La Fundación Cermi Mujeres ha reclamado diversas políticas adecuadas que sirvan para terminar con las situación de discriminación y aislamiento que aún hoy sufren las mujeres con discapacidad en todos los países.
Así lo recoge en su boletín Generosidad en su edición trigésimo segunda, en la que aborda las dificultades que existen para que se pueda alcanzar la verdadera igualdad de género que forma parte de los objetivos de desarrollo sostenible. La fundación recuerda el estudio en el que se comprometían los estados miembro de la UE, antes del año 2030, a que todas las mujeres tuvieran los mismos derechos que los hombres; no existieran justificaciones para la violencia de género y hubiera presencia de mujeres en los puestos directivos; cuestiones que hoy, ofrecen grandes dificultades para las que tienen además una discapacidad.
Por otro lado, se remarca el aspecto que otros colectivos han denunciado acerca de las esterilizaciones forzosas contra niñas, práctica intolerable que todavía tiene algunos casos de amparo legal. Para muchas niñas la experiencia de ser madres, supone una negación al acceso a los servicios apropiados y se ven forzadas contra su voluntad, acaso intimidadas, presionadas, violadas e incluso privadas sin saberlo de sus derechos humanos básicos. En ese sentido, desconocen que deben salvaguardar su integridad corporal, controlar su salud reproductiva y ser amparadas por ley. Las consecuencias sociales y psicológicas a largo plazo suponen un problema añadido a estas mujeres si no cuentan con un consentimiento informado; situación a todas luces inadmisible.
Según datos del Consejo del poder judicial se dictan una media de 96 sentencias judiciales autorizando la esterilización de personas con discapacidad previamente incapacitadas en España. En lo que respecta a la esterilización de personas con deficiencia intelectual o mental que hayan sido incapacitadas, la ley permite que ésta se lleve a cabo sin el consentimiento e incluso conocimiento de la persona interesada bajo el precepto de su propio bienestar.
Asimismo recoge la candidatura de Ana Peláez para formar parte del Comité de Naciones Unidas para la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujeres (CEDAW); esta sería la primera vez que una mujer con discapacidad optara a ser directiva de la ONU.
