El Gobierno de Donald Trump aplica el embargo contra Cuba con mayor rigor que nunca, sin importar el impacto en las condiciones de vida de la población, ni la condena expresada nuevamente este jueves 7 de noviembre de 2019 en Naciones Unidas, informa Patricia Grogg[1] (IPS) desde La Habana.
Una resolución presentada por el gobierno de La Habana a favor de parar del embargo comercial, económico y financiero de casi seis décadas fue aprobada ese jueves 7 por la Asamblea General de la ONU por 187 votos a favor, tres en contra (Estados Unidos, Israel y Brasil) y dos abstenciones (Colombia y Ucrania).
Esta es la vigésimo octava ocasión que Cuba presenta esta moción contra el embargo de Washington, que desde hace años recibe el reiterado y contundente respaldo de la comunidad internacional.
Pero es también la primera vez que un país latinoamericano, Brasil, se pronuncia a favor del embargo, fruto de la presidencia del ultraderechista Jair Bolsonaro, y que un segundo, Colombia, también gobernado por un derechista, Ivan Duque, se abstiene, rompiéndose así la tradicional unanimidad regional contra el embargo dentro de la ONU.
La resolución «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba» alerta que el embargo frena en la nación caribeña el logro de la Agenda 2030 de la ONU y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre otras muchas consecuencias.
Desde abril de 2018 hasta marzo de 2019 las prohibiciones y sanciones estadounidenses causaron a Cuba pérdidas por 4343,6 millones de dólares. Por exceder el cierre del periodo analizado, el documento no refleja el daño producido por medidas aplicadas en los últimos meses, como aquellas destinadas a impedir el traslado de petróleo importado a Cuba.
Esa maniobra de Washington provocó a partir de septiembre un déficit energético cuyas secuelas aún se dejan sentir en el país y estuvo acompañada de medidas para impedir el acceso de ingresos en divisa a La Habana y la cancelación de permisos de viaje a la isla caribeña en barcos de recreo y de pasajeros, incluidos los cruceros.
El recrudecimiento del embargo aumenta las dificultades de la frágil economía cubana e impacta en el diario vivir de la población de 11,2 millones. Como mal regalo navideño, la familia cubana residente en Cuba y Estados Unidos tendrá además problemas este año para reunirse y celebrar juntas las tradicionales fiestas de fin de año.
Este 10 de diciembre entra en vigor una disposición del gobierno de Trump de suspender todos los vuelos comerciales desde Estados Unidos hacia nueve de diez terminales aeroportuarias de la isla. Solo el aeropuerto de La Habana podrá recibir aeronaves de compañías como American Airlines y JetBlue.
«Son malas noticias, que indican que todo se puede complicar al punto que se eliminen los vuelos de cualquier tipo y haya que ir por un tercer país a Cuba», dijo a IPS vía correo electrónico la emigrada Teresa Castillo, quien no usaba las rutas a otras ciudades, pero conoce a varias personas afectadas por la medida.
A su vez, Amelia Bruzón, también residente en el país norteamericano, afirmó que «los cubanoamericanos» respondieron a las medidas con puntos de vista a favor y en contra. En su opinión, Trump sigue teniendo apoyo y podría ser reelecto en 2020. «Yo quiero un cambio en Cuba para que todos puedan disfrutar de lo que tenemos acá», comentó.
Días antes de notificar la cancelación de vuelos estadounidenses, Washington anunció sanciones para compañías que alquilen a Cubana de Aviación aeronaves con componentes estadounidenses. La aerolínea cubana debió suspender sus vuelos a cerca de una decena de ciudades con perjuicio para 40 000 pasajeros y daños por unos diez millones de dólares.
Para analistas cubanos, resulta evidente la intención de agravar las dificultades de la economía cubana, por la concentración de los ataques en direcciones particularmente sensibles: el turismo y las relaciones bancario financieras con el mundo y el sostén energético de la nación.
La política estadounidense es negativa para el desarrollo del país, pero también para la reunificación y las comunicaciones familiares. En otra de sus medidas de castigo de este año, la actual administración decidió limitar a 1000 dólares trimestrales las remesas familiares a la nación caribeña.
En Estados Unidos viven más de dos millones de emigrados nacidos en Cuba y sus descendientes. Tres días antes de la votación en la ONU, Trump prohibió financiar el intercambio educativo y cultural con funcionarios y entidades estatales de Cuba, Rusia, Siria y Corea del Norte.
En declaraciones a IPS desde la ciudad estadounidense de Saint Peter, Arturo López-Levy, profesor asistente de Relaciones Internacionales en el Gustavus Adolphus College, del estado de Minnesota, consideró «particularmente contraproducentes» estas medidas que reducen el contacto entre cubanos que viven en Cuba y en la diáspora.
El estudioso percibe «el alineamiento de una parte importante de la comunidad cubano-americana, incluyendo jóvenes procedentes de las últimas oleadas migratorias, con una política norteamericana que busca el derrocamiento del gobierno cubano a partir de hacer insoportable la vida cotidiana de la mayoría de los cubanos en la isla».
En su opinión, se trata de una postura no solo adversa al gobierno cubano, sino contra la idea de diálogo y la reconciliación, que es resultado de «una campaña de desinformación en la que se han demonizado» inclusive las opciones moderadas antiembargo o bloqueo, como se le llama en Cuba.
De las doce administraciones estadounidenses que han lidiado con Cuba a partir de 1959, solo Barack Obama (2009-2017) reconoció públicamente el fracaso del embargo y defendió el acercamiento. En 2016 su gobierno rompió la tradición del voto en contra en la ONU y se abstuvo en su decisión ante la moción cubana.
Obama flexibilizó determinados aspectos en la aplicación del cerco extraterritorial, pero la decisión de eliminar el entramado de leyes que regulan el embargo está en manos del Congreso estadounidense desde la aprobación en 1996 de la Ley Helms Burton por el presidente Bill Clinton (1993-2001).
Washington activó en mayo el título III de la Helms Burton, que permite las demandas en tribunales estadounidenses contra empresas de cualquier país que se benefician de propiedades nacionalizadas tras la Revolución de 1959. Hasta ahora se habrían cursado unas veinte demandas, según medios internacionales de prensa.
Ante el riesgo de verse afectado por esa disposición estadounidense, el sector empresarial de España representado en Cuba por unas 300 compañías espera que su presencia en Cuba reciba un fuerte respaldo del rey Felipe VI, durante su visita a Cuba prevista del 11 al 14 de noviembre.
Durante su paso por La Habana el 16 octubre, el ministro de Asuntos Exteriores español en funciones, Josep Borrell, quien en breve asumirá como alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), aseguró que todo el bloque trabajará para obstaculizar esa aplicación extraterritorial de la Helms la Burton.
- Edición: Estrella Gutiérrez
