Inés M. Pousadela[1]
En junio 2024, el Tribunal Supremo de Namibia anuló dos artículos de la Ley de Delitos Sexuales que penalizaban las relaciones sexuales consentidas entre hombres, por considerarlos inconstitucionales.
Aunque casi nadie ha sido condenado durante décadas, el hecho de que sus relaciones estuvieran penalizadas obligaba a los hombres homosexuales a vivir con miedo, perpetuaba el estigma y les negaba el reconocimiento como titulares de derechos, permitiendo la discriminación, el acoso y los abusos.
Al despenalizar las relaciones entre personas del mismo sexo, Namibia sigue los pasos de Mauricio, que lo hizo en 2023.
En ambos países, la penalización de las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo se remontaba a la época colonial. Los señores coloniales imponían estas disposiciones penales y los países solían mantenerlas en el momento de la independencia, mucho después de que el Reino Unido hubiera cambiado sus leyes.
Namibia se independizó de Sudáfrica en 1990, pero mantuvo las disposiciones penales que este país heredó del Reino Unido.
Sudáfrica despenalizó las relaciones homosexuales entre hombres en 1994 (el sexo entre mujeres nunca estuvo penalizado) y reconoció el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2006. Pero Namibia no había seguido el mismo camino… hasta ahora.
Un panorama regional preocupante
Tras la despenalización de las relaciones homosexuales, Namibia ocupa el puesto 56 de 196 países en el Índice de Igualdad de Equaldex, que clasifica a los países en función de su compatibilidad con la comunidad LGBTIQ+.
Solo tres países africanos ocupan puestos más altos: Sudáfrica, Cabo Verde y Seychelles.
En la actualidad, 66 países de todo el mundo penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo: 31 en África, 22 en Asia y Medio Oriente, seis en el Pacífico y cinco en el Caribe.
Un número desproporcionado son miembros de la Mancomunidad de Naciones, la Commonwealth, la alianza formada en su mayoría por países colonizados por el Reino Unido.
Trece de los veintinueve países de la Commonwealth que penalizan las relaciones homosexuales son africanos. Ello suele conllevar duras penas de prisión, hasta catorce años en Kenia y hasta cadena perpetua en Sierra Leona y Tanzania. En el norte de Nigeria y Uganda puede aplicarse la pena de muerte.
Algunos Estados africanos de la Commonwealth que han penalizado durante mucho tiempo las relaciones entre personas del mismo sexo, como Ghana, Kenia y Uganda, están viviendo una fuerte reacción conservadora.
Normalmente, los pequeños avances en materia de derechos han provocado respuestas desproporcionadas por parte de las fuerzas contrarias a los derechos, que afirman que los derechos LGBTIQ+ forman parte de un programa occidental importado, ello a pesar de que lo que se importó fue la penalización, y de que la reacción contraria a los derechos está profusamente financiada por fuerzas extranjeras.
Casos legales entrelazados
El matrimonio entre personas del mismo sexo llegó a los tribunales de Namibia mucho antes de que las relaciones homosexuales dejaran de ser delito.
En 2017, dos hombres que se habían casado en Sudáfrica, uno namibio y el otro sudafricano, presentaron una demanda judicial para evitar que el cónyuge sudafricano y el hijo de la pareja fueran tratados como «inmigrantes prohibidos».
Alegaron que el Departamento de Interior e Inmigración les había discriminado por su orientación sexual y solicitaron el reconocimiento de su matrimonio y la custodia conjunta de su hijo. Un caso similar fue presentado por una pareja de mujeres -una namibia y la otra alemana- y los dos casos se fusionaron.
A principios de 2018, la pareja masculina ganó una petición que permitía a la pareja sudafricana entrar en Namibia para estar con su marido y su hijo. Pero en enero de 2022, el Tribunal Superior rechazó la petición de reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en el extranjero.
Los jueces se solidarizaron con los solicitantes, pero afirmaron que no podían revocar sentencias anteriores del Tribunal Supremo de Namibia. Sin embargo, esto hizo albergar esperanzas a los activistas de una decisión favorable en una apelación ante el Tribunal Supremo.
De hecho, en mayo de 2023, el Tribunal Supremo reconoció los matrimonios homosexuales celebrados en el extranjero entre ciudadanos namibios y extranjeros.
Sin embargo, el máximo tribunal también declaró que la homosexualidad era una cuestión compleja y que el matrimonio entre personas del mismo sexo debía ser tratado por el Parlamento.
Mientras tanto, las relaciones homosexuales consentidas entre varones adultos seguían siendo delito. Pero había llegado el momento: en 2021, los activistas LGBTIQ+ de Namibia celebraron la mayor fiesta del Orgullo de la historia del país, en la que se pidió la derogación de la penalización.
Y en 2022, pocos meses después de la decisión del Tribunal Supremo de no reconocer los matrimonios extranjeros entre personas del mismo sexo, el activista LGBTIQ+ Friedel Dausab impugnó ante los tribunales el delito de sodomía tipificado en el derecho consuetudinario. Apoyado por la organización Human Dignity Trust, alegó que la penalización de su identidad era incompatible con sus derechos constitucionales.
El Tribunal Superior dictó sentencia favorable el 21 de junio de 2024. Los jueces coincidieron en que las leyes que penalizaban las relaciones entre personas del mismo sexo suponían una discriminación injusta y, por tanto, eran inconstitucionales e inválidas.
Reacción conservadora
Los defensores de las personas LGBTIQ+ de todo el mundo acogieron con satisfacción la decisión del tribunal, al igual que Onusida, la agencia de las Naciones Unidas que lidera el esfuerzo mundial para acabar con el VIH/sida. Pero cuando llegó la sentencia, la resistencia ya se había puesto en marcha.
En julio de 2023, en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, la Cámara Alta del Parlamento aprobó rápidamente un proyecto de ley que prohibía los matrimonios entre personas del mismo sexo, incluidos los contraídos en el extranjero.
El proyecto tipificaba como delito la celebración, participación, promoción o publicidad de estos matrimonios, con penas de hasta seis años de prisión. Posteriormente fue aprobada por la Cámara Baja del Parlamento y actualmente está a la espera de que el presidente decida si la aprueba o la veta. Tampoco se descarta un recurso contra la decisión judicial de despenalización.
El camino a seguir
Aunque la dirección que ha tomado el cambio hasta ahora lo convierte en un ejemplo para la región, Namibia aún tiene un largo camino por recorrer.
Entre las cuestiones pendientes están la protección integral contra la discriminación, la igualdad matrimonial y los derechos de adopción, el reconocimiento de los géneros no binarios, la legalización de la reasignación de género y la prohibición de la «terapia de conversión», una práctica que los expertos de la ONU consideran similar a la tortura.
El cambio social debe ser tan prioritario como el progreso legal.
El Índice de Igualdad lo deja claro: las actitudes sociales van por detrás de las leyes, y la homofobia pública es un problema persistente. El pánico moral, movilizado de vez en vez por reacciones contrarias a los derechos, hace que la opinión pública fluctúe, sin una mayoría decisiva a favor de la igualdad.
Esto significa que el cambio legal no será suficiente, y no continuará a menos que cambie el clima de opinión.
En Namibia, como en todas partes, hay un tira y afloja entre las fuerzas que luchan por los derechos y las que se resisten al progreso. Para los activistas LGBTIQ+ de Namibia es prioritario cambiar las actitudes.
Al hacerlo, deben mostrar solidaridad con sus homólogos en entornos menos tolerantes y convertirse en una fuente de esperanza más allá de las fronteras del país.
- Inés M. Pousadela es especialista sénior en Investigación de Civicus, codirectora y redactora de Civicus Lens y coautora del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
- Artículo difundido por IPS
