El Tribunal Suptremo de Mauritania dejó sin efecto la condena a muerte que pesaba sobre el bloguero Cheik Ould Mohammed Ould Mkheitir, detenido en 2014 y condenado a muerte en abril de 2016 por un tribunal de apelación, acusado de blasfemo y apóstata por criticar al profeta Mahoma.
El 1 de febrero de 2017, mientras miles de manifestantes pedían en las calles de la capital, Nouakchott, y de otras ciudades del país, que se llevara a cabo la ejecución, el Supremo anulaba la sentencia, pero ha pedido que al acusado se le juzgue de nuevo por otro tribunal diferente, aunque sin precisar la fecha, informa el digital maghreb-info.com.
Miembro de la etnia de los «moros blancos», normalmente menospreciada por el resto de la sociedad mauritana, Ould Mkheitir, de 31 años, hijo de un prefecto y con estudios de gestión, trabajaba como contable en la ciudad portuaria de Nouadhibou, la capital económica del país, cuando la policía le detuvo el 2 de enero de 2014 tras publicar un artículo titulado «La religion, la religiosité et les forgerons» (forgerons, casta inferior a la que pertenece la familia del condenado, que agrupa a los artesanos y a los músicos y poetas de tradición oral de Mauritania, y que forma un grupo intermedio entre los nobles y los antiguos esclavos «liberados»), en el que denunciaba la sociedad de castas que sigue vigente en Mauritania, lo mismo que en otros países del oeste africano.
En el texto, que el bloguero borró rápidamente al conocer su acusación, denunciaba «la injusticia» que se comete con su comunidad, injusticia «que antes ya cometió en el siglo VII el profeta Mahoma en persona, cuando intercedió a favor de los árabes y de los suyos contra los judíos y los grupos extranjeros». El artículo fue reproducido en la página web de «Opinion Internationale» (opinion-internationale.com. El medio de comunicación de las libertades y el diálogo de culturas).
El bloguero lleva en la cárcel desde entonces. Su padre, alto funcionario, no quiere saber nada del asunto. Su madre ha dejado de visitarle en la cárcel y ha abandonado la ciudad, oficialmente por enfermedad. Su mujer ha sido reclamada por la familia y el matrimonio se ha anulado. El primer abogado que tuvo le abandonó antes del juicio. Un empresario ha llegado a ofrecer 10 000 euros a quien consiga asesinarle. No obstante, una parte de la sociedad civil está movilizada en la defensa de Ould Mkheitir: la Asociación mauritana de derechos humanos (AMDH), y otras tres organizaciones, pusieron en marcha, en enero de 2014, una petición en Change.org, reclamando su puesta en libertad.
El tribunal de primera instancia de Nouadhibou, capital económica del país, situada a 470 km. al norte de Nouakchott, condenó a muerte al joven bloguero; la sentencia fue ratificada por el tribunal de apelación en abril de 2016; ante el arrepentimiento del reo, que esperaba escapar así a la pena capital, el tribunal cambio la acusación de apostasía por la de herejía.
A lo largo de todo el proceso, muy mediatizado, la opinión pública mauritana ha estado siempre en contra de Cheikh Ould Mohamed Ould Mkheitir, en manifestaciones organizadas cada viernes tras el último rezo; protestas que han contado con el apoyo de los ulemas, unánimes al considerar que blasfemar de Mahoma tiene que castigarse con la muerte, incluso en los casos de arrepentimiento: «Pedimos a las autoridades competentes que hagan lo necesario para aplicar la pena de muerte hasta que Cheikh Ould Mohamed Ould Mkheitir se encuentre bajo tierra». Tan solo el ulema de la Gran Mezquita de Nouakchott, Ahmed Ould Lemrabet, pidió el pasado viernes, en un sermón, que «se deje a la justicia hacer su trabajo».
El digital recuerda que en Mauritania no se ha ejecutado ninguna pena de muerte desde 1987 ; el último caso de ajusticiamiento de un condenado por blasfemia se remonta a 1960, el año de la independencia del país.
El artículo 306 del código penal mauritano establece que «Cualquier musulmán culpable del delito de apostasía, tanto si es palabra como de acción, de forma aparente o evidente, dispondrá de un plazo de tres días para arrepentirse». Si no se arrepiente en ese plazo, será condenado a muerte por apóstata, y el Tesoro del Estado confiscará sus bienes. El mismo artículo prevé que si el condenado «se arrepiente» antes de ser ejecutado, el Tribunal Supremo puede conmutar la pena de muerte por otra de cárcel, de tres meses a dos años, y una multa de 5000 a 60 000 OM (ouguiya mauritana), entre 13 000 y 156 000 euros.
