Hace un año, el Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, prometió en más de una ocasión que la comunidad de Temacapulín (Temaca) no se vería afectada por la construcción de la presa El Zapotillo, que se está construyendo a pesar de las protestas de los ciudadanos y de más de un especialista.
Temaca pertenece al municipio de Cañadas de Obregón, tiene escamente 350 habitantes y está situada a 1.680 metros de altitud. Es uno de los tres poblados que quedarán bajo las aguas. Los otros son Acasico (130 habitantes) y Palmarejo (no llega a 50).
Según la plataforma creada para presionar a las autoridades, Sandoval escribió en su cuenta de Twitter: “Lo reitero: Jalisco debe ser el principal beneficiado de las decisiones y no el que las padezca. No vamos a inundar Temacapulín”. Sin embargo, y como suelen hacer todos los políticos, donde dije digo, digo diego.
Así, el pasado 10 de abril, a la más vieja usanza del PRI (partido al que pertenece el gobierno actual), a través de un comunicado de prensa, de noche, y a espaldas de la comunidad, el gobernador hizo saber a los ciudadanos la decisión de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), sobre la “inviabilidad para preservar Temacapulín aún con una cortina de 80 metros”, argumentando aspectos “técnicos” y de “seguridad. En el mismo comunicado, se señala que “Luego que el dictamen emitido por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) señaló como no viables las alternativas para mantener la cortina de la Presa El Zapotillo en 80 metros, el Gobierno de Jalisco realizará las acciones necesarias para que Jalisco reciba el mayor beneficio de esta obra y para que los pobladores de Temacapulín sean indemnizados y reubicados conforme a derecho”.
La organización de derechos humanos Red TDT asegura que mediante esta decisión, las autoridades responsables de llevar a cabo el proyecto de la presa El Zapotillo están incumpliendo la Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitida el 11 de octubre de 2013, derivada de la Controversia Constitucional presentada por el Congreso del estado de Jalisco, que ordena la construcción de la presa a 80 metros de altura. Además, dicen que el 24 de junio de 2005, en nombre de la CEA y del Gobierno del Estado de Jalisco, Enrique Dau Flores, actual titular de la Consejería del gobierno de Jalisco, y Carlos Hernández Solís, de la CEA (Comisión Estatal del Agua de Jalisco), fueron quienes prometieron que los diques salvarían el poblado. Hoy afirman y defienden lo contrario.
La presa
Según informa FCC en su web, se trata de una presa de gravedad, construida con hormigón compactado. Tiene una planta curva de 401 m con una altura de 13 m. Abarca 4200 hectáreas y tiene una capacidad de almacenamiento de 911 m³ .
El agua viajará desde la presa a lo largo de 425 m, a través de un túnel de 5,4 m de diámetro para llegar a la planta de bombeo, que enviará el líquido a 2,7 Km de distancia.
La presa producirá 8,6 m³/ s, de los cuales: 1,8 m³ serán para Los Altos de Jalisco, 3,8 m³ para León y 3 m³ para Guadalajara.
Una vez potabilizada, el agua viajará a lo largo de 140 km por un acueducto de 2,4 m de diámetro para llegar al punto de entrega en León, al tanque de regulación con capacidad para 100.000 m³, que derivará el agua a través de 45 Km, y la distribuirá por 10 tanques que suministrarán a la red de distribución, haciendo llegar el agua a los ciudadanos.
También destaca que “la presa es un proyecto totalmente sostenible, que reduce la explotación de los acuíferos al mínimo permitiendo su recarga, pues posible la combinación del agua superficial del río con el agua profunda del acuífero”. Y concreta que “beneficiará a 2,3 millones de habitantes”.
Lo que no dice es que el agua se obtendrá del único río medianamente limpio de todo el Estado de Jalisco, el río Verde, y que se usará en los sectores automotriz, metal y calzado, entre otros, del proyecto “Guanajuato Puerto Interior” o Puerto Seco.
Abengoa, quien aterrizó en México en 1979, tiene adjudicada la construcción del acueducto El Zapotillo-León desde septiembre de 2011, una fecha en la que ya estaba creado el conflicto social con las comunidades afectadas. La obra recibirá una inversión federal de 49% de los 4.500 millones de pesos (249 millones de euros) que costará la presa y Abengoa dispondrá de una concesión de explotación de 25 años.
El pasado año, la compañía se encontró con que no le había sido posible comprar los 354 terrenos por donde debería pasar el acueducto. Solamente contaba con 61 y, supuestamente, el plazo que tenía para estas operaciones habían expirado. Como consecuencia, el contrato debería haber sido cancelado. Pero no fue así. Argumentaron que los propietarios habían encarecido demasiado el suelo, y que se debería proceder a la expropiación. La realidad: no querían vender porque se oponían a que se negociara con su agua y a que, una vez acabado el trasvase, tuvieran que pagarla a precio de oro.
Hay otras alternativas
Según Rodrigo Flores Elizondo, investigador del Departamento de Economía, Administración y Mercadología (DEAM) y que hasta 2012 fue representante de la Universidad ante la junta de gobierno de la Comisión Estatal del Agua (CEA), una alternativa para evitar la construcción de presas podría ser la implementación de políticas públicas que impliquen el desarrollo de proyectos con acciones enfocadas en la solución integral de los problemas. “El problema del abastecimiento no va a terminar con la construcción de una, dos o tres presas, sino cuando todos nos involucremos en una cultura del agua resiliente, con acciones agrupadas en control de fugas, ordenamiento de las fuentes, mercados alternativos de agua de lluvia, agua residual tratada y manejo de acuíferos”, asegura.
Parece ser que en Guadalajara, a donde se llevaría el agua de Jalisco, no existe desabastecimiento, sino que impera un gran desorden e inequidad en la distribución, sobre todo en la precaria zona periurbana. Tal es la premisa que defiende el grupo de académicos del ITESO (Universidad Jesuita de Guadalajara), dedicados al estudio del agua.
Por su parte, Pedro Arroyo, ganador del premio Goldman del Medio Ambiente en España, declaró el pasado año que hay más alternativas antes de inundar las tres poblaciones de Palmarejo, Temacapulin y Acasico con el aumento de 105 metros a la cortina de la Presa el Zapotillo, y que en el proyecto existen intereses particulares. Y no se cortó un pelo: “Hay una concesión a través de la multinacional española Abengoa que tienen un gran negocio político, y donde El Zapotillo es la caja de caudales importante, que es el trasvase a León, Guanajuato”. Además, opina que esta obra afectará a los mantos acuíferos de los Altos de Jalisco y que, en el tiempo de sequía, toda el agua que se almacene será para León (Guanajuato), por lo que se quedarán sin el preciado elemento los jaliscienses.
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