En la tarde del pasado 23 de octubre de 2017 tuvo lugar un foro en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica (UCR) titulado «Foro: explotación piñera en Costa Rica», organizado por los estudiantes de la carrera Promoción de la Salud de la Escuela de Salud Pública.
Participé en esa actividad junto a Mauricio Álvarez (Escuela de Geografía de la UCR y FECON) y Alexa Obando (Escuela de Ciencias Políticas, UCR). El sector productivo y estatal fueron invitados de igual forma a este espacio de discusión, optando ambos por no enviar a ningún expositor.
Al tratarse de un foro sobre un tema que amerita desde hace muchos años un debate público con las autoridades nacionales, en las líneas que siguen se presentarán algunas aristas de lo que ciertos sectores denominan el «dulce orgullo» de Costa Rica, mientras que expertos costarricenses en gestión ambiental lo califican como una verdadera «vergüenza nacional».
En el exterior, los sitios especializados en el comercio equitable y en prácticas agrícolas sostenibles, al referirse a la piña costarricense, utilizan términos extremadamente duros, como por ejemplo el «desastre socio-ecologique» (véase nota de 2017 de este sitio en francés, o bien esta nota del sitio Beurk, Francia, titulada: «Ananas sweet du Costa-Rica, vous reprendrez bien un peu d’éthéphon !»).
Como recientemente ha confirmado un equipo de investigadores de la Universidad Nacional (UNA) de Costa Rica, la piña de exportación requiere del uso de sustancias sumamente dañinas para la salud humana (véase nota de La Nación titulada «Piñeros usan plaguicidas muy tóxicos, según estudio» de junio de 2017). La variedad «Sweet Gold» o MD-2 que se ha impuesto en el mercado internacional desde mediados de los años 2000 se produce gracias a un «paquete tecnológico» que incluye estos componentes químicos, que absorben tanto la fruta como los suelos. En latitudes tropicales, la escorrentía los concentra paulatinamente en los cuerpos de agua, tanto superficiales como subterráneos.
En algunas de las intervenciones presentadas durante este foro, se específicó el tipo de sustancias químicas que se usa para producir la piña exportada desde Costa Rica, entre ellos el Bromacil y el Paraquat. Esta última sustancia fue objeto de una prohibición por parte de la Corte de Justicia de la Unión Europea (CJUE) en julio del 2007 (véase comunicado de prensa de la CJUE). A raíz de esta decisión, una transnacional declaró que suspendería el uso del Paraquat en todas sus operaciones en el mundo, con una sola excepción: Costa Rica (véase nota titulada «Dole Announces that it will Discontinue the Use of Paraquat in its Agricultural Operations»). Pese a la fecha indicada de junio del 2008 por la transnacional para suspender el uso de esta sustancia en Costa Rica, y la indicación que se mantendría hasta el 2012 el uso del Paraquat para erradicar la mosca de establo (ver el mismo comunicado actualizado por la transnacional), Costa Rica sigue importando grandes cantidades de Paraquat que se vierten en los campos de piña.
Con relación al Bromacil, las denuncias han sido muchas desde el 2007, año en que se constató su presencia en el agua para consumo humano en El Cairo y Milano de Siquirres, generando una verdadera tragedia para más de 6000 pobladores. Desde entonces, muestreos en esta zona detectaron la presencia de esta sustancia en los acuíferos, denotando el carácter altamente persistente de este compuesto químico en una zona tropical como la de Siquirres. Nótese que el costo de enviar diariamente camiones cisternas enviados por las autoridades desde el 2007 ha sido asumido por el Estado costarricense. En su momento (2009), la máxima autoridad de la cartera de salud de Costa Rica se expresó en los siguientes términos:
«Les damos agua en cisterna porque la gente tiene miedo de tomar la del lugar, y la psicosis ha sido tal, que hasta asocian manchas en la piel que son producidas por un hongo, diciendo que se bañaron en agua con bromacil» (véase nota del Semanario Universidad).
El 24 de mayo del 2017 se aprobó finalmente un Decreto Ejecutivo en Costa Rica sobre la prohibición del Bromacil (véase texto del decreto sobre «prohibición del registro, importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contengan el ingrediente activo 5-bromo-3- sec-butyl-6-methyluracil, de nombre común bromacil y su sal de litio»). La lectura de los considerandos de este decreto resulta de interés para apreciar cuánta preocupación genera esta sustancia en las autoridades: de mayor interés consistiría saber a qué se debe este súbito interés y por qué tardaron tanto en prohibir su uso en Costa Rica.
En el informe que presentó la Experta Independiente de Naciones Unidas sobre Agua, Saneamiento y Derechos Humanos en el 2009, a raíz de su visita en Costa Rica (véase informe, Documento A/HRC/12/24/Add.1) se indica que:
«85. The independent expert recommends that Costa Rica adopt, as a matter of priority, the draft executive decrees regulating the use of Bromacil and Diurón in agricultural production».
En respuesta a este informe de Catarina Albuquerque, la Misión de Costa Rica ante las Naciones Unidas en Ginebra circuló una nota oficial (HRC/12/G/3, con fecha del 7/9/2009). El punto 4 de esta inusual misiva precisa que “sería importante conocer cuáles son las opciones que se les podrían brindar a los productores de piña en lugar de bromacil y diurón”: una crítica frontal a la experta internacional, entendible si proviniese del sector productivo, pero sorprendente por parte del Estado.
Más allá de la extraña sensación de unísono entre el sector piñero y el Estado costarricense desde 2007, es de notar el carácter urgente con el que Catarina Albuquerque recomendó a Costa Rica regular el uso de estas dos sustancias en el año 2009, sin que ello motivara mayormente a sus autoridades a acatar esta recomendación. A la fecha, el diurón no ha sido objeto de algún tipo de regulación para restringir y limitar su uso.
Finalmente, es de señalar que en en mayo de 2014, Costa Rica prohibió parcialmente mediante Decreto Ejecutivo el uso del Carbofurán: la única excepción la constituyen los cultivos de piña (y de banano). En el texto del Decreto 38713 (ver texto completo) el considerando 7 se lee: “7º—Que en Costa Rica el uso de carbofurán está autorizado en varios cultivos, de ciclo corto, anual y perenne, dentro de los cuales están los de consumo fresco, así como los de consumo con cocción. Para estos el carbofurán actualmente puede ser sustituido por otros plaguicidas, a excepción de su uso en los cultivos de piña y banano”.
Por su parte el considerando 8 textualmente se lee así: «8º— Que para el control de plagas en el cultivo de piña existen alternativas, químicas y no químicas, que actualmente dan buenos resultados, presentando éstos una disminución de la carga química, en comparación con el uso del carbofurán; a excepción de lo que se presenta para el control de la plaga denominada caracoles Opeas pumilium, para lo cual la única alternativa química autorizada actualmente es el carbofurán».
Sobre las características del Carbofurán se lee en este estudio del 2012 publicado en Argentina que:
«Su solubilidad en agua, aunque no tan elevada, le confiere el potencial suficiente de contaminación inmediata de una gran variedad de recursos hídricos. Es de esta manera como las inundaciones de los campos fumigados con Furadan, han causado mortandad de especies que no eran objeto de control. La combinación de esta propiedad con su baja absorción en suelos, le permite tener alta movilización y alcanzar las capas freáticas» (p. 2)
Estas y muchas otras sustancias químicas son necesarias para producir la variedad Sweet Gold en Costa Rica. Su primera manipulación recae en los trabajadores de las piñeras. Existen pocos estudios sobre las diversas patologías asociadas a la ingesta o exposición a estas sustancias. Las autoridades de salud de Costa Rica deben poseer información proveniente de los diversos centros de salud regionales, sin que ésta haya trascendido mayormente. No se conoce de algún estudio elaborado por el gremio de la salud pública que haya sido divulgado sobre el particular. En ese sentido agradecemos desde ya el concurso de nuestros estimables lectores para remitirnos alguna información existente que no haya dejado rastros en la red. En un reciente reportaje sobre la insuficiencia renal en los trabajadores agrícolas, se lee que: «El problema en la piña es que la mayoría de los trabajadores son migrantes que luego vuelven a su país de origen, en este caso Nicaragua, y no se registran aquí.».
El daño ocasionado por una finca en la que se produce piña tiende a expandirse rápidamente: a los problemas que pueden causar estas sustancias químicas a quienes están expuestos a ellas a diario, se añaden los problemas que derivan de la contaminación de suelos y de aguas, así como del aire, para las comunidades circundantes, la pérdida de cobertura boscosa y de la biodiversidad, así como el aumento del factor erosión de los suelos para la región en sí. La riqueza de la biodiversidad de los suelos que se destruye con estas sustancias es un ámbito poco estudiado, así como la proliferación de ciertas plagas debido al desequilibrio que crea la aplicación periódica de estos componentes químicos en el país, entre muchos otros. Los niveles de precipitación y la escorrentía aumentan siginificativamente la dispersión de estas sustancias en los cuerpos de agua superficiales cercanos, mientras que la absorción de los suelos impacta a mediano plazo las aguas subterráneas.
En otras palabras, la producción de la piña tiende a provocar daños que rebasan los límites de las fincas en las que se produce. Este costo es asumido por el Estado costarricense, sin que el sector productivo haya propuesto nunca compensar esta larga cadena de daños (que a la fecha no se han estudiado debidamente, ni mucho menos cuantificado). La economía ambiental moderna posee instrumentos para determinar el costo exacto de los impactos causados por este monocultivo, y extraña que sus especialistas no hayan visto en la piña de exportación MD2 un terreno fértil para aplicarlos.
Cadena de daños ante una expansión insensata del cultivo de la piña
A los problemas causados por la contaminación de los cuerpos de agua, la destrucción de los bosques, de la biodiversidad y de la riqueza biológica de los suelos, la contaminación del aire que se respira y que deriva en problemas para las comunidades aledañas, el aumento del factor erosión que produce la piña (con la consecuente sedimentación de los ríos y quebradas cercanos), el desplazamiento de los pequeños agricultores que cultivan granos y hortalizas, se añade otro problema que afecta gravemente a quienes deben convivir con muchas piñeras: el mal manejo de los rastrojos de la piña causa la proliferación de una mosca, la conocida como de establo, afectando directamente a los ganaderos costarricenses (véase nota del Semanario Universidad del 2012). Nótese que un Boletín de Parasitología del Ministerio de Agricultura (MAG) advertía del riesgo de proliferación de esta mosca con relación a la piña: su fecha de edición es del año 2003.
En una nota del 2016 de la Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA), se menciona un proyecto con material nuclear para intentar erradicar esta plaga en Costa Rica, cuyo alcance no ha trascendido mayormente en medios de prensa nacionales (véase nota en inglés de la AIEA).
Según datos de la UNCTAD (véase informe), el mercado mundial de la piña se reparte (cifras al 2014) de la siguiente manera, en la que destaca la posición privilegiada de Costa Rica (las cifras corresponden a las toneladas de piña exportada, extraídas de la tabla 3. «Top ten fresh pineapple exporter countries, tonnes, 2014», p. 13):
- Costa Rica: 2 126 929
- Philippines: 461 856
- Panama: 67 038
- Ecuador: 57 380
- Honduras: 51 258
- Mexico 41 271
- Côte d’Ivoire: 33 976
- Ghana: 33 175
- Guatemala: 25 091
- Malaysia: 23 585.
En 2009, un interesante artículo publicado en El Financiero, titulado «Insensatez piñera. Miopía empresarial y estatal abonaron graves secuelas» ya advertía del aumento vertiginoso de la piña constatado a partir del 2007.
Para el 2016, la piña generó a Costa Rica más de 900 millones de US$, contra 822 millones registrados anteriormente, con cuatro transnacionales al frente que controlan gran parte de la producción (véase nota de prensa). La adquisición y compra de empresas nacionales por parte de transnacionales de la piña se inició en 2008 (véase nota sobre adquisición de 3000 hectáreas de piña), y se ha mantenido desde entonces. En este número especial de la Revista Ambientico (UNA) del 2008 se lee que:
«Según estudios del mismo CNP, hay cerca de 1200 pequeños productores dedicados a la piña, produciendo alrededor del cuatro por ciento del total, que oscila entre 7 y 10 millones de toneladas métricas por año. El resto lo producen las grandes compañías, o sea, la riqueza generada por la piña queda mal distribuida» (p.3)
Con relación a los empleos generados por la actividad piñera en Costa Rica, presentados por el sector productivo y por las autoridades como una justificación incuestionable para expandir la producción, en 2016, la ONG Oxfam implementó una campaña en Europa contra la comercialización de la piña de Costa Rica por las cadenas de supermercados alemanes con base en un informe que detalla la condiciones inhumanas que prevalecen («inhumane conditions which prevail») en las plantaciones de piña (véase informe en inglés titulado «Sweet fruit, bitter truth»).
Este informe ha generado algunas dudas en Costa Rica, que no han provocado mayor reacción por parte de las entidades a cargo del tema laboral (su poca divulgación en medios de prensa nacionales puede explicarlo en parte).
De manera a ir paulatinamente aclarando el panorama, sería de cierto interés conocer cuántos de los «miles» de trabajadores (que según sus promotores, genera la actividad piñera) están debidamente registrados en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Las comillas usadas se refieren a la ausencia de datos duros: en 2009, mientras CANAPEP refería a 23 000 puestos de trabajo, las autoridades de Comercio Exterior informaban de 7000. Nos permitimos hacer ver esta notable discordancia numérica en su momento, sin causar aclaración o rectificación alguna por parte de alguna entidad (véase nota de El Financiero).
En 2011 se pudo leer en este reportaje del Semanario Universidad sobre las condiciones laborales en algunas piñeras que: «Matándome puedo sacar ¢90.000 por quincena». De la entrevista a la misma operaria se indica que: «Ella también ha sido testigo de cómo se contrata a inmigrantes nicaragüenses sin documentos, a quienes en ocasiones se les pagan salarios mucho menores al mínimo y los mantienen con la amenaza de llamar a Migración, para que los devuelva a su país».
Ante esa realidad, escasamente divulgada en medios de prensa masivos, el discurso oficial se ha mantenido desde 2006 sin mayor variación con relación a los beneficios de la piña para Costa Rica. Pese a un gabinete que asumió en mayo de 2014 varios compromisos con el sector ecologista, y que se compone en parte por exprofesores universitarios de la UCR, los cambios en el discurso son imperceptibles cuando de piña se trata. En 2016 se leyó, por parte del actual titular de la cartera ministerial en materia agrícola en Costa Rica, que:
«se trata de una actividad que “trae grandes beneficios al país como generación de divisas y de empleos de calidad” (sic.)
En marzo del 2017, al informarse del cese del Embajador de Costa Rica en China (véase nota de CRHoy), se leyó en esa misma nota, por parte del actual Presidente de Costa Rica, una frase que posiblemente haya causado el entusiasmo del sector agroexportador y el estupor de círculos sociales y académicos costarricenses:
“Esperar que las relaciones con esa gran potencia se mantengan y fortalezcan, que son muy buenas. Si logramos generar con China el tipo de acuerdos como el de la exportación de piña, vamos a ir muy bien” (sic).
A modo de conclusión
Los errores cometidos con la MD-2 en la región de Siquirres no parecieran haber dado lugar a rectificaciones por parte de las autoridades. El acueducto de Veracruz en Pital de San Carlos así lo confirma en 2016, con seis de siete nacientes contaminadas (véase nota de La Nación). Ante la ausencia de zonificación para prohibir la expansión de la piña en zonas vulnerables en Costa Rica, ¿cuántas fuentes de agua para consumo humano contaminadas siguen abasteciendo a pobladores en ausencia de un monitoreo permanente? Esta pregunta (y muchas otras) es válida ante la poca capacidad del Estado para proceder a estudios fisico-químicos periódicamente del agua declarada potable (mucha de esta agua es declarada potable con un análisis bacteriológico únicamente, efectuado por el operador, sea este local -Asada- o cantonal -Municipalidad- ).
Los organizadores del foro realizado en el auditorio de la Escuela de Salud Pública de la UCR invitaron a representantes de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP), del Sistema Nacional de Areas de Conservarción (SINAC) y del Ministerio de Ambiente (MINAE), quiénes optaron por declinar enviar a un expositor. En ocasiones anteriores esta ausencia fue la tónica: a modo de ejemplo entre muchos, esta nota refiere a un foro organizado por la UCR para analizar la situación de un humedal como Caño Negro, declarado de importancia mundial; esta otra nota a un foro sobre el agua en Siquirres en el que las autoridades de salud rehuyeron también el debate. En 2013, un funcionario del MAG consideró oportuno retirarse abruptamente de un foro sobre la piña convocado por el Tribunal Latinoamericano del Agua (TRAGUA) (véase artículo titulado «Costa Rica: Funcionario de Agricultura huyó de Foro sobre efectos negativos del cultivo de piña» disponible aquí).
En un artículo publicado en Pagina Abierta (DiarioExtra) y en el sitio de Hablando Claro (Radio Columbia) el día 24 de octubre, titulado «Candidatos y ambiente: ¿Cuándo se va a hablar en serio?», su autor, el doctor Allan Astorga, ex Secretario General de la SETENA y especialista en evaluación ambiental escribe (véase texto completo del artículo):
«El censo agropecuario del 2015 del MAG indicando la existencia de 37 200 hectáreas de piña debe contraponerse a un estudio reciente con fotos satelitales en las que ascienden a más de 58 000: una diferencia que hace ver el poco control y fiscalización del Estado, y el alcance de un monocultivo implantado con fuerza a partir del 2007 y que debe ser considerado como una verdadera vergüenza social y ambiental».
