Las autoridades libias deben entregar inmediatamente a la Corte Penal Internacional a Saif al Islam al Gadafi y al ex jefe de los servicios de inteligencia, Abdalá al Sanussi; así lo ha afirmado Amnistía Internacional.
La organización se reunió con ambos detenidos la semana pasada, antes de que su caso fuera remitido a la Sala de Acusación de Trípoli el 19 de septiembre. Al Gadafi y Al Sanussi están reclamados por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, pero las autoridades libias insisten en que sean juzgados en Libia.
Su caso se ha remitido a la Sala de Acusación junto a los de otros 36 acusados de crímenes relacionados con el conflicto armado.
“Con la remisión de estos casos a la Sala de Acusación, ahora estamos más cerca de la apertura de un proceso judicial nacional contra Saif al Islam al Gadafi, en incumplimiento de la obligación jurídica de Libia de entregarlo a la Corte”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahrahoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
“Es comprensible que las autoridades quieran proceder sin demora y juzgar a estas personas en Libia. Pero estos juicios, como se plantean en la actualidad, no sirven a la justicia. El sistema de justicia de Libia necesita desesperadamente una reforma. Se ha cuestionado seriamente la capacidad de las autoridades para garantizar juicios con las debidas garantías, lo que se suma a la preocupación por la situación de precaria seguridad en el país.
“Ambos hombres deben ser entregados de inmediato a la Corte Penal Internacional. Mientras, Libia debe centrarse en mejorar las condiciones de seguridad y en reconstruir el sistema de justicia del país para que existan en él tribunales justos e imparciales capaces de garantizar los derechos de acusados, víctimas y testigos.”
Amnistía Internacional considera que la entrega de Al Gadafi y Abdalá al Sanussi a la Corte Penal Internacional garantizará rendición de cuentas por los crímenes cometidos durante el conflicto. Los juicios justos son imprescindibles en las situaciones de posconflicto para abordar la impunidad y garantizar justicia a las víctimas de abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho humanitario cometidos durante el conflicto, como bombardeos indiscriminados, ejecuciones sumarias, desplazamientos forzosos ilegales y tortura y otros malos tratos.
Las detenciones arbitrarias, la tortura y otros malos tratos y las desapariciones forzadas que cometen las milicias –incluidas las que teóricamente actúan bajo la supervisión del Estado– siguen fomentando un clima de desgobierno en Libia que aleja todavía más la posibilidad de celebrar juicios justos en el país. Abogados, jueces y fiscales siguen siendo objeto de frecuentes amenazas por parte de estos grupos pero también, en ocasiones, por parte de familiares de víctimas y de la opinión pública. Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de al menos cuatro casos de jueces asesinados y de varios casos de secuestro e intimidación de magistrados.
“El hecho de que las autoridades libias no atiendan los requerimientos de la Corte Penal Internacional es una señal preocupante en cuanto a sus compromisos con la protección y el respeto de los derechos humanos. En 2011, el Consejo Nacional de Transición acogió con agrado la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de remitir la situación al fiscal de la Corte y se comprometió a cooperar con ella”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui.
Hay aproximadamente 8.000 personas privadas de libertad en Libia por cargos relacionados con el conflicto. La inmensa mayoría lleva casi dos años en espera de juicio; muchos no tienen acceso a un abogado y no se han remitido sus casos a la fiscalía. Amnistía Internacional ha pedido a la comunidad internacional que ayude a Libia a reconstruir su sistema judicial para que la justicia y los juicios con las debidas garantías estén garantizados en todo el país.
Entre los detenidos cuyo caso se ha remitido el 19 de septiembre para el inicio de actuaciones preliminares están Al Baghdadi al Mahmudi, exprimer ministro durante el régimen de Gadafi, y varios exaltos cargos y mandos de los diversos cuerpos de seguridad del exmandatario.
Amnistía Internacional ha expresado sus dudas en cuanto a la capacidad del Estado para respetar los derechos fundamentales de los detenidos.
A pesar de que la organización había obtenido permiso para reunirse con Saif al Islam al Gadafi en Zintan el 9 de septiembre, no pudo entrevistarse con él en privado. Tampoco consiguió autorización para visitar el centro de detención donde está recluido actualmente Saif al Islam al Gadafi, y por tanto no pudo hacer una evaluación adecuada de sus condiciones de reclusión.
Para la organización sigue siendo motivo de preocupación que Saif al Islam al Gadafi lleve casi dos años en detención secreta en Zintan bajo custodia de una brigada armada subordinada al Ministerio de Defensa, sin acceso a un abogado, por los cargos a los que se enfrenta en relación con el conflicto. La reclusión prolongada en régimen de aislamiento puede tener efectos perjudiciales para la salud y el bienestar de un detenido.
El 12 de septiembre, Amnistía Internacional pudo reunirse en privado con Abdalá al Sanussi en la prisión de Al Hadba al Jadra, en Trípoli. A pesar de haberlo solicitado reiteradamente, Al Sanussi no ha tenido acceso a un abogado desde que fue extraditado a Libia desde Mauritania hace un año. La organización considera que no se están respetando los derechos de Abdalá al Sanussi –entre otros, a recibir asesoramiento letrado, a tener contacto con el exterior y con otros internos y a recibir periódicamente llamadas y visitas de sus familiares– como los de otros detenidos del centro.
Amnistía Internacional se ha reunido también con Al Baghdadi al Mahmudi en la misma prisión. Según afirmó, recibe buen trato y ha tenido contacto con un abogado, pero a la organización le preocupa que él y los demás procesados en la misma causa resulten condenados a muerte.
Información general
Los 38 detenidos –entre ellos Saif al Islam al Gadafi y Abdalá al Sanussi– cuya causa se ha remitido a la Sala de Acusación el 19 de septiembre están acusados de delitos cometidos durante el conflicto de 2011. Éstos son algunos de los cargos a los que se enfrentan: participar en actividades conducentes a la fragmentación nacional y dirigidas a provocar la guerra civil en el país; incitar a la violación; cometer secuestro y someter a privación de libertad; formar grupos armados; impedir a otros el libre ejercicio de sus derechos políticos recurriendo a la violencia y las amenazas; y cometer homicidios arbitrarios y actos de saqueo y sabotaje. Algunos de estos cargos conllevan la pena de muerte.
La Sala de Acusación, tras examinar el caso, podrá desestimarlo, ordenar otra investigación o remitirlo al tribunal competente si existen pruebas suficientes. Según el derecho libio, la Sala de Acusación es una fase previa al juicio en el proceso de investigación.
Saif al Islam al Gadafi
Saif al Islam al Gadafi está acusado de crímenes de lesa humanidad –asesinato y persecución– por la Corte Penal Internacional, que dictó orden de detención en su contra el 27 de junio de 2011, una vez que el Consejo de Seguridad de la ONU hubo remitido la situación de Libia a la Corte en su Resolución 1970(2011). Fue capturado en noviembre de 2011 por una brigada de Zintan que entonces dependía del Consejo Militar de Zintan. A pesar de los llamamientos de Amnistía Internacional para que lo entregaran a la Corte, al principio las autoridades libias hicieron caso omiso del requerimiento de la Corte. En mayo de 2012, el gobierno libio presentó un recurso ante la Corte para impugnar la admisibilidad de la causa afirmando que Libia quería y podía procesarlo en el país. De conformidad con el artículo 95 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional suspendió su requerimiento de entrega en espera del resultado de la impugnación.
En junio de 2012, los miembros de una delegación de la Corte Penal Internacional que lo visitó en Zintan, entre ellos su abogado defensor, estuvieron tres semanas privados de libertad, acusados de delitos cometidos en su reunión con él. En mayo, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte desestimó la solicitud del gobierno libio de procesar a Saif al Islam al Gadafi ante tribunales nacionales, al concluir que Libia no había demostrado que realmente fuera capaz de investigarlo y procesarlo. Señalaba, en concreto, la incapacidad de las autoridades centrales para conseguir que la brigada de Zintan les traspasara su custodia y para obtener pruebas –especialmente de la tortura de testigos bajo custodia por parte de las milicias–, y el hecho de que no se hubiera designado representación letrada para defenderlo. La Corte Penal Internacional ha decidido que Libia tiene obligación de entregarlo a la Corte ya, aunque esté pendiente un recurso de apelación.
Saif al Islam al Gadafi continúa recluido en un lugar secreto de Zintan. El gobierno sostiene que está bajo la supervisión de la policía judicial y del fiscal general de Libia, y que una brigada de Zintan subordinada al Ministerio de Defensa se encarga de su seguridad. Amnistía Internacional se reunió con el comandante de la brigada en Zintan el 12 de septiembre, antes de reunirse con Saif al Islam al Gadafi, pero no pudo visitar su centro de detención, por lo que no puede confirmar la presencia de ningún agente de la policía judicial. El gobierno no ha sido capaz de conseguir que Saif al Islam al Gadafi pase a la custodia estatal en Trípoli a pesar de que lleva solicitándolo desde enero de 2012. La solicitud más reciente para su traslado a Trípoli se formuló en junio de este año.
Abdalá al Sanussi
Abdalá al Sanussi está acusado de crímenes de lesa humanidad –asesinato y persecución– por la Corte Penal Internacional, que cursó una orden de detención en su contra el 27 de junio de 2011, una vez de que el Consejo de Seguridad de la ONU hubo remitido la situación de Libia a la Corte en su Resolución 1970(2011). Lo detuvieron en Mauritania en marzo de 2012. A pesar de los llamamientos de Amnistía Internacional al gobierno mauritano para que lo entregara a la Corte, Al Sanussi fue extraditado a Libia en septiembre de 2012. Tras la extradición, Amnistía Internacional instó al gobierno a entregarlo a la Corte, pero éste no lo hizo. En abril de 2013, Libia presentó un recurso para impugnar la admisibilidad del caso. En junio, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte suspendió el requerimiento de entrega en espera de la decisión sobre la impugnación. La Corte todavía está estudiando la solicitud de Libia para que Abdullah Al Sanussi sea procesado ante tribunales nacionales. Libia Abdullah Al Sanussi está recluido en la prisión de Hadba al Jadra, en Trípoli. Desde que fue puesto bajo custodia en Libia no ha tenido acceso a un abogado y sólo ha podido recibir la visita de familiares en dos ocasiones, a pesar de que está permitido recibir visitas una vez al mes. Las autoridades de la prisión han reconocido a Amnistía Internacional que Abdalá al Sanussi tiene restringido el contacto con el exterior por motivos de seguridad.
Libia está legalmente obligada a cooperar con la Corte Penal Internacional con arreglo a la Resolución 1970 del Consejo de Seguridad de la ONU.
Al Baghdadi al Mahmudi
Amnistía Internacional se opuso a que Al Baghdadi al Mahmudi fuera extraditado de Túnez en 2012 basándose en que corría peligro de sufrir tortura y otros malos tratos, de ser condenado a muerte en un juicio injusto y posiblemente de ser víctima de una ejecución extrajudicial. Aunque Al Baghdadi al Mahmudi contó a Amnistía Internacional que lo trataban bien y tenía contacto con un abogado, durante una visita a la prisión de Al Hadba al Jadra de Trípoli realizada el 12 de septiembre, a la organización le sigue preocupando que pueda ser juzgado sin las debidas garantías y condenado a muerte.
