Una reconstrucción realizada por SITU Research y Amnistía Internacional detalla cómo las fuerzas de seguridad colombianas agredieron a manifestantes pacíficos en el barrio Siloé de la ciudad de Cali el 3 de mayo 2022. En medio de esta violencia, tres jóvenes fueron asesinados a tiros.
«Nuestra meticulosa reconstrucción digital de los hechos de Siloé revela cómo las fuerzas de seguridad colombianas atacaron intencionalmente a las personas que se manifestaban pacíficamente con el fin de castigarles, herirles y asesinarles. Crucialmente, a través del gran volumen de datos que sintetizamos, pudimos demostrar que la policía no enfrentaba una amenaza inminente de violencia y que su uso de armas letales no estaba justificado. El saldo de su uso excesivo de la fuerza fue la vida de Kevin Agudelo y otros dos jóvenes», dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El Laboratorio de Pruebas de Crisis de Amnistía Internacional y SITU Research analizaron más de doscientas piezas audiovisuales y entrevistaron a varios testigos para verificar los detalles de la «Operación Siloé».
Esta incursión conjunta de miembros de la Policía Nacional, del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional de Colombia (GOES), tuvo como objetivo a quienes hacían parte de un acto de memoria en la rotonda de La Glorieta del barrio Siloé. Esa noche se registraron al menos tres muertes por herida de arma de fuego, incluyendo la de Kevin Agudelo, un futbolista prometedor de veintidós años, más cientos de personas lesionadas y varias detenidas arbitrariamente.
«Cada video y testimonio de los testigos relata una perspectiva única de la noche. Algunos describen momentos comunales de recuerdo, otros muestran escenas caóticas de armas desplegadas desde aparentemente todas las direcciones, y otros capturan las heridas sangrientas de los manifestantes que son llevados para recibir tratamiento. Cuando se agregan en el tiempo y el espacio, estas experiencias construyen una imagen sintetizada de lo que ocurrió el 3 de mayo: un asalto cuidadosamente orquestado a una vigilia pacífica», dijo Bora Erden, investigador principal de SITU Research.
Amnistía Internacional encontró pruebas que indicaban que se había utilizado munición real contra los manifestantes, como fotos de casquillos, agujeros de bala y el sonido de disparos. La organización verificó vídeos tomados antes del ataque y pudo determinar que había agentes de Policía presentes cerca del lugar de la muerte de Kevin y que estaban disparando rifles Tavor 5,56 mm. La evidencia demuestra que no había ninguna amenaza inminente de violencia que no pudiera ser razonablemente abordada por parte de la fuerza pública con medidas más proporcionadas.
«No teníamos ningún tipo de protección y no pudimos alejarnos antes de que los disparos y los gases lacrimógenos comenzarán a salir desde diferentes puntos… fue desmedido, no estábamos armados ni teníamos cómo responder a ese arsenal… usaron fusiles que usan para la guerra, lo único que pudimos hacer era correr para salvar nuestras vidas, entre nosotros estaba Kevin», dijo un testigo a Amnistía Internacional.
El Cuerpo de Verificación Digital de Amnistía Internacional confirmó la presencia de dos helicópteros en la zona, mientras que los testigos describieron el uso de gases lacrimógenos de forma ilegitima y excesiva a través de Venom, un sistema de armas cuyo uso prescrito es dispersar a una multitud violenta. Dado que las fuerzas de seguridad lo utilizaron de noche, desde arriba, y sobre manifestantes pacíficos que no sabían hacia dónde dispersarse, su uso fue injustificado e inapropiado. Más que un intento legítimo de restablecer el orden público, esta forma de usar gases lacrimógenos indica la intención de facilitar un ataque de carácter militar.
«Las fuerzas de seguridad conocían la capacidad mortífera de sus armas y aun así dispararon a discreción en un lugar donde se encontraban jóvenes, niños y personas adultas que tuvieron que correr por su vida. La puesta en marcha de una operación de esa magnitud, como si se tratara de una confrontación con actores armados y no de una protesta pacífica, da cuenta del tratamiento de guerra que se implementó en Cali como respuesta a las protestas en el contexto del paro nacional», dijo Erika Guevara Rosas.
Agregó que «esperamos que la Fiscalía avance en la investigación de la muerte de Kevin Agudelo y de las otras graves violaciones de derechos humanos cometidas en la Operación Siloé y, de existir pruebas suficientes y admisibles contra las personas sospechosas de responsabilidad penal, someterlas a un proceso justo ante los tribunales civiles ordinarios. Este es el primer paso para construir una Colombia donde los derechos humanos se respetan, es imperativo que no prevalezca la impunidad ante estos graves delitos».
Información adicional
Amnistía Internacional ha documentado ampliamente la actuación represiva de la Policía Nacional en el contexto del Paro Nacional del 2021, incluido el uso excesivo de la fuerza, desapariciones y violencia sexual contra manifestantes, y ataques contra Pueblos Indígenas.
En el informe Cali: En el epicentro de la represión el julio pasado, Amnistía Internacional documentó represión ilegal, paramilitarismo urbano, detenciones ilegales y tortura contra manifestantes pacíficos y apuntó a los verdaderos objetivos detrás de esta represión: infligir miedo, desincentivar la protesta pacífica y en última instancia castigar a quienes exigen cambios en el país.
En noviembre, en conjunto con las organizaciones locales Temblores y PAIIS, Amnistía Internacional publicó otro informe, Tiros a la Vista, que documentó 13 casos de víctimas de lesiones oculares y analizó más de 300 piezas audiovisuales sobre el actuar desproporcionado y represivo del ESMAD desde el 28 de abril al 20 de octubre.
