La Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Relatoría sobre los Derechos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibieron con preocupación las noticias de los asesinatos de Waldomiro Costa Pereira, militante del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), en Parauapebas, Pará, y del cacique Antonio Mig Claudino, de la Tierra Indígena Serrinha, en el norte de Rio Grande del Sur, que ocurrieron el día 20 de marzo.
“Las autoridades deben actuar rápidamente para investigar los motivos y los autores de los asesinatos, y garantizar que esos crímenes no queden impunes”, instó Amerigo Incalcaterra, representante para América del Sur del ACNUDH. Por su parte, el comisionado José de Jesús Orozco, relator sobre los Derechos de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la CIDH, afirmó: «el Estado tiene la obligación de investigar de manera pronta y efectiva ambos homicidios y sancionar a los autores materiales e intelectuales, para mandar un mensaje claro de que estos crímenes no quedarán en la impunidad».
Incalcaterra mostró preocupación ante la situación vulnerable de defensoras y defensores de los derechos humanos en el país, y pidió a las autoridades brasileñas que redoblen sus esfuerzos para protegerlos.
“Brasil es uno de los países más peligrosos para las defensoras y los defensores de derechos humanos, sobre todo a consecuencia de actividades relacionadas a la disputa por tierras, al trabajo decente y a la protección del medio ambiente”, afirmó Incalcaterra. “Esto hace que activistas de derechos humanos que luchan por la reforma agraria, líderes sindicales, campesinos y comunitarios y líderes indígenas, quilombolas y tradicionales se encuentren desproporcionalmente más vulnerables a ataques y amenazas”.
Asimismo, el relator Orozco lamentó el devastador incremento en la violencia contra las personas que defienden el derecho a la tierra, al medio ambiente y los derechos de pueblos indígenas, y deploró las cifras alarmantes de asesinatos de dicho grupo, de particular vulnerabilidad en la región.
Para el representante del ACNUDH, “las y los defensores de derechos humanos necesitan mayor protección en Brasil en la legislación y en la práctica, incluyendo la instalación y funcionamiento eficaz de programas de protección para defensores de derechos humanos a nivel federal y también en los estados”.
José de Jesús Orozco HenríquezEl relator de la CIDH insistió en que las políticas de protección por sí solas no son suficientes para atender la situación de manera integral, y destacó la necesidad de que el Estado desarrolle una política global de protección a defensores de derechos humanos, con enfoque especial hacia la prevención, protección e investigación de ataques en contra de los defensores de la tierra, del medio ambiente y de los pueblos indígenas, de tal manera que puedan seguir desempeñando sin temor su labor fundamental.
Incalcaterra recordó también que en 2018 la ONU celebrará 20 años de la adopción de la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos”, de forma que “cualquier acto de violencia, represión y criminalización contra defensoras y defensores de derechos humanos son condenables por el derecho internacional”.
El representante de la ONU instó a las autoridades competentes a adoptar medidas para valorar el trabajo realizado por defensoras y defensores de derechos humanos en el país, y a que “garanticen que su actuación sea libre de violencia, amenazas e intimidaciones”.
