El Estado chileno debe entregar a una niña de 11 años que ha sido violada por su padrastro y que ahora está embarazada, todo el apoyo psicológico y médico que necesita, y poner a disposición todas las opciones en relación con el embarazo, incluyendo servicios seguros de aborto, sostiene Amnistía Internacional.
Chile es uno de los pocos países en el mundo que criminaliza el aborto en todas las circunstancias. Esto significa que las niñas que están embarazadas como consecuencia de una violación, o cuando el embarazo amenaza su vida o su salud, están obligadas a continuar con sus embarazos, independientemente de los riesgos. La criminalización del aborto constituye una brecha respecto del derecho internacional de los derechos humanos.
La niña, conocida como Belén, fue repetidamente violada por su padrastro de 32 años. Ella ahora tiene 14 semanas de embarazo.
“El Estado chileno es responsable de otorgarle todo el apoyo necesario, mientras lidia con las horrendas consecuencias físicas y psicológicas de haber sido violada, y haber quedado embarazada como resultado. Su vida, salud, esperanzas y sueños están todas en las manos de las autoridades”, indicó Guadalupe Marengo, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.
Existe acuerdo entre los expertos de que el embarazo presenta riesgos específicos y consecuencias potencialmente de largo plazo para la salud física y mental de las niñas. El Estado debe asegurar a todas las víctimas de violación tener la opción de servicios seguros, accesibles y legales de aborto, y que las decisiones acerca de continuar o terminar el embarazo sean adoptadas sin coerción.
“Llamamos al gobierno chileno a cumplir con sus obligaciones internacionales de asegurar que Belén tiene acceso a todo el apoyo médico, psicológico y legal que necesita y al cual tiene derecho, incluyendo las necesidades especiales que tiene al ser una niña, y la opción de servicios seguros, accesibles y legales de aborto”, señaló Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.
Los Comités de Naciones Unidas de los Derechos del Niño, de la Tortura y de la Violencia contra las Mujeres, y la Organización Mundial de la Salud, entre otras organizaciones expertas, insisten en que se debe ofrecer apoyo continuo a todas las víctimas de violación, para superar el impacto físico y sicológico de su situación, a la medida de sus necesidades particulares, e incluyendo si continuarán o no con el embarazo que resulte de la violación.
Mientras los expertos concuerdan en que el profundo daño causado por la violación y la violencia sexual nunca pueden ser enteramente reparados, estos servicios son esenciales para mitigar las consecuencias.
“Llamamos al gobierno chileno a asegurar que todas las víctimas de violación tengan el apoyo que necesitan para asegurar la vida y la salud. Ninguna víctima de violación debe sufrir el ser sometida a más temor y coerción mientras está intentando recuperarse de la violación”, afirmó Guadalupe Marengo.
Un suceso de tremendo impacto en Chile. Horrible, lo peor que no es único, muchos más casos están ocultos de seguro. La violación es un hecho monstruoso siempre, más todavía si el agresor es un pariente cercano que debía hacer lo contrario, proteger a la niña en vez de abusar con quizás el peor de los abusos que puedan existir. Presionar desde el estado, con el peso de una enorme institucionalidad, a una mujer, peor si es una menor de edad niña, para que acepte un embarazo de tales circunstancias como lo más normal y «feliz», parece una crueldad que establece una nueva victimización de la víctima, que además es un ser humano sin descernimiento, más cercano a lo lúdico en esencia que a la fuerte realidad que enfrenta ahora. Este hecho genera debate en Chile, el gobierno se pronuncia, y estos y aquellos en este caso en torno al destino de la situación de una tercera persona.
En Chile el aborto está hoy (de años recientes, porque antes no era así) criminalizado a todo evento, pero en la práctica esta regla afecta únicamente a las mujeres sin recursos, pues en las familias con más dinero, simplemente se financian tal intervención si lo desean y nadie se entera abiertamente. Es el típico doble estándar de la cultura chilena.