Un informe realizado por Equipe Média denuncia la situación de los periodistas que ejercen su profesión en el Sahara Occidental y sufren una ola de acoso y represión por parte de las autoridades marroquíes. Equipe Média creada en 2009 está formado por un grupo de periodistas saharauis favorables a la autodeterminación del territorio.
Estos periodistas, que ejercen clandestinamente y publican en blogs y portales web, denuncian que la represión contra los «activistas mediáticos» consiste en «detenciones, condenas, agresiones físicas y represalias» que pueden ser de tipo laboral y profesional.
Las condenas de periodistas a penas de cárcel no se pronuncian por delitos de opinión, sino por otros como «obstruir la circulación» o «atacar a un empleado público», como en el caso de Walid Batal de 22 años (condenado en diciembre de 2016 a 14 meses de cárcel) que seguía una manifestación en el distrito Sukna de Smara.
Un periodista de RASD-TV, Salah Lebsir de 23 años fue detenido en julio de 2016 por filmar una manifestación en Smara, está condenado a cuatro años por «organizar una banda criminal, realizar incendios y destruir pertenencias públicas».
Otra reportera de RASD-TV, Nezha Khaled, fue detenida el 21 de agosto de 2016 mientras cubría una manifestación de mujeres saharauis en Foum El Oued, un pueblo cerca de la ciudad saharaui de El Aaiún. Reporteros Sin Fronteras tiene constancia de más casos de prohibición de la cobertura informativa durante manifestaciones.
Dos periodistas ciudadanos, Said Amidan y Brahim Laajail, quienes colaboran con Equipe Média Sahara, fueron detenidos en Guelmim, al sur de Marruecos el pasado 30 de septiembre de 2016 donde fueron retenidos durante tres días. Son estudiantes en la Universidad de Agadir –en el Sáhara no hay universidad- y viajaban de El Aaiún hacia Agadir y fueron detenidos en un control de carretera.
Acusados de «insultos a un funcionario público» y «falsa declaración» creen que la verdadera razón de su detención es que habían estado acompañando a activistas españoles –en concreto, Rubén y Julia, dos cooperantes cordobeses- que llegaron para investigar la situación humanitaria en el Sahara. Comparecieron en el juzgado de Guelmim y fueron condenados en noviembre del año pasado a 3 y 4 meses, respectivamente.
Uno de los fundadores de Equipe Média, Mohamed Meyara, asegura haber sufrido en dos ocasiones represalias profesionales por su labor: en 2007 perdió su empleo en el Ayuntamiento de El Aaiún, y en 2013 fue de nuevo suspendido de empleo y sueldo como profesor de Historia, siendo atacado por las fuerzas de seguridad.
El informe del Equipe Média recuerda que el Sáhara es «prácticamente inaccesible para los medios de comunicación», que la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso) es la única del mundo sin competencias en derechos humanos y que por ello «los informadores saharauis son a menudo la única fuente de información sobre las violaciones a los derechos humanos».
También el Observatorio Internacional para los Derechos Humanos, la Organización Internacional contra la Tortura y la Federación Internacional para los Derechos Humanos, en una carta dirigida a los responsables marroquíes, condenaron en su día las restricciones contra los miembros de Equipe Media.
El informe también se hace eco de las dificultades que sufren los periodistas extranjeros que entran en el Sáhara sin comunicarlo previamente al Ministerio de Comunicación marroquí para que expidan el correspondiente permiso, siendo frecuentes los casos de expulsión, que cifran en «decenas».
Hay que recordar que en noviembre de 2016, Reporteros Sin Fronteras (RSF) hizo otro informe sobre el Sahara y en las conclusiones solicitaba a las autoridades marroquíes que detuvieran las violaciones de los derechos de los saharauis y periodistas extranjeros que cubren los acontecimientos en dicho territorio.
Con las detenciones de periodistas durante las manifestaciones, los juicios a periodistas saharauis y las expulsiones de periodistas extranjeros, las autoridades marroquíes «le hacen la vida imposible a los trabajadores de los medios y mantienen un control arbitrario sobre la información en el territorio».
«Los testimonios recogidos sobre el terreno son abrumadores para las autoridades de Marruecos», aseguraba el responsable para el Magreb de Reporteros Sin Fronteras, Yasmine Kacha: «¿Hasta cuándo se mantendrán estas restricciones a la libertad de información? Es urgente y necesario que los periodistas tengan libertad para informar de lo que está sucediendo en este territorio en alta tensión, así como arrojar luz sobre las violaciones de derechos humanos, algo para lo que la Minurso no está habilitada para documentar».
Uno de los últimos casos de infracciones contra la libertad de prensa a periodistas extranjeros fue la expulsión de Dajla de la francesa Camille Lavoix, el 23 de octubre de 2016, desde donde había estado informando para la revista M le magazine (publicado por Le Monde) relacionando la propaganda que se hace de la ciudad con el surf mientras se vive en una represión hacia los saharauis. Mientras estaba detenida, se suspendieron sus cuentas de email y sus tarjetas SIM. Se trataba de la quinta vez que Marruecos expulsaba a un periodista extranjero ese año.
En 2016, la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos documentó los casos de 97 ciudadanos extranjeros que habían sido expulsados del Sáhara Occidental o se les había impedido el acceso al territorio por parte de la policía marroquí.
Precisamente se acaba de celebrar la IV Asamblea de la Unión de Periodistas y Escritores Saharauis (UPES) –creada en 2005- donde fue elegido Hamdi Mahjoub como nuevo secretario general. Entre las resoluciones adoptadas se solicitó que la Minurso pueda analizar los derechos humanos y la protección de los periodistas saharauis.
Asimismo destacaron la labor de todos los medios de comunicación que rompen el cerco mediático hacia la causa saharaui y hacen un llamamiento a las organizaciones de derechos humanos y sindicatos de prensa internacionales para que se proteja a los periodistas saharauis que se enfrentan todos los días a la postura de la ocupación marroquí.
Del mismo modo solicitan que observadores extranjeros y la prensa internacional pueda acceder libremente a los territorios del Sahara controlados por Marruecos. También los asistentes a la IV Asamblea mostraron su solidaridad con los detenidos por los acontecimientos del campamento de Gdeim Izik en 2010, cuyo juicio se ha aplazado hasta marzo.
Precisamente en la vista celebrada en la ciudad marroquí de Salé los reporteros de Equipe Média fueron insultados, amenazados y se les intentó arrancar la cámara de televisión por parte de partidarios del régimen.
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