El Gobierno intentará retirar antes del 15 de octubre los campamentos de dos playas de Ceuta, pero aún no ha publicado el calendario ni la capacidad de los nuevos recursos. Una operación policial contra dos alojamientos hacinados muestra el riesgo de desplazar la precariedad sin resolverla.
El ministro de Política Territorial y responsable funcional de la respuesta estatal, Ángel Víctor Torres, se ha comprometido a hacer «todo lo posible» para que los campamentos de las playas de El Trampolín y Benítez desaparezcan antes del 15 de octubre. La crónica completa del Observatorio Ceuta en Aquí Madrid precisa el alcance del anuncio y las cifras comunicadas este jueves.
El plazo no figura por ahora en un calendario operativo. El Gobierno ha anunciado la apertura de nuevos espacios durante esta semana y la próxima, pero no ha detallado cuántas plazas estarán disponibles ni qué alternativa ofrecerá si vuelven a llenarse.
El riesgo de trasladar la precariedad
La Policía Nacional comunicó el mismo día que había localizado a veintiocho personas migrantes en dos inmuebles de la barriada del Príncipe y Loma Colmenar. Tres eran menores y fueron derivados a recursos asistenciales. La operación terminó con tres detenciones.
Según la nota policial, uno de los edificios carecía de agua corriente, electricidad, ventilación adecuada y cocina. Los investigadores sostienen que sus responsables cobraban por el alojamiento o aceptaban trabajos de reforma como pago, con un beneficio estimado superior a 10.000 euros. Son hipótesis de una investigación: no consta una condena ni una resolución judicial sobre los arrestados.
Torres situó en unas seis mil las personas adultas acogidas en instalaciones provisionales. También elevó a 2383 los menores filiados y a 2742 los triajes de adultos. Sacar a las personas de la playa será un avance solo si las nuevas plazas evitan que terminen de nuevo en la calle o bajo redes que se lucran de su vulnerabilidad.
El balance oficial conserva además una discrepancia pendiente: Torres cifró en 7533 las salidas hacia Marruecos, mientras el desglose difundido —7099 retornos voluntarios y 364 expulsiones— suma 7463. Aclarar esa diferencia y publicar el calendario de acogida son dos comprobaciones necesarias para medir el cumplimiento del compromiso.
