Amnistía Internacional ha hecho público un documento en el que sostiene que el número de personas ahogadas en el Mediterráneo o trasladadas a míseros centros de detención en Libia ha aumentado como consecuencia de las políticas europeas encaminadas al cierre de la ruta del Mediterráneo central.
En Between the devil and the deep blue sea. Europe fails refugees and migrants in the Central Mediterranean, Amnistía Internacional revela los efectos demoledores de unas políticas que han causado más de 721 muertes en el mar sólo en junio y julio de 2018. Pone de relieve las nuevas políticas italianas que han dejado a gente abandonada en el mar durante días, y analiza cómo varios países de la Unión Europea (UE) están conspirando para contener a las personas refugiadas y migrantes en Libia, donde están expuestas a sufrir tortura y abusos.
“El número de muertes en el mar ha crecido, aunque el dato sea insignificante respecto al número de personas que han intentado cruzar el Mediterráneo en meses recientes. La responsabilidad de este aumento en el número de muertos recae directamente en unos gobiernos europeos más preocupados por mantener a la gente fuera de su territorio que en salvar vidas”, ha dicho Matteo de Bellis, investigador de Amnistía Internacional sobre asilo y migración.
“Las políticas europeas han capacitado a la guardia costera libia para interceptar a personas en el mar, han restado prioridad a los rescates y han obstaculizado el trabajo vital de las ONG de salvamento. El reciente aumento del número de muertes en el mar no es sólo una tragedia; es una vergüenza”, ha dicho Matteo de Bellis.
Al aumento de los ahogamientos se suma un brusco incremento del número de personas recluidas arbitrariamente en centros de detención abarrotados de Libia. El número de personas detenidas se ha multiplicado más del doble en los últimos meses, pasando de unas 4400 en marzo a más de 10 000 a finales de julio, entre las que había alrededor de 2000 mujeres y menores de edad. Prácticamente todas fueron conducidas a los centros tras su interceptación en el mar y traslado a Libia por la guardia costera de este país, equipada, entrenada y apoyada por gobiernos europeos.
“Gobiernos europeos actúan en colusión con las autoridades libias para contener a refugiados y migrantes en Libia, a pesar de los terribles abusos que pueden sufrir a manos de la guardia costera libia y en los centros de detención de ese país. Los planes para extender esta política de externalización a toda la región son profundamente preocupantes”, ha dicho Matteo de Bellis.
El año pasado, los gobiernos de Europa no lograron ponerse de acuerdo para introducir unas reformas fundamentales en el sistema de Dublín que habrían ayudado a evitar disputas sobre el desembarco en Europa de las personas rescatadas en el mar.
La reacción de Italia fue empezar a denegar la entrada en sus puertos de los barcos que transportaban a personas rescatadas. Esta nueva política se aplica específicamente a barcos de las ONG, buques comerciales e incluso barcos de armadas extranjeras.
Debido a retrasos innecesarios en los desembarcos, personas que necesitaban asistencia urgente —heridos, embarazadas, sobrevivientes de tortura, personas traumatizadas por naufragios y menores no acompañados— fueron obligadas a permanecer varios días en el mar.
“Con su cruel decisión de negar a refugiados y migrantes el desembarco en sus puertos, Italia está utilizando vidas humanas como bazas de negociación. Se ha dejado abandonadas en el mar a personas desesperadas, sin comida, agua ni abrigo suficientes, mientras que Italia trata de incrementar la presión política en favor del reparto de la responsabilidad con otros Estados europeos”, ha afirmado Matteo de Bellis, quien añade:
Por si fuera poco, las autoridades italianas y maltesas han difamado, intimidado y criminalizado a las heroicas ONG que intentan salvar vidas en el mar, les han denegado el permiso de atraque e incluso han confiscado sus barcos.
Italia y los Estados e instituciones de Europa deben actuar con urgencia para dar prioridad al salvamento marítimo, y garantizar que las personas rescatadas son desembarcadas sin demora en países donde no estén expuestas a sufrir graves abusos y puedan solicitar asilo.
En el documento se describen también casos recientes en los que se han denunciado quebrantamientos del derecho internacional, entre ellos un caso registrado entre los días 16 y 17 de julio, cuando la ONG Proactiva encontró a una mujer aún con vida y dos cadáveres en los restos de un barco hundido tras la intervención de la guardia costera libia, y el reenvío forzado de 101 personas a Libia por el buque mercante italiano Asso Ventotto el 30 de julio.
“Estos casos tan graves deben ser investigados debidamente y sin demora; ponen de relieve las mortíferas consecuencias de las políticas de Europa”, ha afirmado Matteo de Bellis.
“Los gobiernos de Europa deben salir del círculo vicioso de cierre y externalización que han creado, y en su lugar invertir en políticas que pongan orden en el sistema ofreciendo oportunidades seguras para viajar a Europa a las personas refugiadas y migrantes”, concluye.
