La sociedad hondureña sigue impactada y sin dar crédito al trágico destino del periodista y profesor universitario Aníbal Barrow, cuyo cuerpo fue desmembrado y dispersado en los alrededores de una laguna en la región de Villanueva, en el norteño departamento de Cortés, informa Thelma Mejía (IPS) desde Tegucigalpa.
A Barrow, de 65 años, lo secuestraron el 24 de junio en la ciudad de San Pedro Sula, la capital departamental ubicada 450 kilómetros al norte de Tegucigalpa, cuando se desplazaba en un vehículo en compañía de familiares. Lo llevaron hacia los cañaverales que rodean la laguna de la comunidad de Siboney, en Villanueva, donde se encontraron sus restos 15 días después.
Analistas sociales sostienen que el asesinato refleja que Honduras sufre un tipo de «violencia de alto perfil», en la que los periodistas aparecen como víctimas predilectas para sembrar terror. Ya suman 29 los trabajadores de los medios de comunicación muertos en el ejercicio de su función en los últimos tres años y medio.
«Estamos ante un tipo de violencia que no se vivía hace 15 años, se observan cambios en la forma de operar del crimen. Esta acción responde más a un mensaje del crimen organizado en el siglo XXI que dista mucho del bandolerismo hondureño del siglo XIX», dijo a IPS el historiador y analista social Rolando Sierra.
«Es una violencia de alto perfil. Las víctimas ya no son ciudadanos comunes sino conocidos periodistas, pastores evangélicos, abogados o activistas humanitarios, es decir que la violencia se expande hacia sectores que impactan más en la colectividad», agregó.
Atónitos y con la voz quebrada, los periodistas que cubrieron la recuperación de los restos de Barrow relataron cómo bajo tierra encontraron su ropa, sus documentos personales y, más adelante, en una especie de dique, partes del cuerpo envueltos en bolsas, mientras en otro lado seguían apareciendo otros restos, algunos incluso con partes quemadas.
«Fue un hecho cruel y abominable», dijo el comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, mientras el periodista Jorge Oseguera, amigo de Barrow y corresponsal de la radio capitalina HRN, no daba crédito a «este hecho macabro».
Con su voz entrecortada, Oseguera dijo que «nosotros, que estamos en los medios de comunicación, nos hemos acostumbrado ya a la violencia, pero cuando toca a un personaje cercano, a un colega, a un amigo, solo se puede decir que estas máquinas de matar no tienen piedad por nadie».
El periodista asesinado, que en los últimos ocho años fue empleado del Estado, rentaba además un espacio en el canal Globo TV, de la capital, donde tenía un programa de opinión llamado «Aníbal Barrow, nada más», e impartía clases de matemáticas en el centro regional de San Pedro Sula de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Las autoridades han detenido a cuatro sospechosos, pero se presume que hay diez implicados en el hecho, según versiones de un testigo protegido que fue parte del grupo de sicarios contratados para la ejecución, informó el director de fiscales del Ministerio Público, Roberto Ramírez Aldana, sin develar aún las causas del crimen.
Honduras registra un promedio diario de 20 asesinatos y su tasa anual de homicidios llegó en 2012 a 85,5 por cada 100.000 habitantes.
La Secretaría (ministerio) de Seguridad ha anunciado que la meta para este año es bajar a 80 asesinados cada 100.000 habitantes. En ese marco, las autoridades no hablan con la prensa desde hace dos meses y solo informan a través de comunicados oficiales, en los que no se mencionan los asesinatos.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos contabiliza 36 periodistas asesinados desde 2002, pero 29 de esas muertes, incluida la de Barrow, ocurrieron durante el gobierno del derechista Porfirio Lobo, quien asumió en enero de 2010.
La impunidad es el factor común en estos casos. Solo uno de ese total de crímenes tiene culpables con sentencia firme. El fiscal Ramírez, empero, es optimista esta vez y espera, según afirmó, que la muerte atroz de Barrow se pueda resolver pronto gracias a la acumulación de pruebas contundentes.
Honduras está considerado un país de alto riesgo para ejercer el periodismo. El total de muertes se concentra en 10 de los 18 departamentos, en su mayoría en los llamados «territorios calientes» del narcotráfico.
Para el periodista y profesor universitario Miguel Martínez, «la saña con que mataron a Barrow nos remonta a la Colombia de los años 90 o al México de hoy, así como a ese debate por abrir entre crimen organizado y extradición, en donde no se está ejerciendo la mejor práctica del periodismo de opinión».
«Hay mucha tela por cortar. Uno pensaría que el mensaje es del crimen organizado, por el patrón que usan, pero ha llegado también el momento de la prensa de saber cómo comportarse ante la avalancha que se viene y cuáles son los protocolos de seguridad a utilizar», indicó.
Bertha Oliva, activista humanitaria, dijo a IPS que se está «ante un irrespeto a la vida, a la libertad de expresión y a quién es el enlace entre la sociedad y el Estado. Hay que llegar al fondo, saber por qué lo mataron».
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