A propuesta de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, el consejo de ministros ha acordado establecer el día 3 de mayo como el día Nacional de la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.
Esta celebración supone conmemorar y reconocer la importancia de este instrumento normativo internacional que ha supuesto un cambio a la hora de abordar la discapacidad, según cita el ejecutivo. Esta convención así como su protocolo facultativo fueron aprobados en 2006 por la Asamblea General de la ONU y fue ratificado en España en 2007 hasta que entró en vigor en 2008.
La consideración del ordenamiento jurídico en materia de discapacidad supone que las personas con discapacidad son titulares de derechos y el estado está obligado a garantizar que el ejercicio de los mismos sea pleno y efectivo. La visibilidad de la discapacidad, la asunción de la discapacidad en torno a los derechos humanos así como el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, supone que se garantice la igualdad y se promueva la cultura, el conocimiento de los valores y principios promovidos en la Convención.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), considera que contar con un día dedicado a tal efecto ayudará a que este tratado trascendental sea conocido, asimilado y aplicado por todas las instancias obligadas e invocado asimismo, así como reclamado por las personas con discapacidad para la protección efectiva de sus derechos en palabras de su presidente, Luis Cayo Pérez-Bueno.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD, por su siglas en inglés) supervisada por el Comité de Expertos de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, es un instrumento internacional de derechos humanos de las Naciones Unidas o Derecho internacional de los derechos humanos destinadas a proteger estos y la dignidad de las personas con discapacidad. Partes en la Convención tienen la obligación de promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad y garantizar que gocen de plena igualdad ante la ley.
El texto fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 en su Sede en Nueva York, y quedaró abierto a la firma el 30 de marzo de 2007. Tras su aprobación por la Asamblea General, la Convención fue abierta a los 192 Estados Miembros para su ratificación y aplicación y fue ratificada por 20 países, por lo que entró en vigor el 3 de mayo de 2008. La convención cuenta con 161 signatarios, 92 signatarios del Protocolo Facultativo, 177 ratificaciones de la Convención y 92 ratificaciones del Protocolo. Se trata del primer instrumento amplio de derechos humanos del siglo XXI y la primera convención de derechos humanos que se abre a la firma de las organizaciones regionales de integración.
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