Amnistía Internacional ha hecho público un comunicado en el que advierte a Francia que las medidas de emergencia que está adoptando como consecuencia de los atentados yihadistas de París deben proteger a la población sin pisotear los derechos humanos y «no deben convertirse en un elemento fijo del arsenal antiterrorista».
“En estos momentos, la protección de la población frente a nuevos ataques inminentes es, con razón, la prioridad número uno. Pero los poderes de emergencia que se están tramitando a toda prisa en el Parlamento otorgan un amplio aumento de los poderes del ejecutivo a expensas de salvaguardias fundamentales de derechos humanos. Esos poderes sólo deben utilizarse cuando sea estrictamente necesario, y no deben convertirse en una adición permanente al arsenal antiterrorista de Francia”, ha manifestado John Dalhuisen, director del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
El estado de excepción de 12 días de duración declarado tras los atentados del 13 de noviembre otorga a la policía toda una serie de poderes adicionales. El proyecto de ley propuesto ayer amplía el estado de excepción otros tres meses e incluye una serie de medidas adicionales.
Entre ellas se encuentran poderes para llevar a cabo registros domiciliarios e imponer arrestos domiciliarios sin necesidad de autorización judicial. Además, se han ampliado los poderes para prohibir asociaciones de forma permanente, y se han prohibido las manifestaciones públicas.
Unas medidas tan extraordinarias sólo pueden ser admisibles en un estado de excepción declarado formalmente, ya que se apartan del derecho penal ordinario y restringen libertades civiles y derechos humanos. Las medidas de emergencia deben ser necesarias y proporcionadas, tanto en su alcance como en su duración. Además, y esto es fundamental, deben ser temporales, deben estar sometidas a vigilancia y deben utilizarse juiciosamente, es decir, sólo cuando sean absolutamente necesarias.
“A medida que pasen los días y que los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley tanto en Francia como en toda la región trabajen con diligencia para llevar a los responsables ante la justicia y evitar amenazas inminentes, será preciso reevaluar cuidadosamente la necesidad de unos poderes de emergencia que se apartan del derecho ordinario y conculcan derechos humanos. Resulta paradójico suspender derechos humanos para defenderlos”, ha manifestado John Dalhuisen.
Entre los cambios legislativos a largo plazo más problemáticos propuestos por el presidente Hollande se encuentran una revisión de las reglas sobre el uso de la fuerza letal y una ampliación de los ya de por sí amplios poderes de vigilancia en Francia. El presidente también ha propuesto privar de su nacionalidad francesa a las personas con doble nacionalidad, prohibir la entrada y estancia en el país a determinadas personas, y recurrir a métodos acelerados de expulsión para los extranjeros considerados sospechosos de ser una amenaza para la seguridad. Algunos políticos de oposición también han pedido que se otorguen poderes para detener preventivamente a sospechosos de ser una amenaza para la seguridad nacional.
“Una y otra vez, hemos presenciado cómo las medidas de emergencia se amplían y se codifican hasta convertirse en parte integrante del derecho ordinario, reduciendo cada vez más los derechos humanos. A largo plazo, la perniciosa ideología que subyace bajo los atentados de París sólo podrá derrotarse defendiendo y sustentando los valores fundacionales de la República Francesa”, ha manifestado John Dalhuisen.
“En su discurso del lunes al Parlamento, el presidente Hollande afirmó con audacia el compromiso de Francia de acoger a las personas refugiadas que huyen de los conflictos, la persecución y el mismo horror que azotó las calles de París. Esta visión de principios debería hacerse extensiva a la lucha a largo plazo contra el terrorismo”, sostiene Dalhuisen.
