ratificación abre el camino para que las FARC comiencen a desmovilizarse y desarmarse en un proceso que se llevará a cabo durante seis meses.
El acuerdo revisado ofrece más claridad sobre una serie de cuestiones, como las sanciones impuestas a los responsables de crímenes de derecho internacional. También obliga a las FARC a entregar sus bienes, lo que podría aumentar las posibilidades de proporcionarle el derecho de las víctimas a la reparación. Pero el acuerdo sigue siendo defectuoso en términos de garantías sobre los derechos de las víctimas.
«El final oficial de un sangriento conflicto armado que ha durado más de 50 años y ha dejado ocho millones de víctimas en su estela es un logro que no puede ni debe ser subestimado», dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Añadió que «sin embargo, gran parte del horror que los colombianos han sido forzados a soportar durante décadas no ha estado directamente vinculado al combate directo entre las fuerzas de seguridad y las FARC. Aquellos que trabajan sin ser vistos, defendiendo los derechos o protegiendo los recursos naturales y territorios de los poderosos intereses económicos, siguen enfrentando hostigamiento y ataques mortales, por lo que el acuerdo de paz en sí mismo puede hacer poco para mantener a estos activistas a salvo. Lo que necesitan es una acción eficaz para asegurar a aquellos que están detrás de esos ataques enfrenten una justicia adecuada».
Desde 1985, casi siete millones de personas han sido forzadas a huir de sus hogares, más de 267 000 fueron asesinadas, unas 46 000 personas fueron víctimas de desapariciones forzadas y unas 30 000 fueron tomadas como rehenes. Otros miles fueron víctimas de tortura, violencia sexual y minas terrestres, mientras que unos 8000 niños fueron reclutados a la fuerza por grupos guerrilleros y paramilitares. Muy pocos de los responsables han comparecido ante la justicia.
«El terrible legado de estas violaciones y la impunidad arraigada para la mayoría de ellos significa que, a pesar del acuerdo de paz, persisten muchos desafíos de derechos humanos y humanitarios aparentemente intratables, y existe un riesgo real de que estos desafíos persistan en un ambiente post-conflicto», dijo Erika Guevara-Rosas.
A pesar de que la violencia contra los civiles se ha reducido drásticamente, los ataques contra los defensores de los derechos humanos, especialmente indígenas, afrodescendientes y campesinos, continúan teniendo números alarmantes, con más de 70 muertos en lo que va del año.
Muchos de estos ataques están vinculados con grupos armados que buscan tomar el control de tierras ricas en recursos pertenecientes a las comunidades rurales para explotarlas con fines económicos.
El conflicto armado con las FARC puede que haya terminado oficialmente, pero aún quedan otros conflictos, especialmente con el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN), mientras que los grupos paramilitares siguen siendo la amenaza más grave para los derechos humanos, especialmente en el campo.
