El nuevo modelo de gestión de la asignación tributaria del 0.7 % del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), pactado entre el gobierno y las comunidades autónomas, a propuesta del ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, es devastador para lo social, según ha calificado el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad).
Este modelo cuenta con la oposición unánime del tercer sector estatal de acción social que supone que el 80 % de los recursos pasarán a las comunidades autónomas y el exiguo tramo estatal solamente contará con un 20 % de los fondos. Este acuerdo, por tanto, provocará un debilitamiento extremo del tejido social de ámbito estatal con la pérdidad de programas coordinados y coherentes de gran alcance para la inclusión y el bienestar de las personas con necesidades sociales y con discapacidad.
Esta decisión ha provocado el rechazo total del CERMI que considera que es profundamente perjudicial para la cohesión social en España, que ignora las demandas del tercer sector de acción social. Por ello, ha anunciado una estrategia de contestación activa, de presión y de incidencia política pra revertirla y para exigir al gobierno, fuentes alternativas de financiación estables, suficientes y seguras para la continuidad de los programas sociales de escala estatal. En esa línea de cooperación consideran prioritario mantener el proceso de diálogo e interlocución entre las plataformas territoriales del tercer sector y las consejerías de servicios sociales. La Asamblea de la Plataforma Tercer Sector-PTS Estatal, de la que forma parte el CERMI votó el 14 de junio en contra del nuevo modelo y lo hizo por unanimidad. La Plataforma había pedido al Gobierno un reparto 50/50 de la recaudación.
«Queríamos un tramo estatal con un bloque de programas, sólidos, amplios, innovadores y que asegurasen el fortalecimiento de las organizaciones del Tercer Sector de ámbito estatal para seguir construyendo un tejido al servicio de políticas sociales transversales basadas en la igualdad, la equidad, la solidaridad y la redistribución», añaden en el texto.
Consideran que deberían establecerse mecanismos de participación e interlocución en la futura revisión del modelo de la subvención 0.7 % IRPF, e incluso la culminación, reorientación y mejora de aquellos aspectos del actual proceso sobre los que exista verdadera voluntad por parte del gobierno de acordarlos con el Tercer Sector, defiende la plataforma en el documento. Solicita además, la participación en el desarrollo de instrumentos complementarios para la financiación de las actividades del tramo estatal y reclama con caracter inmediato, la mesa negociadora del Tercer Sector estatal con el gobierno de forma que se acometa con celeridad los mandatos pendientes de la ley del Tercer Sector de Acción Social.
