La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, promulgó este jueves 1 la ley que garantiza atención en la red estatal de salud a las víctimas de violencia sexual, pese a la fuerte presión contraria de sectores religiosos conservadores que la consideran una puerta abierta a la despenalización total del aborto, informa Fabiana Frayssinet (IPS).
«Si una víctima de abusos acude a partir de ahora al hospital, su personal deberá cumplir con todo el protocolo de atención», destacó el ministro de Salud, Alexandre Padilha, al informar sobre la sanción presidencial de esta norma que entrará en vigencia dentro de 90 días.
La flamante ley 3/2013 solo reglamenta los procedimientos autorizados en la atención multidisciplinar en la red pública de salud para mujeres víctimas de violencia sexual, pero no modifica ninguna de las normas vigentes en cuestión de interrupción del embarazo.
En Brasil, el aborto es permitido excepcionalmente solo en caso de riesgo de vida de la madre, anencefalia fetal comprobada por tres médicos y si el embarazo es producto de una violación sexual.
«La novedad es que la norma establece la atención obligatoria en los servicios de salud» en todos los casos de violencia sexual, explicó Beatriz Galli, del capítulo brasileño de Ipas, la organización no gubernamental internacional dedicada a mejorar la salud y los derechos reproductores de las mujeres.
«Hoy existen servicios de referencia para la atención de las víctimas de violencia sexual que sabemos no funcionan adecuadamente, en especial cuando se trata de garantizar el acceso al aborto en los casos de violencia sexual previstos en la ley», señaló a IPS.
Galli aseguró que son comunes los casos de resistencia médica en algunos lugares, alegando objeción moral o religiosa, e inclusive en los propios Ministerios Públicos (fiscalías) de los estados, que han llegado a solicitar la incautación de registros para verificar si los abortos efectuados estaban de hecho dentro de lo que contempla la ley.
Ahora, esta ley federal «va a garantizar a los profesionales de salud que puedan cumplir su trabajo con el respaldo jurídico necesario y poniendo punto final a los intentos de retroceso respecto de los derechos reproductivos de las mujeres, adolescentes y niñas que son víctimas de violencia sexual», celebró Galli.
Por su parte, la socióloga Angela Freitas, del Consejo Provincial de los Derechos de la Mujer, salió al cruce de las críticas conservadoras al precisar que la ley no tiene por objetivo legalizar el aborto sino garantizar derechos a las mujeres que sufren violencia sexual, muchas de ellas aún adolescentes.
«Lo que molesta es que Brasil haya comenzado a crear servicios públicos de atención a casos de aborto legal, una conquista de los movimientos de las mujeres», añadió ante la consulta de IPS la también representante de la Articulación de Mujeres Brasileñas, regional Río de Janeiro.
«La violencia contra la mujer y en especial la sexual está en aumento y este proyecto es importante para garantizar el acceso de estas víctimas a la salud y atención médica. Si ellos están a favor de la vida, deberían apoyar», opinó Galli, al recordar que en Brasil se practican un millón de abortos ilegales por año y en condiciones de riesgo para la gestante.
Resistencia mística
Este jueves 1 vencía el plazo constitucional para la promulgación de la ley 3/2013, basada en el proyecto presentado en 1999 por la entonces diputada nacional paulista Iara Bernardi, del izquierdista Partido de los Trabajadores.
Pero había duda debido a la presión que arreció en coincidencia con la visita del papa Francisco a Brasil, del 22 a 28 de julio, pese a que la norma había sido aprobada por unanimidad en la dos cámaras del Congreso legislativo federal.
Tres días antes de la llegada del papa, representantes de la católica Conferencia Nacional de Obispos de Brasil y otras entidades religiosas se presentaron en la sede de gobierno ante Rousseff para pedirle el veto parcial de la ley.
Entre otros párrafos, querían que se recortara el artículo referido a la «profilaxis del embarazo» y el que establece que se «brindará las informaciones a las víctimas de sus derechos legales y de todos los servicios sanitarios disponibles para eso», es decir que pueden interrumpir legalmente la gestación o que pueden tomar anticonceptivos de emergencia en caso de que el embarazo sea producto de una violación.
Esos anticonceptivos, también conocidos como «píldora del día después», evitan la fecundación del óvulo en un período de hasta 72 horas después de la relación sexual, pero no pueden interrumpir un embarazo.
Las jerarquías religiosas temen que esas disposiciones permitan el aborto inclusive en casos no comprobados de violación sexual, es decir que las mujeres «inventen» que fueron violadas para conseguir esa opción legalmente.
«¡Es una postura indigna creer a priori que las mujeres son deshonestas y mentirosas!», cuestionó Freitas. «Y también es una falta de respeto frente al saber de los profesionales de salud que conversan con ellas y las examinan», añadió.
Freitas recordó que el aborto legal no es algo que se obtiene con facilidad en Brasil. «La atención es hecha por un equipo multidisciplinario, compuesto por personal médico, de enfermería, asistencia social y psicología, que define cómo proceder ante cada caso».
Por eso, «si la mujer estuviera inventando, eso va a ser detectado, pero es necesario darle esa oportunidad y no condenarla a priori», indicó.
Freitas destacó que, con esta nueva ley, los servicios de salud estarán obligados a seguir las normas vigentes desde 1999, «enfrentando mejor los obstáculos judiciales que sectores antiabortistas interponen a las víctimas de violencia sexual cuando deciden abortar» y «para que se pueda penalizar» al profesional de salud que no las cumpla.
La socióloga recordó que, pese a que está prevista legalmente la prescripción de la anticoncepción de emergencia y la autorización del aborto en ciertos casos, estos no se cumplen como regla.
«Lo que predomina es la falta de información y hasta de servicios de referencia para esta atención. Brasil es grande y hospitales con este tipo de servicio solo existen en las capitales y en otras grandes ciudades», explicó.
«Hay médicos y directores de hospitales que se niegan a hablar del tema y omiten implementar el servicio por objeción de conciencia», ilustró.
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