En las últimas semanas, dado el alto grado de importancia que reviste para el país la designación de profesionales probos y capaces a las Cortes, el tema ha estado en agenda nacional con prioridad, en medio de los numerosos y graves problemas que nos tienen abrumadas (os) y que cada día se complican más.
Una gran polémica ha causado la actividad de las Comisiones de Postulación que han recibido críticas severas, acusaciones, señalamientos y hasta ataques desde diferentes flancos, algunos interesados, otros amañados y unos más que han estado fundamentados y que buscan con sinceridad que quienes resulten electos por el Congreso no vengan a agravar la situación de por sí muy lamentable en que se encuentra el Sistema de Justicia.
Es vergonzoso para los profesionales del Derecho, sea cual fuera la función que desempeñan, escuchar los comentarios y acusaciones que se hacen en contra de un gremio que una vez fuera respetado por su honorabilidad y profesionalismo; hoy cualquiera se refiere a los y las abogadas con recelo. Esto es más delicado cuando se trata de las y los responsables de impartir justicia, que deberían contar con la absoluta confianza y reconocimiento de la sociedad. Sin embargo, hay una gran mancha que persigue a jueces y magistrados, incluyendo a los de la Corte Suprema de Justicia, por conductas inadecuadas de algunas (os). No reconocerlo nos conduce irremediablemente a mantener este estado de cosas.
El respeto y la credibilidad se ganan, no se imponen. La función judicial requiere de conocimientos, preparación, talento y capacidad, pero sobre todo de dignidad, honorabilidad, decencia y decoro. ¿Cómo puede alguien ser juez si está señalado de hechos cuestionables?
Por eso es que las críticas que buscan que se elija a las personas idóneas en los cargos son legítimas y dignas de ser respaldadas, siempre y cuando obedezcan a esos intereses supremos y no a agendas ocultas, igualmente despreciables.
Los sectores sociales que se han especializado en la observación al sistema han dicho de todo, han opinado, posicionaron sus puntos y algunos hasta han insultado, pero de ellos no hemos escuchado nada en relación con la necesidad de la equidad en la asignación de los cargos.
La Convergencia Ciudadana de Mujeres, la Asociación Política de Mujeres Mayas (Moloj) y Alas de Mariposa, todas externaron su preocupación por la tradición que ha marcado al sistema, en donde en los últimos 15 años solo ha habido dos magistradas en la Corte Suprema de Justicia y en el último período, solo una mujer ocupó ese alto cargo.
Ninguna abogada indígena ha sido considerada para esos puestos. En las Cortes de Apelaciones el 31 % son mujeres y el 69 % hombres. Estas estadísticas evidencian una violación a la Constitución Política que contempla la igualdad y participación, así como a Convenciones y Pactos Internacionales y Regionales de Derechos Humanos y con la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU que llama a todos los países a incluir una mayor representación de las mujeres en todos los niveles de decisión. Diputadas (os) no le pongan otra mancha al tigre.
