Ejercer el periodismo en Guatemala, Nicaragua y El Salvador es cada vez más difícil ante la persecución a los medios independientes emprendida por gobernantes neopopulistas de diferente signo, intemperantes ante la crítica, informa Edgardo Ayala (IPS) desde San Salvador.
El caso reciente más sonado es el de la captura, el 29 de julio, de José Rubén Zamora, fundador y director de elPeriódico, uno de los medios más críticos del gobierno del derechista Alejandro Giammattei, en la presidencia desde enero de 2020.
Para el gremio periodístico guatemalteco y la familia del comunicador, se trata de un claro ejemplo de persecución política a raíz de las investigaciones sobre corrupción y malos manejos en el gobierno de Giammattei publicadas en ese medio, fundado en 1996.
«Definitivamente, creo que es un caso de persecución política y acoso, y de violencia contra la libre expresión y la emisión del pensamiento», dijo a IPS, desde Ciudad de Guatemala, Ramón Zamora, hijo del director de elPeriódico, preso desde su detención.
Un caso sacado de la nada
El periodista, de 66 años, es uno de los más reconocidos en Guatemala y en la región centroamericana, y ha sido premiado varias veces por los reportajes de investigación de elPeriódico.
Zamora está siendo acusado de lavado de dinero, tráfico de influencias y chantaje, aunque las evidencias mostradas en la audiencia inicial por parte de los fiscales «son audios de mala calidad, no muestran nada», según Ramón.
La audiencia preliminar finalizó el 9 de agosto con la decisión del juez de proseguir con la causa y mantener a Zamora en prisión preventiva. Los fiscales tienen ahora tres meses para presentar pruebas más robustas antes de conducirlo a juicio, mientras la defensa buscará las pruebas de descargo, para lograr su liberación.
Ramón Zamora agregó que desde un principio el presidente Giammattei mostró signos de intolerancia ante las críticas a su gestión: «Sabíamos que era una persona enojada (irascible), autoritaria en su manera de actuar, pero nunca pensamos que fuera a llegar tan lejos».
Tras la captura, Ramón señaló que su padre se encuentra con buenos ánimos, positivo, aunque ha tenido problemas para conciliar el sueño, mientras que el diario mantiene su actividad en medio de graves dificultades por el embargo temporal de sus cuentas bancarias y problemas de liquidez para pagar la plantilla y otros costos.
Este mismo viernes 12 de agosto 2022, elPeriódico destacó una información sobre un decreto aprobado por el legislativo Congreso guatemalteco que da vida a la Ley de Ciberdelincuencia, que podría convertirse en otra herramienta gubernamental para acallar a los críticos.
El medio citó a la organización Acción Ciudadana, para la cual el artículo 9 de esta ley «contraviene el libre acceso a las fuentes de información –derecho estipulado en la Constitución Política de la República–; además, atenta contra la Ley de Emisión del Pensamiento, coartando la libertad de información irrestricta».
Zamora hijo lamentó que en el área centroamericana el trabajo periodístico sea coartado y perseguido por los gobiernos y otros poderes fácticos, como sucede en Guatemala con Giammattei, en El Salvador con el gobierno de Nayib Bukele, y en Nicaragua, con el de Daniel Ortega.
Libertad de prensa en caída libre
En efecto, en estos tres países es notoria la existencia de una política abiertamente hostil contra los medios independientes, cuyos periodistas sufren acoso, persecución, chantaje, amedrentamiento y restricciones de todo tipo para el trabajo informativo.
América Central, una región de 38 millones de habitantes, enfrenta serios desafíos económicos y sociales, luego de dejar atrás décadas de conflictos políticos y guerras civiles en la década de los años setenta y ochenta, específicamente en Nicaragua, Guatemala y El Salvador.
Un mayor avance hacia la democracia queda en entredicho con los ataques o acoso hacia los medios que asumen la crítica a gobiernos corruptos, según ha quedado consignado en informes elaborados por organizaciones nacionales e internacionales.
Al respecto, el reporte 2022 de Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, de Reporteros sin Fronteras (RSF), señala justamente el declive sufrido en Nicaragua, que bajó 39 posiciones en el ranking y se ubicó en el puesto 160 entre 180, y El Salvador, que perdió 30 y llegó al puesto 112.
«La situación en El Salvador, que registra por segundo año consecutivo una de las caídas más pronunciadas de América Latina, es también extremadamente preocupante», señala el documento.
Y agrega: «Desde su llegada al poder en 2019, el presidente Nayib Bukele juega al peligroso juego de multiplicar los ataques y amenazas contra los periodistas críticos con su administración, creando así la imagen de una prensa enemiga del pueblo».
Según la Asociación de Periodistas de El Salvador (Apes), de enero a julio de 2022 se han reportado 51 incidentes contra la prensa, relacionados con ataques digitales y obstrucción del trabajo periodístico por parte de instituciones estatales, funcionarios e, incluso, por parte de seguidores del oficialismo.
Bukele mismo, en conferencias de prensa, suele acusar a medios e incluso a periodistas, con nombre y apellido, de ser parte de un plan de la oposición para desacreditar el trabajo del gobierno.
Unos nueve reporteros han tenido que salir del país de forma preventiva.
De los que han dejado el país, al menos tres lo han hecho casi obligadamente porque entes del Estado o funcionarios han presionado para que revelen sus fuentes de información, dijo a IPS el relator de Libertad de Expresión, de la Apes, Serafín Valencia.
«Bukele decidió emprender una ola de ataques en contra de la prensa, pero no a toda la prensa, sino a aquellos medios y periodistas que tienen una línea editorial crítica y tratan de hacer su trabajo de manera independiente», señaló Valencia.
Sobre Ortega en Nicaragua, el reporte de RSF dice: «Nicaragua protagoniza el mayor descalabro» (pierde 39 posiciones) y entra en la zona roja de la Clasificación.
Y añade: «La parodia de elecciones organizadas en noviembre de 2021, que llevaron a Daniel Ortega a su cuarto mandato consecutivo como presidente, se ha sucedido de una persecución feroz contra las voces críticas».
Además establece que «los últimos bastiones de la prensa independiente son asediados y la gran mayoría de los periodistas independientes, amenazados por acciones judiciales abusivas, han tenido que huir del país».
El dirigente guerrillero acusado de dictador
Uno de esos reporteros que debieron dejar Nicaragua fue Sergio Marín, quien por más de doce años dirigió un programa radial llamado La Mesa Redonda.
«Había indicios fortísimos de que venía la captura inminente para mí», dijo Marín a IPS, desde San José, la capital de Costa Rica, el país a donde tuvo que salir huyendo el 21 de junio de 2021.
Marín contó que la situación en Nicaragua era, y sigue siendo, insostenible para los medios y los reporteros independientes desde que Daniel Ortega retomó el poder en enero de 2007, luego de un primer paso por la presidencia, entre 1985 y 1990.
Como dirigente del izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Ortega integró la organización guerrillera que en julio de 1979 derrotó militarmente la dictadura dinástica de los Somoza, que de manera directa o con gobernantes títeres habían dominado el poder desde los años treinta.
Pero esas ideas progresistas de justicia y libertad, pronto quedaron soterradas en la nueva dinámica de poder de Ortega: amarró pactos oscuros con las élites políticas y económicas del país para erigirse como el hombre fuerte de Nicaragua, con acciones típicas de un dictador.
«Con retorno al poder de ortega en 2007, empezó un proceso de aislamiento de periodistas que hacen las preguntas que cuestionan el poder», sostuvo Marín, de sesenta años.
Luego, de acuerdo con Marín, hubo un «paredón financiero» por parte del gobierno: negar la publicidad estatal a los medios críticos, e incluso de parte de la empresa privada, aliada al orteguismo.
Ahí se comenzaron a ver los primeros cierres de medios, dijo.
La situación se agravó con el levantamiento popular contra el gobierno, en abril de 2018, unas protestas masivas que fueron atajadas a fuerza de balas por los cuerpos policiales, militares y paramilitares orteguistas.
Alrededor de trescientas personas murieron en la represión desatada por Ortega, afirmó Marín.
Esos hechos fueron un punto de quiebre para el periodismo pues, ante la represión, los medios en general, salvo los oficialistas, se aglutinaron en un solo frente.
Desde ese momento, el gobierno de Ortega maniobró para cerrar medios independientes y espacios informativos críticos, como los dirigidos por el veterano periodista Carlos Fernando Chamorro, quien ahora también se encuentra exiliado en Costa Rica.
«Ahora, el periódico El Nuevo Diario está cerrado, La Prensa, tomada por el gobierno y toda la redacción se encuentra en el exilio, y en total son más de setenta periodistas los que han dejado el país», acotó.
La primera semana de agosto Ortega ha renovado su acoso contra los sectores críticos, ahora contra sacerdotes católicos, y desde el 4 de agosto las fuerzas policiales mantienen retenido en el Palacio Episcopal al obispo Rolando Álvarez, de la Diócesis de Matagalpa, en el norte del país.
