Con al menos veinte personas defensoras de derechos humanos y cuatro periodistas asesinadas en enero, el primer mes de 2022 ha demostrado nuevamente el peligro que representa la defensa de los derechos humanos y el periodismo en América Latina, indica Amnistía Internacional.
«El asesinato de veinte personas defensoras de derechos humanos y cuatro periodistas en apenas un mes es alarmante y muestra un escenario aterrador de lo que puede ser el año para quienes alzan la voz defendiendo derechos humanos en las Américas, si los Estados no toman acción urgente para revertir esta tendencia», dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistia Internacional.
Agregó que «debemos construir un futuro donde defender los derechos humanos en este continente no signifique arriesgar la vida. Es imperioso que los Estados tomen medidas urgentes para garantizar un espacio seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos y el periodismo independiente en la región, y que éstas dejen de ser actividades letales».
Los asesinatos han ocurrido justamente en los países considerados más peligrosos para la defensa de derechos humanos en años anteriores: trece en Colombia, tres en Brasil y tres en Honduras, mientras que una defensora y cuatro personas periodistas han sido asesinadas en México, el país más letal del continente para ejercer el periodismo.
De las veinte personas defensoras asesinadas, dieciocho se dedicaban a la defensa de derechos humanos relacionados al acceso a la tierra y la protección de los territorios y el medio ambiente.
«Los Estados tienen la obligación de investigar los asesinatos de manera pronta, exhaustiva independiente e imparcial, y con una línea de investigación principal que considere la labor de defensa de los derechos humanos o actividad periodística. Eliminar la impunidad en estos casos es crucial para lograr un entorno seguro para defender derechos humanos y enviar un mensaje claro que estos actos no son tolerados», dijo Erika Guevara Rosas.
Honduras
El 9 de enero, dos hombres desconocidos asesinaron a Pablo Isabel Hernández, líder Indígena, comunicador social, y defensor de los derechos humanos y ambientales, mientras se dirigía a una Iglesia en el municipio de San Marcos de Caiquín, departamento de Lempira. De acuerdo con el Comité de Familiares Detenidos-Desaparecidos de Honduras, Pablo había sido víctima de múltiples amenazas por su trabajo de defensa de derechos humanos, en particular por sus denuncias en la radio comunitaria que trabajaba.
El día siguiente, Thalía Rodriguez, defensora trans de derechos humanos, fue asesinada en Tegucigalpa. Thalía desempeñó su activismo desde diversas organizaciones como la Asociación Kukulcán, Cattrachas, Colectivo Violeta y Cozumel Trans, entre otras, desarrollando labores de sensibilización en derechos humanos, liderando grupos de autoapoyo y promoviendo alternativas laborales al trabajo sexual a mujeres trans.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó de que, el 22 de enero, Melvin Geovany Mejía, indígena tolupán y defensor del territorio, fue encontrado muerto con heridas de arma de fuego en el municipio Morazán, departamento de Yoro.
Colombia
De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, trece personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en Colombia en enero, todas ellas vinculadas a la defensa de la tierra, el territorio y el ambiente. Aunado a ello, el Instituto ha documentado trece masacres que han resultado en la muerte de cuarenta personas que viven en zonas rurales en Colombia.
Una de las personas defensoras asesinadas fue Luz Marina Arteaga. El 17 de enero, su cuerpo fue encontrado sin vida, luego de estar desparecida por cinco días. Luz Marina fue una reconocida defensora de los derechos de comunidades campesinas en el departamento del Meta. Amnistia Internacional había visitado su casa en el municipio de Puerto Gaitán en 2019. En aquella ocasión, Luz Marina mencionó que la situación en la zona era compleja por el abandono histórico del Estado que resultó en la invasión de territorios Indígenas y campesinas por parte de grupos armados ilegales, lo que contribuía a una serie de amenazas y ataques a líderes y lideresas sociales en el Meta.
Luz Marina contaba con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección desde abril de 2019. Sin embargo, las medidas otorgadas, mayormente de carácter material, no mitigaban el riesgo que enfrentaba. En octubre de 2019, Luz Marina denunció a la fiscalía amenazas en su contra y en 2020, comunicó a la UNP que una de las medidas no era culturalmente adecuada a la región que ella vivía.
El 24 de enero, el Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos (TDVD) denunció el asesinato de Albeiro Camayo Güetio, excoordinador regional de la guardia indígena en el resguardo de Las Delicias, municipio de Buenos Aires, en el Cauca. De acuerdo con la información del TDVD, Albeiro Camayo murió cuando presuntos miembros de un grupo paramilitar dispararon en contra de la comunidad después de que la guardia indígena les expulsara del territorio.
Amnistia Internacional ha denunciado las políticas fallidas de prevención y protección que contribuyen a un ambiente inseguro para la protección de personas defensoras de derechos humanos en Colombia.
«La protección de comunidades Indígenas, campesinas y afrodescendientes en Colombia es ineficaz porque no aborda las causas estructurales de la violencia y comúnmente se da sin la debida participación de quienes están en riesgo. Las personas defensoras de comunidades en riesgo están en una constante situación de desprotección, por lo que las amenazas, ataques y asesinatos son constantes en el país considerado el más peligroso para defender derechos humanos en el mundo», dijo Erika Guevara Rosas.
Brasil
El 9 de enero fueron hallados los cuerpos de tres personas de una misma familia conocida por liberar crías de tortugas y por la defensa de la tierra y la protección ambiental en San Francisco do Xingú, estado de Pará.
El 14 de enero, el Ministerio Público Federal (MPF) afirmó que los hechos se enmarcaron en un contexto de reiterados ataques a personas ecologistas y defensoras de derechos humanos en el país.
El MPF también solicitó información a la Policía Militar sobre las providencias tomadas para la protección de familiares de las víctimas, así como de las demás personas defensoras de derechos humanos en la región.
México
Las personas periodistas José Luis Gamboa Arenas, Lourdes Maldonado, Alfonso Margarito Martínez Esquivel y Roberto Toledo fueron asesinadas en enero.
Amnistia Internacional considera que el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente en un entorno sin amenazas, agresiones físicas, psíquicas o morales, u otros actos de intimidación y hostigamiento. El gobierno mexicano debe tomar medidas concretas, prontas y eficaces para garantizar la vida y la seguridad de las personas que ejercen el periodismo en México, así como investigar estos asesinatos.
El 27 de enero, la defensora Ana Luisa Garduño fue asesinada en Temixco, Morelos. Ana Luisa luchaba por justicia por el feminicidio de su hija. Amnistia Internacional ha demostrado que México es un país peligroso para las familias que buscan justicia en casos de feminicidio.
«Nuestra región sigue siendo la más peligrosa para la defensa de los derechos humanos y el periodismo independiente, porque las personas defensoras y periodistas amenazan los intereses políticos y económicos de unos cuantos, mientras que los estados se mantienen indolentes y negligentes ante la violencia que enfrentan. Es momento de actuar, de lo contrario, se seguirán perdiendo vidas que son imprescindibles para construir una región igualitaria y justa, donde los derechos humanos sean una realidad», concluyo Erika Guevara Rosas.
