El presidente Jair Bolsonaro volvió a su naturaleza beligerante que sabotea su propio gobierno y sus posibilidades de reelección, al retar una vez más al Supremo Tribunal Federal a un duelo que dejará heridos políticos, por lo menos, informa Mario Osava (IPS) desde Río de Janeiro.
El ultraderechista Bolsonaro firmó el 21 de abril un decreto que indulta al diputado Daniel Silveira para anular la pena de prisión por ocho años y nueve meses, impuesta en la víspera por el Supremo Tribunal Federal (STF), por amenazas a esa corte y sus jueces y por acciones contra la democracia.
El acto presidencial, la «gracia» en la terminología jurídica brasileña por tratarse de un indulto individual, dividió las opiniones incluso entre juristas. Se trata de prerrogativa incondicional del jefe del Poder Ejecutivo, establecida en la Constitución, según algunos.
Pero es inconstitucional porque se trata de una medida personal, en favor de un aliado político, según la mayoría de los juristas que se manifestaron. Viola por lo tanto el principio de la impersonalidad que se exige a este tipo de actos gubernamentales.
Riesgos para la democracia
De todos modos, el problema central no es jurídico, sino político. Contra la máxima corte del país se armó una trampa con difícil salida.
Varios políticos de la oposición requirieron que el STF declare la nulidad del decreto presidencial del indulto por inconstitucionalidad.
El argumento básico de Bolsonaro es que el diputado Silveira, que se hizo famoso por haber destruido una placa de homenaje a Marielle Franco, la concejal socialista asesinada en Río de Janeiro en marzo de 2018, no cometió ningún delito y solo usó su libertad de expresión, protegida incluso por su condición de legislador.
El fallo del STF señala que esa libertad tiene límites, no se aplica a delitos o a ataques contra las instituciones y el Estado de derecho democrático, que fueron los cometidos por Silveira.
Ahora el STF tendrá que pronunciarse sobre el indulto al diputado, que ya evidenció su disposición a incumplir las medidas judiciales durante el proceso que condujo al fallo del día 20 de abril a más de ocho años de prisión.
Estuvo en detención cautelar y domiciliaria por nueve meses desde febrero de 2021, por un delito que se consideró que fue en flagrancia, al difundir un video en que promovía ataques contra los jueces del máximo tribunal y se incluía un llamado a una intervención militar.
Luego violó las normas exigidas para su puesta en libertad, al participar en actos políticos, viajar sin aviso a las autoridades y seguir conspirando contra el Poder Judicial. Por eso se le exigió el uso de una tobillera electrónica para el monitoreo de sus desplazamientos.
Silveira llegó a refugiarse en la Cámara de Diputados, donde durmió al menos una noche para evitar la tobillera. La aceptó finalmente al imponérsele una multa equivalente a 3100 dólares por cada día sin el aparato de control judicial. Aun así, se las arregló para bloquear su funcionamiento por falta de batería desde el 17 de este mes.
Los fallos del STF en relación a las amenazas a ese máximo tribunal, incluyendo la difusión masiva de noticias falsas, están a cargo del juez Alexandre de Moraes, el principal objetivo de las invectivas de Bolsonaro y sus sseguidores.
Con el indulto al diputado, Bolsonaro pone a la corte suprema ante una disyuntiva sin una salida que evite traumas.
Si acepta el perdón a actos que juzgó como delictivos, concedido de una forma que muchos juristas consideran inconstitucional, se desmoraliza a la máxima instancia judicial, que es además la garante de la Constitución en este país.
Anular la medida presidencial sería decretar la confrontación entre los poderes de la República, ya que Bolsonaro declaró irrevocable su decisión, contando con el apoyo por lo menos de los generales retirados que forman parte de su gobierno y representan a buena parte de los militares.
Para agravar la tensión, el ministro de Defensa, el general Paulo Sergio de Olveira, acusó como «grave ofensa» a las Fuerzas Armadas una declaración de otro juez del STF, Luiz Roberto Barroso.
Barroso, quien presidió el Tribunal Superior Electoral entre mayo de 2020 y febrero de 2022, lamentó que se intente «orientar» a los militares a desacreditar el sistema electoral brasileño, sin identificar el origen de esa alegada orientación.
El ministro de Defensa, por primera vez un general en activo y no retirado ni un civil, dijo que es «irresponsable» decir que las «Fuerzas Armadas fueron orientadas a atacar el sistema electoral», sin pruebas.
Pero el mismo presidente Bolsonaro declaró muchas veces que las urnas electrónicas usadas en las elecciones brasileñas son vulnerables a fraudes, que ellos ya ocurrieron en 2018, cuando él triunfó, y que cuenta con los militares para impedir resultados falsificados en octubre de este año, cuando los brasileños elegirán al presidente, los gobernadores de estados y los legisladores.
El STF ante la encrucijada en que ha sido colocado parece optar por demorar una respuesta al indulto presidencial, para bajar la tensión y buscar una salida menos peligrosa para la relación con el Ejecutivo.
Una acción bumerán
El conflicto deja en situación más que incómoda el STF, pero afecta también el gobierno de Bolsonaro y su pretensión de reelegirse. Su popularidad venia en ascenso desde que interrumpió sus ataques a las instituciones, después que fracasó lo que se considera un intento de golpe de Estado el pasado 7 de septiembre 2021, día de la Patria.
En aquella jornada el presidente convocó masivas manifestaciones por las calles de Brasilia y São Paulo, para atacar especialmente al STF, cuyas sentencias dejaría de cumplir, anunció.
En los días siguientes volvió atrás e inició un período de relativa tranquilidad, hasta ahora. Desde entonces, transfirió muchos poderes al llamado «Gran Centro», un grupo de legisladores considerados corruptos que tratan de manejar de gran parte del presupuesto nacional.
Ese período le permitió a Bolsonaro reducir el favoritismo hacia el izquierdista expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, apuntado unánimemente en las encuestas, de cerca de veinte puntos porcentuales en fines de 2021 a la mitad actualmente. La nueva turbulencia puede anular pare de ese avance del mandatario, ya que aleja a los electores moderados, reconocen incluso políticos oficialistas.
Además el tumulto que genera la «naturaleza» propensa a la hostilidad de Bolsonaro aleja también a los inversionistas y el apoyo empresarial al actual presidente.
El dólar subió 5,5 por ciento en los días siguientes al indulto de Silveira. El motivo fue la expectativa del alza de las tasas de interés en Estados Unidos, pero las incertidumbres brasileñas políticas ayudaron a devaluar el real.
La economía en dificultades, con una inflación anual de 11,2 por ciento en marzo y desempleo de 11,2 por ciento en febrero, vuelve más difícil aún que logre reelegirse un mandatario tan riesgoso y volátil.
