Sanciones laborales financian apoyo a refugiados y migrantes en la Amazonia brasileña
Los refugiados colombianos que llegan a Brasil pasando por la ciudad fronteriza de Tabatinga, Amazonas, están entre los beneficiarios de los recursos recaudados por el Ministerio Público del Trabajo y girados a la Pastoral de Movilidad Humana.
Recursos recaudados por el Ministerio Público del Trabajo (MPT-AM) en el estado de Amazonas, Brasil, por medio de la aplicación de sanciones por incumplimientos laborales están apoyando el trabajo de la Pastoral de Movilidad Humana con refugiados, migrantes haitianos y mujeres detenidas en la ciudad de Tabatinga, que se encuentra en la frontera de Brasil con Colombia y Perú, en plena selva amazónica, informa Sebastian Roa (Acnur) desde Manaos.
El MPT-AM se ha comprometido a liberar fondos por un total de R$50.000 (cerca de US$21.800), de los cuales R$18.000 ya fueron girados hasta la fecha, en virtud de un acuerdo estipulado con el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR). La Pastoral de la Movilidad Humana es el socio implementador del ACNUR en Tabatinga en la asistencia a los solicitantes de asilo, quienes en su mayoría proceden de Colombia.
Tabatinga es una de las puertas de entrada de los solicitantes de asilo en la Región Norte de Brasil, y también lugar de tránsito de muchos migrantes haitianos que se han desplazado fuera de su país a raíz del terremoto de 2010. En 2012, el 11% de las llegadas de solicitantes de asilo en Brasil fue registrado en la Región Norte del país. En 2013, fueron más de 160 las solicitudes registradas en la región.
Los solicitantes de asilo que llegan a Tabatinga son, en su mayoría, núcleos familiares procedentes principalmente de Colombia, pero también del continente africano. En la mayoría de los casos se ha observado que el padre de familia llega primero y después llegan la esposa y los hijos. Muchas de estas familias ya pasaron por una experiencia de desplazamiento interno en su país de origen, y tienen como objetivo llegar a la cuidad de Manaos, capital del estado de Amazonas. Sin embargo, la mayor población actualmente atendida por la Pastoral es la de migrantes haitianos: solo este año ya llegaron más de 1.150 ciudadanos del país caribeño.
El procurador del MPT-AM Ilan de Souza explica que los recursos provienen de una multa aplicada a un empleador de la ciudad de Manacapuru, a 84 km de Manaos, que incumplió un plazo para ponerse en regla con cuestiones laborales relativas a sus dependientes. Por eso fue sancionado y pagó la multa para no ser inscrito en el registro nacional de infractores y para que sus bienes no fueran confiscados.
Para Souza, iniciativas como esta fortalecen los vínculos entre el Ministerio Público y las instituciones que trabajan con la población migrante, especialmente en las zonas de frontera. “Esta es una cuestión que afecta directamente el Amazonas y es necesario apoyar las entidades que trabajan con estas poblaciones”, afirmó.
Con el apoyo del ACNUR en Manaos, el procurador conoció el trabajo de la Pastoral de Movilidad Humana de Tabatinga. “Tomé conciencia de la falta de recursos para acciones tan importantes en la frontera, lo que dificultaba la compra de pasajes de barco para los solicitantes de asilo y hasta hacer llamadas telefónicas. Vi muy difícil la situación y decidí ayudar a la Pastoral”, dijo Souza.
La coordinadora de la Pastoral de Movilidad Humana en Alto Solimões, la hermana Patrícia Licandro es encargada de administrar los recursos que están siendo girados por el MPT-AM. Según ella, el flujo de extranjeros que entran por la frontera viene aumentando – lo que vuelve la necesidad por recursos mucho mayor.
La Pastoral asiste a los solicitantes de asilo en el proceso de expedición de documentos por parte de las autoridades migratorias e financia la compra de pasajes para que puedan dejar Tabatinga en barco, en dirección a Manaos – donde serán asistidos por la Cáritas Arquidiocesana de la ciudad, que también es socio del ACNUR. “también ofrecemos hospedaje cuando tenemos recursos. Pero el trabajo es difícil, pues la Pastoral vive de donaciones”, cuenta la hermana Patrizia, una monja de la orden de las Ursulinas de San Carlos, que trabaja en Tabatinga desde 2005.
Ella define la donación del MPT-AM como una “grande ayuda”, pues facilitará el trabajo en la frontera. “Además de apoyar las actividades con los refugiados, organizamos talleres de pintura y artesanías con la población carcelaria femenina y cubriremos los gastos de pasajes, alimentación y estadía de los inmigrantes haitianos que llegan al Brasil a través de esta frontera”, afirma la religiosa. Ella dice también que será posible hacer un trabajo más “articulado e preventivo” y agradece el apoyo del ACNUR: “sin la mediación del ACNUR, esa donación no sería posible”.
La transferencia de recursos provenientes de sanciones por incumplimientos laborales a instituciones de la sociedad civil y otras entidades públicas es realizada por el MPT, con base en una decisión tomada por los mismos procuradores, con el consentimiento del poder judicial. En estas solicitudes, los procuradores indican que los recursos sean destinados a una entidad determinada, previa autorización del juez, aplicando criterios objetivos.
Para el procurador Ilan Souza, el Ministerio Público del Trabajo podría replicar esta iniciativa en otros estados. “No hay motivos para que esto no se desarrolle. El Ministerio Público del Trabajo tiene que ser de todos los trabajadores: refugiados, extranjeros y brasileros”, completa Souza, que planea crear una campaña de información pública para sensibilizar la población sobre temas como trabajo extranjero y trabajo esclavo.
