Tres expertos de derechos humanos de Naciones Unidas1: Michel Forst, relator especial sobre la situación de defensores de derechos humanos, David Kaye, relator especial sobre libertad de opinión y de expresión y Maina Kiai, han pedido al Gobierno de México que respalde el trabajo de los defensores y de las organizaciones de derechos humanos, y que contrarreste activamente la actual campaña de estigmatización puesta en marcha con el fin de socavar su trabajo.
Los expertos del GIE resultan “incómodos” para los estamentos oficiales mexicanos.“Las autoridades mexicanas deberían reconocer públicamente que la defensa de los derechos humanos y de las víctimas de violaciones de sus derechos, no es sólo una actividad legítima, sino fundamental para fortalecer el estado de derecho, la rendición de cuentas ante la justicia, y la democracia en el país”, ha dicho Michel Forst.
La llamada de los expertos se da en el contexto de una ola de críticas en diversos medios mexicanos contra defensores de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y miembros de organismos internacionales que está empeorando el clima que se vive en el país.
En el último mes, a través de una campaña mediática, varios activistas y organizaciones han sido acusados de fraude y corrupción, de defender presuntos delincuentes, y de promover la impunidad realizando falsas denuncias de tortura.
Los relatores de la ONU también indican que varias organizaciones nacionales e internacionales, y expertos involucrados en la investigación del caso de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, incluido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han sido objeto de campañas para desacreditar su trabajo y los resultados de sus investigaciones.
David Kaye, por su parte, ha asegurado que “cualquier atentado contra el trabajo que llevan a cabo los defensores de derechos humanos crea un efecto disuasivo, silenciando otros puntos de vista y expresiones de disenso por parte de quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión y a la libertad de reunión pacífica y de asociación”.
Maina Kiai sentencia que “el Gobierno debe contrarrestar tales ataques y tomar las medidas necesarias para garantizar un ambiente seguro para las personas y la sociedad civil, libre de cualquier tipo de acoso”.
América latina su suma a la petición
Desde la Red Latinoamericana y Caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (Redlamyc), y las Coaliciones que la integran en 19 países de América Latina y el Caribe, también han hecho un llamamiento al Estado mexicano para que se manifieste en contra del discurso de odio que promueven grupos legales e ilegales en contra de los defensores de derechos humanos, y de periodistas críticos con la corrupción, impunidad y uso ilegal de las instituciones. Además, le piden que ofrezca a la mayor brevedad posible señales políticas de apoyo al derecho a defender derechos, el fortalecimiento de los mecanismos de protección, y que sancione de forma contundente a los perpetradores de los ataques mediáticos, especialmente donde participan funcionarios públicos.
En estos momentos, México es motivo de preocupación en la región, ya que, aún con las diversas respuestas oficiales, no se logra detener a grupos de interés dentro de los distintos niveles de gobierno, empresas, grupos de ultraderecha y crimen organizado, quienes con omisión, aquiescencia o complicidad de funcionarios atacan y promueven un discurso de odio contra quienes legítimamente defienden el Estado de Derecho.
Esta campaña ha alcanzado a destacadas organizaciones mexicanas y a determinadas personas, entre las que se encuentra el relator sobre tortura de la ONU, Juan Méndez y Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes recibieron con sorpresa el anuncio de un procedimiento judicial en su contra. José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal le acusó a mediados de marzo de un supuesto fraude por valor de dos millones de dólares (1 755 000 euros). Ante la ola de indignación que levantó este hecho, hace unos días la Procuraduría General (PGR) desestimó la demanda por improcedente.
Para Redlamyc, también sería positivo que el Estado Mexicano renovara el mandato al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa, pues su cometido termina el próximo día 30 de este mes de abril.
- Michel Forst, David Kaye y Maina Kiai, forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los ‘Procedimientos Especiales’ son el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, que reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.
