Las asociaciones más representativas de los jueces que ejercen en España han presentado una demanda de conflicto colectivo para la supresión del denominado “Mapa Judicial de Riesgos y sistema de alertas” y que se proceda a la regulación de la carga de trabajo de jueces y magistrados a efectos de salud laboral conforme a un criterio de dedicación o rendimiento.
La Ley 31/1995, de 8 noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y de la Directiva 89/391/CEE, de 12 de Junio de 1989, relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, se aplica también a la función pública, y, en el ámbito del personal judicial, a juezas y jueces, que, de acuerdo con el art. 317 del Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial, tiene derecho a la regulación de las cargas de trabajo
Las asociaciones judiciales se sienten legitimadas «para obligar al Consejo General del Poder Judicial, único competente al efecto, a fijar de una vez por todas unos módulos adecuados a la complejidad y necesidades de la sociedad a la que servimos, compatible con el derecho al descanso y a la conciliación de la vida personal y familiar».
Explican haber recurrido a un conflicto colectivo porque a fecha de hoy todavía no existe en el ámbito judicial regulación de la carga de trabajo a efectos de salud laboral y «los criterios que de manera unilateral y provisional pretende emplear el Consejo General del Poder Judicial son completamente ineficaces a los efectos de proteger la salud de los miembros de la carrera judicial, pese a que el Plan de Riesgos Laborales de la Carrera Judicial 2015-2016 prevé dicha obligación».
Argumentan que desde el año 2014 llevan reclamando al Consejo que proceda a cumplir sus obligaciones con una regulación de la carga de trabajo que sustituya los módulos anulados en el 2006: «Lo hemos hechos en negociación con el Consejo, directamente o a través de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud, sin que hasta la fecha no hayamos conseguido más que la implantación de un ‘sistema de alertas’, impropio de un plan de prevención de riesgos y de fijación de cargas de trabajo».
Las asociaciones que han promovido este conflicto colectivo son la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente.
