No se puede tapar el sol con el dedo, pero eso parece ser lo que hace continuamente el gobierno mexicano ante las desapariciones, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales de sus ciudadanos.
En diciembre de 2014, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos, un grupo de organizaciones reclamaba al Gobierno de Peña Nieto que implementara acciones para que dejaran de suceder hechos como los de Ayotzinapa. Más de un año después, cada vez se elevan más voces pidiendo lo mismo… y exigiendo, que ya no pidiendo, que busque a los desaparecidos y que explique casos como San Fernando Tamaulipas, Tlatelolco, Tlatlaya, Narvarte… y que no mienta.
Informe de la CIDH sobre derechos humanos en MéxicoAhora, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha publicado un informe titulado «Situación de derechos humanos en México«, cuyo contenido apunta a que hay pocos motivos para pensar que se ha mejorado algo en ese sentido, por más que el ejecutivo intente vender que están implementando medidas que van a ser la panacea.
La CIDH estuvo el año pasado en el país, se entrevistó con la gente y comprobó, in situ, la realidad. Por ello, analiza la grave crisis de derechos humanos que atraviesa México, con particular énfasis en desapariciones y desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, así como la situación de inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia e impunidad.
También aborda la situación de los derechos humanos de algunos grupos especialmente afectados por la violencia en el país, incluyendo defensores y defensoras de derechos humanos, mujeres, pueblos indígenas, niñas, niños y adolescentes, personas migrantes, personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. Tampoco se olvida de los asesinatos, violencia y amenazas contra periodistas, que ha hecho que México sea considerado como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer la profesión.
Avances, pero menos
La Comisión destaca algunos avances desde 2011, pero a los mexicanos les suena a música celestial. Por ejemplo, alaba la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que restringe la jurisdicción militar en los casos en que los elementos de las fuerzas armadas cometan violaciones a los derechos humanos contra civiles. Y los civiles no lo notan.
Ahí tienen las tropelías que denuncian los familiares de jóvenes, y menos jóvenes, que dicen que se “volatilizaron” después de pasar por un control militar. Y nadie les da explicaciones. Al contrario, si preguntan mucho, les amenazan. Y siguen en sus cuarteles de siempre, atrincherados y protegidos. Que se lo pregunten a los investigadores de GIEI, solicitando una y otra vez que les permitan entrar en uno para interrogar a los militares involucrados en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y que, una y otra vez, reciben la misma respuesta: nones.
Otros avances que la CIDH destaca es la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal; la aprobación de los Protocolos de Investigación en Materia de Desaparición Forzada y de Tortura en agosto de 2015; la creación de la Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR), y la creación de una Unidad Especializada del Delito de Tortura en la PGR.
La aprobación de los protocolos para investigar las desapariciones y la tortura está muy bien, o, mejor, es una noticia magnífica, la pena es que ningún funcionario se molesta en dar un paso para buscar a nadie (salvo que sea una fuga, como la de El Chapo, por ejemplo). Son los familiares quienes tienen que buscar, interrogar y encontrar pistas y pruebas. Cuando las llevan a la PGR, tampoco tienen garantías de que, cuanto menos, detengan al culpable o culpables. Y sobre torturas, la lista de agraviados es inmensa, porque es una herramienta al uso para “solucionar” casos. Desgraciadamente, cualquiera puede verse involucrado y obligado a confesar un crimen que no ha cometido, y pasarse años en cárceles inmundas hasta que consiga salir con veredicto de inocente. Si es que lo consigue.
Violencia e impunidad
Por supuesto, la CIDH tiene en cuenta esos “avances” oficiales para mejorar la vida de los mexicanos, pero también asegura que la respuesta estatal sigue siendo insuficiente para enfrentar esta grave crisis de violencia e impunidad. Porque ha recibido información alarmante: el 98% de los delitos en México no llegan a tener una sentencia condenatoria.
La violencia se da en gran parte del país, pero afecta de manera diferenciada a ciertas zonas. Además, está estrechamente relacionada con la presencia de fuerzas militares en las áreas del país de mayor presencia de crimen organizado, narcotráfico y conflictividad.
Tracy Robinson junto al equipo de CIDH escuchan los testimonios de familiares de personas desaparecidas, ejecutadas y/o víctimas de violaciones a los derechos humanos, durante la visita de CIDH en Casa Pastoral San José, en Saltillo, Estado de Coahuila, Sept. 30, 2015, Mexico. (Ginnette Riquelme para CIDH)Desapariciones generalizadas
Durante su visita, la Comisión pudo constatar que la desaparición de personas en grandes extensiones del territorio mexicano ha alcanzado niveles críticos. Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, las personas «no localizadas» en México, al 30 de septiembre de 2015, son 26.798. En agosto de 2014, cifras de la Procuraduría General de la República (PGR) arrojaban 22.322 personas «no localizadas». Las cifras oficiales proporcionadas junto con la información recibida de diversas regiones del país evidencian que las desapariciones son generalizadas en México.
Especialmente grave es la información amplia y consistente recibida por la CIDH sobre la existencia de una práctica de desapariciones forzadas, es decir, a manos de agentes del estado o con la participación, aquiescencia, o tolerancia de las mismas. La respuesta estatal a esta situación presenta graves deficiencias, aseguran en su informe.
«La gente tiene miedo de denunciar por las represalias a las que son sometidas las personas que buscan a sus seres queridos. La madre de un desaparecido nos relató que ha recibido amenazas de que le cortarían la lengua y que encontraría en la puerta de su casa los cuerpos de sus otros tres hijos si insistía en la búsqueda», dijo el presidente de la CIDH, James Cavallaro, y relator para México. «Y cuando se animan a denunciar, las investigaciones adolecen de tantos obstáculos que prácticamente ninguna logra esclarecer lo ocurrido. Incluso recibimos testimonios de familiares a quienes funcionarios de las procuradurías estatales les han pedido dinero para adelantar diligencias».
Una mujer sostiene el retrato de un familiar desaparecido durante la intervención de la Comisionada Tracy Robinson (no mostrada en la imagen) después de reunirse con familiares de personas desaparecidas, ejecutadas y/o víctimas de violaciones de derechos humanos, durante la visita de CIDH en la Facultad Libre de Derecho, en Monterrey, Sept. 29, 2015, Mexico. (Ginnette Riquelme para CIDH)Investigaciones con graves irregularidades
La CIDH detectó fallas profundas en la búsqueda y graves irregularidades en las investigaciones que se llevan adelante por desapariciones. Especialmente grave es la negligencia de las autoridades estatales y locales en las primeras horas a partir de la desaparición de la persona, las cuales son claves a fin de encontrarla con vida.
En el estado de Guerrero, la delegación de la CIDH acompañó a un grupo de familiares de desaparecidos a un terreno donde ellos mismos encontraron fosas comunes clandestinas con restos humanos. Los testimonios que recibió revelan profundos niveles de desconfianza en las autoridades estatales y locales. En repetidas ocasiones, las víctimas afirmaban que la justicia en México es una «simulación», ya sea porque se fabrican culpables o porque las autoridades no aplican la debida diligencia y las actuaciones no producen resultados. La mayoría de los casos de desapariciones están en la impunidad.
Al 30 de septiembre de 2015 en México había 26.798 personas «no localizadas».Homicidios y ejecuciones
En adición al grave problema de las desapariciones, el informe analiza homicidios y ejecuciones extrajudiciales tales como los hechos ocurridos en Tlatlaya, estado de México, el 30 de junio de 2014; Apatzingán, estado de Michoacán, el 6 de enero de 2015; y Tanhuato, estado de Michoacán, el 22 de mayo de 2015, y la prevalencia de la práctica de la tortura. En cuanto a homicidios, cifras hechas públicas por el Poder Ejecutivo el 1 de septiembre de 2015, apuntan a más de 94.000 asesinatos desde el inicio de la actual administración en 2012.
La tasa de homicidios es, desde hace años, superior a 10 por cada 100.000 habitantes, lo cual corresponde a niveles epidémicos de violencia de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS). El Relator Especial de ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, calificó la impunidad en los casos de homicidios como «sistemática y endémica». Asegura que las deficiencias en las investigaciones y la impunidad imperante no permiten establecer con certeza el número de muertes violentas que corresponden a ejecuciones extrajudiciales o al uso excesivo y desproporcionado de la fuerza letal por parte de agentes del Estado. Según fuentes oficiales, en abril del pasado año 2015, la PGR contabilizaba 2.420 investigaciones en trámite sobre tortura, y sólo 15 sentencias condenatorias por este delito a nivel federal.
El ejecutivo también se reunió con los expertos, como muestra de buena voluntad y colaboración
Al ejecutivo mexicano le ha sentado mal, muy mal, el informe de la Comisión, y se apresuró a descalificarlo, pero las organizaciones de derechos humanos lo respaldan, como se ha apresurado a comunicar el Centro Prodh, a quien se han sumado la inmensa mayoría de los colectivos del país involucrados en conseguir justicia. Aprobar esas medidas de las que alardea el Gobierno no es más que atole con el dedo, una expresión mexicana para referirse a la acción de ofrecer algo bueno de forma engañosa, pues sólo se persigue beneficio propio. En ese caso, se trata de redactar unos papeles que “demuestran” avances en derechos humanos, para lavar la imagen internacional y, de paso, esgrimirlo en la campaña presidencial de 2018.
