Este 2023, en los cuatro meses entre mayo y agosto, fueron asesinados 36 defensores de derechos humanos en Colombia, Brasil, Guatemala, México y Honduras, reportó con alarma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), informa la IPS desde Washington.
La Cidh «expresa su preocupación ante la alarmante y continuada violencia dirigida a personas defensoras de derechos humanos durante el segundo cuatrimestre del 2023, y urge a que los Estados tomen medidas para prevenirla, así como para investigar los hechos y sancionar a los responsables».
El documento destaca que «la mayoría de los asesinatos registrados siguen siendo contra personas que se dedican a la defensa de la tierra, el territorio y/o el medio ambiente».
Entre los meses de enero y abril ya la Cidh había reportado el asesinato de 33 personas defensoras de derechos en la región, considerada la más peligrosa del mundo para los activistas de derechos humanos y ambientales.
El año pasado, la organización Global Witness reportó que de los 177 asesinatos de defensores de derechos ocurridos mundialmente, 139 de ellos ocurrieron América Latina, con el mayor número de víctimas en Colombia (60), seguida de Brasil (34), México (31) y Honduras (14).
La Cidh indica que el drama con esos «números alarmantes» sigue repitiéndose, y en el cuatrimestre mayo-agosto se verificaron 23 asesinatos en Colombia –y otros 36 en proceso de verificación-, cinco en Honduras, tres en Brasil, otros tres en México y dos en Guatemala.
En el caso de Brasil, fueron asesinados dos indígenas activistas en defensa de la tierra y el ambiente de la etnia yanomami, del norte del país, al ser atacada su comunidad en el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, y una activista quilombola (afrodescendiente) en la nordestina ciudad Salvador de Bahia.
En Colombia los crímenes ocurrieron en doce de sus 32 departamentos, y fueron víctimas personas defensoras indígenas, activistas sociales y comunales, y también promotores de los derechos LGBTI.
El documento dice que «el Estado colombiano informó a la Cidh sobre la expedición y puesta en marcha de la política de desmantelamiento de organizaciones responsables de asesinatos y amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos».
También protegería a miembros de partidos políticos de oposición y «personas que hacen parte de la implementación de los acuerdos de paz», suscritos o en negociación entre el gobierno y distintas formaciones guerrilleras y paramilitares.
Esa política «está orientada a la afectación de los eslabones criminales desde una perspectiva de seguridad humana, buscando como fin último la protección y promoción de los derechos humanos de las poblaciones vulnerables», según recogió el texto de la Cidh.
En Guatemala fueron asesinadas en mayo dos defensoras integrantes del Comité de Desarrollo Campesino en San Luis Jilotepeque, departamento de Jalapa (centro-sur), y el Estado guatemalteco informó a la Cidh que el caso está en manos de la Fiscalía.
Al informar sobre los cinco asesinatos en Honduras, al menos dos de ellos en los norteños departamentos de Yoro y Olancho, la Cidh reservó, por razones de seguridad, los nombres de tres de ellos.
Las tres personas asesinadas en los estados mexicanos de Aguascalientes, México y Guanajato, fueron un activista ambiental, un defensor de los derechos LGTBI, y una madre buscadora (de sus hijos desaparecidos, presuntamente por cuerpos de seguridad).
«Ante las elevadas cifras de asesinatos, es urgente que los Estados conduzcan las investigaciones correspondientes de forma exhaustiva, seria e imparcial, y que tomen como primera hipótesis la posible vinculación de la labor de defensa de las víctimas», planteó la Cidh.
Asimismo, «los Estados deben incorporar un enfoque diferenciado de género y étnico-racial en la investigación, juzgamiento, sanción de estos crímenes, y en la implementación de medidas de reparación a familiares con garantías de no repetición», agregó su declaración.
Durante el cuatrimestre considerado, la Cidh también recibió «información sobre discursos estigmatizantes que buscan desacreditar la labor de defensa de derechos humanos en países como Guatemala, México y Venezuela».
«Preocupa especialmente que estos pronunciamientos provengan desde las más altas autoridades de los Estados, quienes de manera pública emiten cuestionamientos y acusaciones sobre la independencia y veracidad sobre el trabajo realizado por organizaciones defensoras de derechos humanos», agregó la declaración.
La Comisión recordó que «las personas defensoras de derechos humanos cumplen un rol fundamental en el fortalecimiento y la consolidación de las democracias», y que la labor de quienes defienden el medio ambiente «es esencial para garantizar el equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo sostenible».
