Tras el asesinato del último periodista, sus colegas han llevado a cabo manifestaciones exigiendo a los gobernadores de los Estados y al Gobierno de Peña Nieto que haga algo para detener la sangría de comunicadores baleados. De paso, les han recordado que denunciar las tropelías de los grupos criminales y de los corruptos que están en el poder, es una sentencia de muerte que, hasta ahora, goza de impunidad que afecta al 90 % de los casos.
Pablo Gómez Álvarez1
Los asesinatos contra periodistas y líderes de derechos humanos, hombres y mujeres, que se han cometido con tanta frecuencia en los últimos años, siguen por lo regular en la impunidad, quizá por encima del 90 por ciento. Mas, las autoridades tampoco explican el posible móvil concreto de cada acción homicida ni a quienes en específico están buscando.
La sociedad tiene derecho a la justicia, pero también al conocimiento de los motivos de tan resonantes crímenes. Sin embargo, el gobierno no se preocupa por la ausencia de información ya que, de por sí, adolece de un grave problema de incomunicación con la ciudadanía.
Habría que tomar en cuenta que, por lo regular, los homicidas no entregan boletines de prensa, pero las autoridades policiales y el Ministerio Público cuentan con aparatos de inteligencia y conocen a las bandas del crimen organizado, lo que les debería también permitir hacer seguimientos precisos de lo que se publica o se declara acerca de aquellas mafias, lo cual es parte de los motivos criminales.
El Gobierno nunca se ha preocupado por aportar datos informativos que sirvan para entender las causas precisas de esos asesinatos, tanto porque no se le exige que los brinde, como porque tiene ciertas excusas legales de las cuales colgarse para mantener su silencio. O, quizá, porque, dentro de sus deficiencias, los oficiales policiales y los agentes ministeriales están tan perplejos ante el crimen organizado como el resto de la sociedad. El nuevo procurador general ha dicho que van a revisar expedientes; es decir, reconoce que está perdido. ¿Acaso esto se escucha en cualquier otro país?
Salvando la cara
La cuestión es aún más grave en tanto que los gobernantes tampoco se sienten obligados a explicar a la sociedad el porqué de tanta impunidad. Los recientes discursos en reunión de Peña Nieto, su gabinete, y los gobernadores, no han brindado al respecto nada nuevo. Se han juntado para que la ciudadanía observe a los políticos más poderosos del país preocupados de los más recientes asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos, pero sólo ha sido publicidad.
Se ha anunciado que ahora sí se hará lo que hace años se prometió. Se dice que la Federación apoyará a las procuradurías locales para que averigüen asesinatos cometidos por bandas que se dedican a cometer delitos federales. Se promete que ya se van a coordinar los «tres órdenes de gobierno», lo que no podrá ser posible mientras se encuentren infiltrados por los delincuentes.
Nada hubo de autocrítica concreta, específica, capaz de cambiar en algo la terrible situación. En tanto los gobernantes no se vean obligados a explicar la impunidad, no habrá cambios positivos en este tema. No lo hacen porque ello les llevaría a hablar de sí mismos pero en términos críticos y no con lamentos, mentiras o vanas promesas. Los reporteros han gritado contra los discursos porque quieren acciones efectivas.
La crisis de violencia ha golpeado desde un principio a defensores de derechos humanos y comunicadores profesionales. Pero las autoridades no nos han explicado si se trata de venganzas de actos concretos. También a este respecto, la falta de certezas de policías y fiscales se ha traducido en desinformación social. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, afirma que los asesinos de Miroslava Breach están identificados; si eso es verdad, entonces que lo publique para que la policía, si acaso, pueda ayudar a aprehenderlos. Algo parecido ocurre con el homicidio de Javier Valdez, que, en principio, está siendo investigado como un asalto a mano armada, mientras el gobernador, Quirino Ordaz, dice que él no sabe nada acerca de la delincuencia organizada y sólo «escucha leyendas que se han creado». Con esos métodos, los cuales nunca se discuten, la impunidad seguirá como una constante de la crisis que azota al país.
Mucha gente ya ha pasado de la preocupación a la indignación y el enojo. No parece haber gobierno mientras las autoridades de distintos niveles callan sobre los hechos concretos, hacen discursos vagos y se culpan entre ellas. Va siendo tiempo de exigir que se nos informe sobre los posibles móviles e identidades de los presuntos asesinos, así como de los elementos que pudieran haber motivado una venganza en contra de los periodistas y los defensores de derechos (hombres y mujeres) que han sido asesinados en estos largos años de desgarradora violencia sobre México.
- Pablo Gómez Álvarez es senador mexicano por el PRD.
